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| Gobernador Ricardo Rosselló podría ser el primero en la historia del país en renunciar o en ser residenciado. |
Cuando anunció que borró
el chat de Telegram,
el gobernador Ricardo Rosselló admitió que destruyó la evidencia que podría ser
considerada para determinar las posibles violaciones de ley que contienen esas
conversaciones cibernéticas que mantuvo con su círculo íntimo de ayudantes.
En este momento hay una investigación en curso promovida
por el Departamento de Justicia para supuestamente identificar el alcance del
contenido del chat. Se supone que esa
investigación que anunció la fiscal Olga Castellón revele si se cometió delito,
si hubo conspiración, venta de influencias, difamación y si se benefició a
terceros al proveerles acceso a documentos e información privilegiada del gobierno.
La jefa de los fiscales Olga Castellón ordenó
a todos los integrantes del chat a que entregaran su celular ante la División Técnica.
En el sistema del servicio de mensajería
Telegram hay un mecanismo que permite que los mensajes se borren automáticamente,
pero Rosselló indicó a la prensa que él había borrado el contenido del chat. El
haber borrado el chat, constituye entonces destrucción de evidencia que ahora
se puede objetar ante un tribunal. Esta acción levanta una serie de
interrogantes que no se han explicado. Si Rosselló era el administrador del
chat y admite que lo borró, ¿se puede buscar la información que pide Castellón?
¿Es rescatable esa data de la memoria de los celulares? ¿Ocupó Castellón el
celular más importante, que es el del administrador, o sea, Rosselló? Ninguna
de esas interrogantes las ha contestado la fiscal.
Además, si Rosselló era el administrador del
chat, entonces sabía lo que contenía y si aun así lo borró o dejó que se
borrara, cometió un delito porque destruyó evidencia.
Por otra parte, los teléfonos son privados, no
del gobierno. En ese sentido, la petición de Castellón induce a error y viola
el derecho a la privacidad, que es considerado como un valor fundamental del
individuo en la Constitución de Puerto Rico. ¿Tiene el departamento de Justicia derecho a
buscar información sin una orden de un tribunal? Hacer esto equivale a un
registro y allanamiento de una propiedad privada sin haber pasado por el
escrutinio de un tribunal. ¿Cuál, entonces, es la intención real de Castellón y
qué busca realmente con la pesquisa? Rosselló dijo que no recordaba cuándo ni cómo
se había borrado el chat.
El miércoles, el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, entregó
su celular ante la División Técnica de Crímenes Cibernéticos de Justicia. Llerandi
y el exasesor legal del gobernador, Alfonso Orona, fueron citados a entregar
sus dispositivos móviles y contestar preguntas sobre el chat de 889 páginas en
el que Rosselló y allegados a su administración hacen comentarios despectivos,
sexistas, misóginos y homofóbicos.
En el chat de Telegram participaron además del gobernador el grupo que
él llama sus “brothers” que incluyen al secretario de la
gobernación, Ricardo Llerandi; el exsecretario de Estado, Luis Rivera Marín; el
exrepresentante ante la Junta de Control Fiscal (JCF), Christian Sobrino y el
exsecretario de Asuntos Públicos, Ramón Rosario. También participaron del
“chat” el exdirector de campaña de Rosselló Nevares, Elías Sánchez; el exasesor
en Asuntos Legales, Alfonso Orona; el exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado
y el presidente de la agencia publicitaria KOI, Edwin Miranda.
En el chat se
discutían temas de política pública y se intercambiaba información privilegiada
ante Sánchez Sifonte y Rosario Cortés. En una ocasión, Sobrino compartió en el
chat una opinión de los abogados del Gobierno “altamente confidencial” y sobre
el proceso presupuestario de la isla. Esto ocurrió frente a personas que no son
funcionarios públicos como lo son Bermúdez, Miranda, Cerame, Rosario y Sánchez
Sifonte.
Caso del chat de WhatsApp
El pedido de
información de Justicia plantea el mismo problema con el manejo de evidencia
que se ve en otro famoso caso que generó controversia para el gobierno, el chat
de WhastApp.
“Normalmente
cuando hay este tipo de información altamente tecnológica, que requiere la
autenticación de la evidencia, exige que la prueba o la evidencia siga un
patrón de control que pueda sostenerse en un proceso judicial. En el caso del
WhatsApp hay planteamientos de que en el manejo de esa evidencia no se siguieron
los parámetros que exigen la regla de evidencia”, expresó el licenciado José
Galarza.
Esta
situación podría culminar en que los casos se caigan por un tecnicismo legal. “Por lo tanto, esa solicitud de Justicia ahora
de que entreguen los celulares en el caso de Telegram es preocupante porque
Justicia no suele tener la capacidad técnica para el análisis de evidencia de
manera forense sin la ayuda o asistencia técnica de autoridades federales. Sabemos
que este tipo de casos siempre se atiende con ayuda de los federales en la investigación criminal.
No sabemos si eso ocurre ahora con el chat de Telegram
En ese otro
chat en WhatsApp hubo conversaciones de planificación política y comentaron
temas privados entre diferentes funcionarios. El caso provocó la salida del exsecretario
de la gobernación William Villafañe y la exsubsecretaria, Itza García. El único
procesado es el exjuez presidente del Comisión Estatal de Elecciones Rafael
Ramos Sáenz quien enfrenta un caso criminal por aprovechamiento ilícito.
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| Expresidente de la CEE, Rafael Ramos Sáenz (Foto NotiCel) |
A raíz de
ese escándalo con el WhatsApp, los funcionarios de la administración Rosselló
se movieron a usar la plataforma de mensajería Telegram para evitar filtraciones
de mensajes, ya que se autodestruyen. No obstante, siempre hubo una filtración
de esta investigación, lo que provocó indignación y en el pueblo y mantiene en jaque
la gobernación del mandatario.
Cronología del chat de Telegram
- 9 de julio - Noticel revela la existencia de un nuevo chat con información comprometedora para el gobierno. Esta vez no es en el servicio de mensajería WhatsApp, sino en Telegram.
- 11 de julio – En este blog En Blanco y Negro con Sandra publicamos en exclusiva páginas del chat de Telegram que revelaron ataques sexistas a mujeres, burlas a funcionarios, mofas a artistas, intervención con periodistas y palabras soeces hacia la Junta de Control Fiscal. Estas revelaciones provocaron indignación en el pueblo.
- 12 de julio – Periódico Metro publicó Rosselló lanza insultos y malas palabras en chat de Telegram, y este blog En Blanco y Negro con Sandra reveló nuevas páginas del chat con más humillaciones hacia otras mujeres y burlas hacia los animales.
- 13 de julio - El Centro de Periodismo Investivativo reveló en su totalidad las 889 páginas del chat.
Los teléfonos y computadoras privadas se pueden incautar para investigación. Recuerden el caso de hostigamiento sexual de Hilton Cordero.
ReplyDeleteLo que se establece es que de manera intencional la jefa de los fiscales Olga Castellón haya dañado la investigación al no buscar una orden judicial. Por otra parte, los teléfonos son privados, no del gobierno. En ese sentido, la petición de Castellón induce a error y viola el derecho a la privacidad, que es considerado como un valor fundamental del individuo en la Constitución de Puerto Rico. ¿Tiene el departamento de Justicia derecho a buscar información sin una orden de un tribunal? Hacer esto equivale a un registro y allanamiento de una propiedad privada sin haber pasado por el escrutinio de un tribunal. ¿Cuál, entonces, es la intención real de Castellón y qué busca realmente con la pesquisa? Rosselló dijo que no recordaba cuándo ni cómo se había borrado el chat.
ReplyDelete"Rosselló dijo que no recordaba cuándo ni cómo se había borrado el chat", sí claro, tampoco recuerda lo que significa la palabra "puta" ni la implicación escandalosa y alarmante de su expresión "Me harías un favor" en relación a "Me dan ganas de matarla" que hizo uno de sus asquerosos ayudantes respecto a la alcadesa de San Juan... Seguramente tampoco recuerda de quién tomó el ejemplo de ser tan charlatán y tan dado a defraudar al pueblo que lo eligió...
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