Delegación PPD en el Senado confirma conflictos éticos del nominado a Defensor de Personas con Impedimento

Los senadores del Partido Popular Democrático piden a la gobernadora que retire nombramiento; Confirman investigación de En Blanco y Negro por avalancha de demandas

Senadores del PPD Marially González Huertas y Luis Javier Hernández. 

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La delegación del Partido Popular Democrático en el Senado, liderada por el portavoz, Luis Javier Hernández Ortiz y la senadora por el distrito de Ponce, Marially González Huertas, le pidieron hoy a la Gobernadora Jennifer González que retire el nombramiento del Defensor de las Personas con Impedimento ante los graves conflictos de interés que tiene.

Los problemas con el nombramiento de David Figueroa Betancourt fueron revelados la semana pasada en una serie de reportajes publicados por escrito y en radio por EN BLANCO Y NEGRO CON SANDRA. Los conflictos surgen porque ha sido parte de un grupo de personas que se dedica a demandar a comercios, médicos, alcaldías y oficinas de gobierno argumentando violaciones la ley federal ADA. ADA es el acrónimo de American With Disabilities Act o Ley federal de personas con Impedimentos.

 

David Figueroa Betancourt nominado Defensor de Personas con Impedimento y parte de demandas contra empresas, comercios y gobierno

La avalancha de demandas, que transan por millones de dólares, han afectado personas en todo Puerto Rico. Uno de los abogados encargado de hacer las demandas es el Lcdo. José Carlos Vélez, quien figura ahora como miembro del Comité de Transición de Figueroa Betancourt. En ese comité de transición, que ha tenido información privilegiada de la agencia que se supone proteja a las personas con impedimentos, también figura el asesor de la Cámara de Representantes, extesorero de la campaña de la gobernadora y excontratista del Departamento de Educación, Oriol Campos.

Correo electrónico donde se corrobora Comité de Transición en el DPI

“Hoy levantamos bandera de otro caso con un historial cuestionable, se trata del nuevo designado Defensor de las Personas con Impedimentos (DPI), David Figueroa Betancourt, pues hay un aparente conflicto de interés en sus gestiones previas. Figueroa tiene o tuvo relaciones profesionales con abogados que se dedican a demandar negocios, oficinas médicas y hasta entidades del gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, señaló el portavoz PPD en el Senado.

El puesto que ocupa al Defensor de Personas con Impedimento, antes conocido como Procurador, es por un término de 10 años.

En entrevista con este medio el senador Hernández Ortiz expresó que la administración de Jenniffer González “volvió a fallar” con relación a la investigación previa de los antecedentes de los nominados para ocupar posiciones en el gobierno. Expresó que desde que entró este gobierno “se ha destacado por la designación de personas que no cumplen con los requisitos que exige la Constitución y la Ley”, y en otros casos, por personas con un historial altamente cuestionable.

En las demandas de Figueroa Betancourt, se argumentan violaciones la ley federal que protege a las personas con Impedimentos, (ley ADA). En concreto, Figueroa Betancourt (representado por abogado privado), demanda al gobierno y ahora como líder de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), tiene facultad legal para generar imponer multas, atender querellas, y manejo de información confidencial.

“Quien ahora dirige la DPI, consistentemente se ha dedicado a radicar demandas contra pequeños comerciantes que tienen restaurantes, negocios y hasta al gobierno, alegando que incumplen con la ley ADA”, añadió González Huertas. 

De acuerdo con informes públicos del portal del Poder Judicial de Puerto Rico (ver Consulta de Casos), Figueroa Betancourt ha instado demandas incluso contra Municipios y entidades públicas, tales como el Municipio de Santa Isabel; la Autoridad de Edificios Públicos; la Junta de Planificación, e incluso contra la propia Defensoría de las Personas con Impedimentos. 

Varios comerciantes, médicos y dueños de restaurantes le han expresado a este medio su preocupación a este medio por las demandas que radica el ahora Defensor. En el poblado de Boquerón, en Cabo Rojo, se sabe que radicó más de 60 demandas, al igual que contra reconocidos negocios en toda la isla. Aunque los casos se transan, representan muchas pérdidas para los pequeños y medianos comerciantes, que en ocasiones, sí cumplían con la ley.

Este medio supo, por voz de varios comerciantes, que la proliferación de demandas provocó que en el Tribunal de Mayagüez se impusieran sanciones a los abogados. A nivel federal la jueza consuelo Vargas de cerezo en un momento también cuestionó a los abogados y entonces comenzaron a radicar en cortes municipales.

La ley federal ADA establece una causa de acción para solicitar al tribunal que se ordene a persona jurídica o natural, que la cumpla. Sin embargo, esta causa de acción no permite que se reclamen daños y perjuicios por incumplimiento de esta ley, pero sí permite pago de hasta $10,000 en honorarios de abogados.

Según los comerciantes perjudicados, entienden que las demandas presentadas han sido de manera sistemática, con intereses particulares y los han tomado por sorpresa. Varios comerciantes han recibido carta del bufete de abogados de Vélez Colón, reclamando que están violando la ley ADA y sus implicaciones.

En muchas ocasiones los comerciantes han tenido que incurrir en gastos inesperados para contratar un abogado que los represente en el procedimiento, más el pago de honorarios de abogados a través de la ley ADA.

Aunque no hay cifras precisas, se puede llegar a una conclusión de cuan lucrativos es este operativo. Si se radicaran, digamos 300 demandas y éstas se transan por el pago de $10,000, que pone de tope la ley ADA, esto representa cifras millonarias de sobre tres millones para los abogados.

Ante todos estos señalamientos, la delegación del PPD solicitó el retiro del nombramiento de Figueroa Betancourt al tiempo que señaló que el funcionario, por haber sido designado en receso ya se encuentra en funciones. 

“Recordemos que la gobernadora Jennifer González Colón anunció el nombramiento de Figueroa Betancourt el pasado 11 de julio de 2025. Al estar en receso el Senado, esto significa que el funcionario ya está en las funciones plenas del cargo hace más de un mes. Esta es una situación altamente irregular y el país debe tener conocimiento de este caso”, sostuvo Hernández Ortiz.