Periodista independiente en Puerto Rico

Tuesday, September 19, 2023

Nueva saga internacional entre Paulson y Ghaffar

Daily Mail asegura que Ghaffar no puede entrar en ningún restaurante Serafina en el mundo después del vídeo en el que sale brincando en mesas en el hotel Vanderbilt, publicado por Ey Boricua, y En Blanco y Negro Con Sandra 

Fahad Ghaffar y John Paulson en momentos felices

SUBSTACK !Ey! Boricua

Como si fuera una novela o serie de acción e intrigas, las polémicas entre el inversionista multimillonario John Paulson y su exsocio y mano derecha Fahad Ghaffar continúan ahora nivel internacional. El medio británico sensacionalista Daily Mail publicó que se le prohibió a Ghaffar entrar en los restaurantes Serafina en todo el mundo.

La prohibición vino como resultado de la exposición masiva de un vídeo que se publicó en Puerto Rico en ¡Ey! Boricua y En Blanco y Negro con Sandra el pasado 7 de septiembre donde salía Ghaffar brincando en mesas de un restaurante en el hotel Vanderbilt en EL Condado. Ayer reporteros de Daily Mail contactaron a este medio para indicar que publicarían la noticia.


Además del que ubica en El Condado, hay restaurantes Serafinas en Israel, en Estabul, en varias localidades en Massachusetts, Miami, Japón, India, Turquía, Israel, Arabia Saudí e Italia, entre otros. A ninguno podrá ir Ghaffar, según reseñó el medio británico.

Dice que el billonario inversionista Paulson, de 67 años, circuló un memorando que decía: 'Recientemente ha circulado un vídeo sobre un comportamiento altamente inapropiado por parte de Fahad Ghaffar. En el vídeo, Fahad, aparentemente en estado de ebriedad, rompe vasos, empuja a los empleados, destroza y arroja sillas. Este tipo de comportamiento destructivo e irrespetuoso no sería tolerado por ningún cliente, y menos aún por una persona con responsabilidad gerencial”.

Añadía el memo de Paulson: “Esperamos que todos nuestros clientes y empleados se comporten de manera respetuosa entre sí y con el debido decoro. Un comportamiento tan reprobable, como el demostrado por Fahad, no será tolerado por nadie en nuestras propiedades”.

Martin Russo, el abogado que representa a Ghaffar, dijo a DailyMail.com: "En lugar de evaluar los méritos de las acusaciones formuladas con tanta fuerza contra él, el señor Paulson ha optado por menospreciar y difamar al señor Ghaffar como mecanismo de venganza".

TRASFONDO DE LAS POLÉMICAS

Hace dos semanas publicamos que Ghaffar, de 42 años, demandó a Paulson por fraude de valores, enriquecimiento injusto en violación de la ley puertorriqueña, incumplimiento de contrato, fraude, daños y perjuicios, violación de la Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico y fideicomiso constructivo.  Pide al menos 50 millones de dólares por daños y perjuicios, pruebas del contrato entre Ghaffar y Paulson y el pago de los honorarios de los abogados. (DEMANDA)

Ghaffar alegó que ayudó a Paulson, especialmente durante la crisis económica de 2008. También afirma que su reputación ha sido manchada por continuas insinuaciones y acusaciones de fraude en su contra. Entre estas acusaciones, menciona una demanda anterior de Jenny Paulson, esposa de su exjefe, en la que ella lo acusó falsamente de cometer fraude en los activos.

Fahad Ghaffar

Paulson, cuya fortuna se estima en unos $3,000 millones de dólares según Forbes, hizo su dinero vendiendo hipotecas de alto riesgo o apostando contra ellas en el período previo a la crisis financiera de 2008. Recientemente apareció en los titulares por decir que quiere casarse con su novia de 34 años después de mudarla a su apartamento de la Quinta Avenida. Paulson se encuentra en medio de un feo divorcio multimillonario de su esposa Jenny, de 51 años, y la pareja no tiene ningún acuerdo prenupcial.

El pasado 4 de agosto, este medio publicó que Paulson despidió a Ghaffar de manera fulminante y emitió un memorando a todos los empleados de sus distintas empresas, lo cual sacudió a la industria automotriz.

Tres días después de esta noticia, el 7 de agosto pasado, continuaron las polémicas públicas cuando Paulson volvió a advertir que ninguno de sus empleados podía contactar al Individuo “C” mencionado en el pliego acusatorio federal contra la exgobernadora Wanda Vázquez.

Esta medida de Paulson parecía deberse al intento de Ghaffar de contactar a sus empleados, lo cual no encaja en los planes del inversionista. Ghaffar es una figura polémica que ha estado vinculada a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced de dos maneras. Primero, se le acusa de haber intervenido en el regalo de un lujoso automóvil BMW al exjuez y esposo de la exgobernadora, Jorge Díaz Reverón, y luego, se le identifica como el “Individuo C” en el pliego acusatorio federal contra Vázquez Garced.


En una carta que Paulson mismo circuló entre todos los gerentes ejecutivos de sus negocios, según una copia obtenida por este medio, se reiteró la prohibición de tener contacto con Ghaffar. Esta orden se aplicaba a los gerentes de negocios, como los concesionarios de vehículos AutoGrupo, Benítez GM, Alberic GM y Gómez Hermanos, así como a los hoteles Condado Vanderbilt Hotel, La Concha Resort, Condado Ocean Club y St. Regis Bahia Beach Resort and Golf Course; y a propiedades como American International Plaza, 270 Muñoz Rivera Avenue, Ocean Drive Residences y Vanderbilt Residences.

Además de ser el “Individuo C” en la acusación federal contra la exgobernadora, Ghaffar estuvo presente en la boda donde la Vázquez Garced compartió con su ahora coacusado, el banquero venezolano Julio Herrera Velutini.

La comidilla entre los empresarios de las industrias hoteleras y automovilísticas son las múltiples controversias en las que Ghaffar se ha visto envuelto. Se menciona insistentemente lo ocurrido en una fiesta organizada por el productor Francisco “Paco” López, donde se alega que Ghaffar comenzó a insultar y menospreciar a los puertorriqueños haciendo referencia a sus genitales. Esto desencadenó una pelea en la que Ghaffar recibió un puñetazo en la cara por parte de un empresario puertorriqueño.

Ghaffar mantenía vínculos constantes con otro inversionista llamado Ali Sattar, quien el 4 de agosto de 2021 fue arrestado en estado de embriaguez por chocar un automóvil y la patrulla del coronel José Juan García, Comisionado de Policía Municipal de San Juan. Sattar arrojó un nivel de alcohol en sangre de 0.24 y además no tenía licencia de conducir, según reportó en ese momento el medio Tu Noticia PR.

 LO QUE HAY DETRÁS DE LA POLÉMICA

Pero más que las polémicas mutuas entre estos dos empresarios, o el interés que genere entre los ricos, famosos y políticos de Puerto Rico con los que Paulson y Fahad se codean, el problema de fondo aquí son las autoridades federales.  Las inversiones que ha hecho Paulson y los negocios de Fahad son algunos de los que han estado ante la mirilla del Servicio de Rentas Federal (IRS) que desde hace meses viene investigando negocios en Puerto Rico, como hemos venido publicando En Blanco y Negro con Sandra desde hace meses.

En julio, este medio reportó que anda detrás de las exenciones de impuestos que otorga el gobierno y que han atraído criptoempresarios y administradores de fondos de capital. Esta noticia también ha salido en medios en los Estados Unidos como Bloomberg, Politico y The Wall Street Journal.


Fiscales federales y agentes del IRS están trabajando como agentes encubiertos y examinando de cerca los registros para construir casos penales y civiles contra personas adineradas que son sospechosas de aprovecharse ilegalmente de las exenciones fiscales que ofrece Puerto Rico, reportó Bloomberg.

La pesquisa federal se centra en la cantidad de administradores de fondos de cobertura, comerciantes de criptomonedas y otros estadounidenses que han estado viniendo a Puerto Rico en la última década, atraídos por la política del gobierno local de darle exenciones contributivas bajo leyes como la 22, ahora 60. Pero ahora los investigadores se enfocan en determinar si esos empresarios mienten sobre cuánto tiempo pasan en la isla, y la fuente real de sus ingresos, según personas familiarizadas con el asunto.

Los agentes federales investigan a los promotores, abogados y contables que comercializaron el programa fiscal. Al menos dos investigaciones criminales, incluida una que involucra a un abogado estadounidense, podrían dar lugar a la radicación de cargos en las próximas semanas, publicó Bloomberg.

Entre los posibles cargos que las autoridades federales sopesan están los de conspiración y fraude electrónico. “Estamos aquí, estamos buscando hacer casos. Estamos aquí con agentes del IRS y estamos trabajando con funcionarios de Puerto Rico”, dijo el orador Carlos Ortiz, durante una conferencia celebrada en Nueva York el mes pasado

“El mensaje es que la soga se está apretando”, dijo Ortiz.

Las Leyes 20-22 se diseñaron para atraer inversionistas multimillonarios a Puerto Rico en el proceso de la quiebra, para intentar inyectar fondos a la maltrecha economía a través de inversiones y creación de empleo. Más del 40% de la población en Puerto Rico vive bajo el nivel de pobreza, situación que se agravó después de que los huracanes Irma y María, y los terremotos devastaron la infraestructura y el sistema médico.

Estas movidas federales coinciden con múltiples esfuerzos que se realizan en Puerto Rico, y desde la diáspora para que se eliminen los beneficios contributivos de muchos de estos empresarios que llegan a Puerto Rico, no generan empleos, ni aportan a la economía, pero sí fomentan la gentrificación.

En abril pasado este medio dio a conocer el abrumador respaldo de los cibernautas a la campaña “Losing Puerto Rico” que lanzaron desde la diáspora para lograr que el Congreso elimine la Ley 22. Se trata de una campaña de multimedios para llamar la atención a una laguna fiscal que permite a los estadounidenses ricos mudarse a Puerto Rico y evitar pagar la mayor parte de sus impuestos sobre ganancias de capital. 

También en el pasdo ha habido vistas públicas en la Asamblea Legislativa con la intención de derogar la Ley 22.

Según el reportaje Bloomberg, las pesquisas federales que están realizando ahora pueden iniciar con el formulario de Rentas Internas 8898 que llena el inversionista extranjero declarando su residencia “de buena fe” en Puerto Rico y otros territorios estadounidenses como Samoa Americana o Guam.

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