Cuando el silencio se impone, el poder se fortalece y
la democracia se desangra; hoy lunes hay vista en el Tribunal Federal en el
caso donde el gobierno busca censurar a la prensa
Hoy
lunes 27 de octubre, en el
Tribunal Federal del Viejo San Juan se verá una vista oral de un caso crucial
que combate la censura a la prensa: Rodríguez-Cotto
v. Puerto Rico. La vista será ante los jueces Gustavo Gelpí,
David Hamilton y Seth Aframe del Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito,
en un caso donde el gobierno busca revertir la decisión de un juez federal que
declaró inconstitucional una ley que criminalizaba la difusión de "alarmas
falsas" durante emergencias, como la pandemia de COVID-19.
La ley otorgaba al
gobierno un poder excesivo para decidir qué información ellos catalogan como
"falsa" o alarmista, abriendo la puerta a abusos y represión de voces
críticas. Esto va a la médula del periodismo libre porque violenta la Primera Enmienda
de la Constitución de los Estados Unidos.
La ley fue impugnada en
2020 en el caso Rodríguez-Cotto v. Puerto Rico por los periodistas Rafelli González y esta servidora, Sandra
Rodríguez Cotto, representados por el American Civil
Liberties Union (ACLU), y aunque fue declarada inconstitucional en 2023,
el gobierno sigue apelando.
El peligro potencial que representa esta ley en la libertad de prensa hizo que entidades internacionales como Reporters Committee for Freedom of the Press y Electronic Frontier Foundation presentaran amicus curiae en apoyo de los periodistas, al advertir que si el Gobierno prevalece, podría abrirse la puerta a la criminalización del discurso durante crisis públicas. También tuvo respaldo de otras entidades periodísticas
globales como Committee to Protect Journalists, Fundamedios y todos los gremios
locales.
Esta fue la última ley
firmada por Ricardo Rosselló antes de su renuncia forzada en 2019, y desde
entonces, todos los gobernantes posteriores – Wanda Vázquez,
Pedro Pierluisi y Jennifer González – han intentado mantenerla viva, consolidando una afrenta directa a la
libertad de expresión y prensa.
Pero esta medida no es el único caso. A principios de
este mes, el Senado de Puerto Rico aprobó un proyecto de ley que introduce
nuevas restricciones a la Ley 141-2019, conocida como la Ley de Transparencia y
Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública. Esta medida ha
sido rechazada
por organizaciones de periodistas, líderes comunitarios y medios de
comunicación, quienes argumentan que limita el acceso a la información y
fortalece el control gubernamental sobre los datos públicos.
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