Serios conflictos del nuevo Defensor de las Personas con Impedimento

 Forma parte de una avalancha de demandas contra pequeños y medianos comerciantes alegando que violan la ley federal ADA

Un aparente conflicto de interés se cierne sobre la figura del nuevo designado Defensor de las Personas con Impedimentos, David Figueroa Betancourt, y que involucra a abogados que se han dedicado a demandar a comerciantes, negocios, oficinas médicas y hasta al propio Gobierno de Puerto Rico, argumentando violaciones la ley federal ADA. ADA es el acrónimo de American With Disabilities Act o Ley federal de personas con Impedimentos.

Es decir, el Dr. Figueroa Betancourt, representado por abogado privado, demandan, y ahora como Defensor (que equivale al puesto de Procurador) tiene facultad para formular reglamentos, órdenes administrativas, imponer multas, querellas, manejo de información confidencial, entre otros. Como si eso fuera poco, el nuevo Defensor está siendo asesorado por el mismo abogado de varios de los demandantes. 

La alegación de comerciantes y médicos afectados que conversaron con EN BLANCO Y NEGRO, así como el tracto de documentos e información pública que consta en el Poder Judicial, y otras evidencias en poder de este medio, apuntan a que hay cosas raras pasando.

Esta situación no es nueva. Lleva ya varios años involucrando a los mismos personajes. El ahora Defensor Figueroa Betancourt se ha dedicado a radicar demandas contra pequeños y medianos comerciantes que tienen restaurantes, negocios y hasta al propio Gobierno de Puerto Rico, alegando que no tienen acceso o que se incumple con la ley ADA. 

Muchas de las demandas las radicaba anteriormente Faustino Betancourt Colón, quien, según los datos obtenidos, falleció hace poco.

Uno de los abogados que ha representado a estos demandantes en decenas de casos es el Lcdo. José Carlos Vélez Colón, con oficinas en el estado de Carolina del Norte, Estados Unidos. Vélez Colón también figura ahora como asesor del Defensor en su equipo de transición. Es decir, es abogado en pleitos activos y asesor del ente que podría tomar decisiones legales. 

El defensor Figueroa Betancourt no contestó llamadas. En su oficina no suelen contestar el teléfono o se tarda.

RADICAN DEMANDAS

La ley federal ADA establece una causa de acción para solicitar al tribunal que se ordene a persona jurídica o natural, que la cumpla. Sin embargo, esta causa de acción no permite que se reclamen daños y perjuicios por incumplimiento de esta ley, pero sí permite pago de hasta $10,000 en honorarios de abogados.

Según varios comerciantes perjudicados, entienden que las demandas presentadas han sido de manera sistemática, con intereses particulares y los han tomado por sorpresa. Varios comerciantes han recibido carta del bufete de abogados de Vélez Colón, reclamando que están violando la ley ADA y sus implicaciones. 

En muchas ocasiones los comerciantes han tenido que incurrir en gastos inesperados para contratar un abogado que los represente en el procedimiento, más el pago de honorarios de abogados a través de la ley ADA.

Aunque no hay cifras precisas, se puede llegar a una conclusión de cuan lucrativos es este operativo. Si se radicaran, digamos 300 demandas y éstas se transan por el pago de $10,000, que pone de tope la ley ADA, esto representa cifras millonarias de sobre tres millones para los abogados.  

¿El Defensor nombrado se beneficia de esto? Es una se nuestras preguntas, ya que, de una búsqueda en la página de los Tribunales, surgen decenas de casos activos. La información sobre las decenas de demandas aparece publicada en la sección de Consulta de Casos en la página web del Poder Judicial de Puerto Rico.

Figueroa Betancourt no es Defensor en propiedad porque todavía no ha sido evaluado, ni confirmado por el Senado de Puerto Rico. La Gobernadora Jennifer González Colón lo nombró el pasado 11 de julio de 2025, estando en receso la Asamblea Legislativa. Esto significa que el funcionario entró en las funciones plenas del cargo, hasta que sea confirmado en la actual sesión legislativa que inició labores el 11 de agosto de 2025. 

LEY ADA PR EN FACEBOOK

Por otro lado, también varios situaciones relacionadas se comentan a través de la red social de Facebook, en la página “Ley ADA Puerto Rico”. En la misma dan información y denuncian lugares donde ocurren violaciones de ley contra personas con impedimentos. 

Al hacer una evaluación se nota que la página la manejan desde Colombia y desde North Carolina lugares donde aparenta que el abogado José Carlos Vélez tiene oficinas. No se logró contactarlo para su versión.

Vélez Colón, ha sido el representante legal de varios demandantes, incluyendo al actual Defensor David Figueroa Betancourt, en decenas de demandas contra comercios alegando violaciones a la ley Ada y ahora el abogado que está demandando a los empresarios también es asesor del Defensor. De la página del Poder Judicial surge que aún tienen casos activos ante los tribunales. 

Este evidente conflicto plantea una serie de interrogantes que ni el nominado ni el abogado responden, Por ejemplo: ¿Dónde queda la figura del actual Defensor o Procurador de personas con impedimento que no ha sido nombrado ni confirmado todavía en su puesto? ¿Puede el procurador seguir participando en estas demandas contra empresas y negocios pequeños negocios? ¿Hay conflicto al tener de asesor al abogado que radica estas demandas? ¿Se está exponiendo la información confidencial y utilizando para otros fines ajenos a la política pública? 

CASOS ANTERIORES

Hace unos meses el doctor Javier Márquez, médico con oficina en la calle Peral de Mayagüez, se expresó en la red de Facebook y no sólo le radicaron una reclamación, sino que enfrenta una demanda por varias causas de acción. 

 

Médico demandado en Mayaguez Ley ADA

En el 2019 se radicó un pleito contra el Municipio de San Juan por el deterioro y descuido de las rampas para impedidos en las aceras de la ciudad capital, incumpliendo con la ley ADA. La demanda fue contra la entonces alcaldesa Carmen “Yulín” Cruz, pero era la misma que se incoó contra el exalcalde Jorge Santini.

Y mientras todo esto sucede los servicios a las personas con impedimento no se están protegiendo y están expuestos a conflictos de intereses insalvables.

Todos estos datos deben ser parte del expediente en el proceso de evaluación de la confirmación del nuevo Defensor. Su nombramiento, como pasa con el Contralor de Puerto Rico, es a un término de diez (10) años.