No sólo tiene de
asesor al abogado con el que demanda al gobierno y a comerciantes, sino que contrató
abogada colombiana sin licencia para ejercer la profesión legal en PUERTO RICO
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Defensor de las Personas con Impedimentos (DPI), David Figueroa Betancourt,
Aumentan los conflictos por ser juez y parte. El nominado Defensor de las Personas con Impedimentos (DPI), David Figueroa Betancourt, continúa creando graves conflictos de intereses en la agencia que dirige, y también para el gobierno de Puerto Rico de Jennifer González, sin él aún ser confirmado en el puesto.
No sólo tiene como asesor al abogado José Carlos Vélez, -[con el que lleva años radicando una avalancha de cuestionables demandas a agencias del gobierno, municipios y pequeños comerciantes, argumentando que violan la ley federal American With Dissabilities Act (ADA)]-, sino que ahora también contrató a una señora colombiana, que no tiene licencia para practicar la abogacía en Puerto Rico, para que asesore en administración al DPI.
Según surge del propio contrato publicado en el portal del DPI, se trata de Sandra Milena Velandia, de la empresa Neovision LLC. Según el tracto documental aparece que firmó un contrato como “consultora operacional” del DPI.
El contrato establece que es por $25,000, por un año, vigente del 7 de agosto de 2025 al 30 de junio de 2026, a razón de $100 por hora. Llama la atención que según los registros del Departamento de Estado, la corporación Neovisión LLC se registró oficialmente 15 días antes de ser contratada por el DPI. PULSE PARA VER EL CONTRATO
El perfil profesional de Velandia levanta serios cuestionamientos porque dice que es experta en “eficiencia operacional” y lo interesante es que funge como Directora de Operaciones del bufete de abogados Velez Law Group. Esta firma legal es precisamente la oficina del abogado Vélez, asesor del Comité de Transición del Defensor Figueroa Betancourt y quien, a su vez, radica las demandas bajo la ley ADA.
Esto significa que el Defensor Figueroa Betancourt fungirá como juez o ente nominador en los casos que personas con impedimentos radiquen ante sí, incluyendo los que someta su asesor, el abogado Vélez.
Plantea también que tanto Vélez, como la directora de Operaciones de su bufete, Velandia, tendrán acceso a casos ante el DPI y a información privilegiada de personas que buscan servicios. Esto, mientras el bufete continúa demandando al gobierno. La Oficina de Ética Gubernamental ni la Oficina del Inspector General no se han expresado.
En los documentos se estipula que Velandia fungirá como coordinadora principal de consultoría sin prestar servicios legales ya que ella no está admitida para practicar el derecho en Puerto Rico. Establece que esos servicios se contratarán por separado.
Figueroa Betancourt no
ha dado explicaciones públicas de estos conflictos. Ni él ni Vélez contestan
peticiones de entrevistas de En Blanco y Negro con Sandra.
El jueves pasado, la
delegación de Partido Popular Democrático en el Senado liderada por el
portavoz, Luis Javier Hernández Ortiz y la senadora por el distrito de Ponce,
Marially González Huertas, le pidieron a la gobernadora Jennifer González que
retire nombramiento.
“Hoy levantamos bandera
de otro caso con un historial cuestionable, se trata del nuevo designado
Defensor de las Personas con Impedimentos (DPI), David Figueroa Betancourt,
pues hay un aparente conflicto de interés en sus gestiones previas. Figueroa
tiene o tuvo relaciones profesionales con abogados que se dedican a demandar
negocios, oficinas médicas y hasta entidades del gobierno del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico”, señaló el portavoz PPD en el Senado.
El puesto que ocupa al
Defensor de Personas con Impedimento, antes conocido como Procurador, es por un
término de 10 años.
Los conflictos surgen
porque ha sido parte de un grupo de personas que se dedica a demandar a
comercios, médicos, alcaldías y oficinas de gobierno argumentando violaciones
la ley federal ADA. ADA es el acrónimo de American With Disabilities Act o Ley
federal de personas con Impedimentos.
En las demandas de Figueroa Betancourt, se
argumentan violaciones la ley federal que protege a las personas con
Impedimentos, (ley ADA). En concreto, Figueroa Betancourt (representado por
abogado privado), demanda al gobierno y ahora como líder de la Defensoría de
las Personas con Impedimentos (DPI), tiene facultad legal para generar imponer
multas, atender querellas, y manejo de información confidencial.
“Quien ahora dirige la DPI,
consistentemente se ha dedicado a radicar demandas contra pequeños comerciantes
que tienen restaurantes, negocios y hasta al gobierno, alegando que incumplen
con la ley ADA”, añadió González Huertas.
De acuerdo con informes públicos del portal
del Poder Judicial de Puerto Rico (ver Consulta
de Casos), Figueroa Betancourt ha instado demandas incluso contra Municipios y
entidades públicas, tales como el Municipio de Santa Isabel; la Autoridad de
Edificios Públicos; la Junta de Planificación, e incluso contra la propia
Defensoría de las Personas con Impedimentos.
Varios comerciantes, médicos y dueños de
restaurantes le han expresado a este medio su preocupación a este medio por las
demandas que radica el ahora Defensor. En el poblado de Boquerón, en Cabo Rojo,
se sabe que radicó más de 60 demandas, al igual que contra reconocidos negocios
en toda la isla. Aunque los casos se transan, representan muchas pérdidas para
los pequeños y medianos comerciantes, que en ocasiones, sí cumplían con la ley.
Este medio supo, por voz de varios
comerciantes, que la proliferación de demandas provocó que en el Tribunal de
Mayagüez se impusieran sanciones a los abogados. A nivel federal la jueza
consuelo Vargas de cerezo en un momento también cuestionó a los abogados y
entonces comenzaron a radicar en cortes municipales.
La ley federal ADA establece una causa de
acción para solicitar al tribunal que se ordene a persona jurídica o natural,
que la cumpla. Sin embargo, esta causa de acción no permite que se reclamen
daños y perjuicios por incumplimiento de esta ley, pero sí permite pago de
hasta $10,000 en honorarios de abogados.
Según los comerciantes perjudicados,
entienden que las demandas presentadas han sido de manera sistemática, con
intereses particulares y los han tomado por sorpresa. Varios comerciantes han
recibido carta del bufete de abogados de Vélez Colón, reclamando que están
violando la ley ADA y sus implicaciones.
En muchas ocasiones los comerciantes han
tenido que incurrir en gastos inesperados para contratar un abogado que los
represente en el procedimiento, más el pago de honorarios de abogados a través
de la ley ADA.
Aunque no hay cifras precisas, se puede
llegar a una conclusión de cuan lucrativos es este operativo. Si se radicaran,
digamos 300 demandas y éstas se transan por el pago de $10,000, que pone de
tope la ley ADA, esto representa cifras millonarias de sobre tres millones para
los abogados.
Ante todos estos señalamientos, la
delegación del PPD solicitó el retiro del nombramiento de Figueroa Betancourt
al tiempo que señaló que el funcionario, por haber sido designado en receso ya
se encuentra en funciones.
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