Se colgó la Judicatura

Juez Ramírez Lluch. (Foto NotiCel)

La forma en que se suicidó el juez José Ramírez Lluch simboliza, lamentablemente, el ahorcamiento de nuestra Judicatura. Ellos mismos se han ahorcado.

Los jueces se han colgado por establecer castas entre unos pocos, por promover la politiquería y por mantener mecanismos injustos que abonan a la desinformación y no educan al país.

Y los medios noticiosos, en vez de interpretar el dramático acto del conocido juez como símbolo de un mensaje mayor sobre lo que ocurre al interior de los tribunales, optaron por lo más fácil: enfatizar en el morbo, falta de profundidad y crear un ambiente de circo con una trágica muerte.

Pero lo verdaderamente triste en todo esto ha sido el silencio de los que mandan en la Judicatura que han preferido callar sin dar explicaciones, permitiendo toda suerte de especulación. Luego, algunos se fueron a dar golpes de pecho en sus salas o en el velorio del juez sin darse cuenta de que no cargaron el féretro. El féretro los cargó a ellos. Se demostró así la injusticia que impera en esta rama de gobierno.

Precisamente en esta Semana de los Abogados (22-26 de junio) en la que se debería celebrar la profesión legal en Puerto Rico, el caso del juez Ramírez Lluch nos demuestra que aquí no se dice nada, todo se filtra, no investigan a los que tienen que hacerlo y el perjudicado, queda sin derechos.

¿Por qué se desinformó diciendo que había una querella contra Ramírez Lluch? ¿Por qué no se explicó que era una queja, no una querella? ¿Existe un informe? Si no estaba completo en informe, ¿por qué se filtró? ¿Cuál fue el interés en filtrar eso? ¿Quién lo filtró? ¿Se filtró porque era un caso de índole sexual? Si fue así, ¿acaso no tenemos una jueza en el Supremo que es lesbiana? ¿Por qué a unos sí y a otros nos? ¿Le dieron al juez espacio para defenderse o se le negó como impone el reglamento? ¿En qué se parece o se diferencia la renuncia de Ramírez Lluch a la administración del Tribunal de San Juan a lo que pasó con la anterior administradora en el Tribunal de Bayamón? Son muchas las preguntas sin responder porque se logró lo que la casta en el poder judicial siempre quiere: el silencio.

Si se fuera a comparar esto con otros casos, ¿por qué no hubo filtración en el caso del juez de Aguadilla, Manuel Acevedo, contra el que había varias quejas y querellas? Acevedo es hoy convicto por coger dinero en el caso del contable Lutgardo Acevedo a cambio de que lo absolviera en un caso de homicidio. ¿Será acaso que ese juez Acevedo está hablando de lo que pasa en otras regiones judiciales? ¿Es cierto que vienen más jueces a ser investigados? ¿Por qué el silencio de los federales?

 

El foro de la opinión pública

La excesiva cobertura mediática del suicidio y los rumores sobre una querella de naturaleza homosexual o bisexual, la alegación de hostigamiento sexual en el ambiente laboral, la filtración de la noticia y el silencio de los que dirigen la Rama Judicial demostraron lo injusto que es el sistema para todos. De hecho, en conversaciones con 12 jueces de Primera Instancia y del Apelativo, que tienen orientaciones sexuales distintas y de extracciones políticas diversas, todos coincidieron que cuando ocurre una queja contra un juez, ese juez pierde derechos.

Parte del problema es el desconocimiento generalizado sobre el proceso cuando se investiga a un juez. En la prensa son pocos los que han hablado de tema y en la Oficina de la Administración de los Tribunales (OAT) ni en el Tribunal Supremo lo han explicado.

Desde septiembre de 2014 el Tribunal Supremo enmendó de forma unánime las Reglas de Disciplina Judicial. El objetivo era promover la política de “cero tolerancia a las violaciones éticas” y fortalecer la confianza del pueblo en la Judicatura. http://www.ramajudicial.pr/ts/2014/2014TSPR105.pdf Cualquier confidencia, incluyendo las anónimas, permiten investigar jueces. También las reglas determinan que es la Directora de la OAT quien determina si se investiga o no a un juez. http://www.ramajudicial.pr/sistema/supremo/Reglas-Disciplina-Judicial-enmendadas-(2014).pdf

El proceso es este:

1. Alguien radica queja contra un juez y se le dan 10 días a ese juez para que conteste su posición.

2. Se hace un informe de investigación.

3. Se le dice al juez si su caso se refiere a la Comisión de Disciplina Judicial. En ese momento la queja, el informe, lo que el juez conteste y la determinación, o sea, todo el expediente, es un documento público.

4. La Comisión determina si ordena que se presente una querella formal.

5. El juez aún no puede defenderse públicamente aunque el caso trascienda en la opinión pública.

6. La Comisión determina si hay causa para un juicio.

7. Entonces se radica la querella.

En estos siete pasos el juez no tiene derecho a defenderse, por el contrario, está desprotegido. Como si fuera un toro que entra a una corrida lleno de puñaladas, ese juez tiene que callarse. Aunque públicamente la prensa hable de su reputación o de su carrera, aunque su familia desconozca por qué se quejaron contra él, si la queja es de naturaleza sexual o de lo que sea, si es cierta o no, el juez, no puede defenderse de los ataques y cuestionamientos en el foro de la opinión pública, según ese reglamento. ¿Dónde quedan los derechos del juez en todo este proceso? Ni un asesino en primer grado está tan desprovisto de derechos como los jueces cuando alguien se queja en su contra.

En el caso del juez Ramírez Lluch, si la queja se filtró antes de que el juez fuera notificado, se violó el reglamento. Pero si la información se le dio a la prensa después, ¿fue eso justo para él? No hay que ser abogado para cuestionar si esto es una violación constitucional. ¿Dónde queda la dignidad del ser humano, su derecho a la honra y a la reputación garantizados por la Constitución del Estado Libre Asociado? ¿Puede un juez defender su imagen propia si ya hay especulación en su contra en la opinión pública? Y en la etapa en que ya hay una querella, ¿puede la OAT tan siquiera explicar el proceso?

Aquí lo que hay que establecer es el balance entre lo que es la libertad de prensa y el interés público a conocer los desmanes y prácticas al interior de la Judicatura, y el derecho que tienen los individuos que son jueces a defenderse. Ese balance no existe y quedó claramente demostrado con Ramírez Lluch.

También hay que entender si esa enmienda que hizo el Tribunal Supremo a las Reglas de Disciplina Judicial a la hora de la verdad, ayudan o perjudican a los jueces y al pueblo. http://aldia.microjuris.com/tag/reglas-de-disciplina-judicial/

 

Silencio cómplice

Aunque el reglamento les impida hablar, la administradora de los Tribunales, la jueza Isabel Llompart, el director de prensa de la OAT, Daniel Rodríguez, y hasta la propia jueza presidenta del Tribunal Supremo, Liana Fiol Matta, tenían que dirigirse a los periodistas para evitar la especulación pública que se creó. En ese sentido, los tres son responsables del circo mediático y del linchamiento público que se intentó hacer al carácter del juez Ramírez Lluch.

Es un hecho que los medios de comunicación y la tecnología se mueven con rapidez. Además, en materia de manejo de crisis, siempre hay que responder aunque sea para explicar que por reglamento no se puede decir nada. Lo propio hubiera sido que explicaran el proceso. ¿Por qué no lo han explicado?  ¿Quién dio la orden para que no hablaran con los periodistas? ¿Serían los mismos que filtraron el informe?

La OAT permitió la especulación y no fue sino hasta el viernes que le contestó a NotiCel que a los jueces y juezas les cobija el derecho a la confidencialidad sobre las quejas. http://www.noticel.com/noticia/social/177186/oat-se-escuda-en-reglamento-para-callar-sobre-ramirez-lluch.html#.VYYZvBb4cfA.mailto

Pese al silencio de la OAT para aclarar si el juez enfrentaba o no una queja, la Jefa de Recursos Humanos envió el viernes pasado una promoción del Programa de Ayuda al Empleado a todos los miembros de la rama judicial, en la que ofrece consejería y ayuda para el manejo de conflictos como medidas de prevención en el ambiente de trabajo.

Lo que no explicó esa Jefa de Recursos Humanos ni nadie en la OAT ni el Tribunal Supremo es que si un juez se atreve a usar esos servicios del Programa de Ayuda al Empleado se expone a que le radiquen quejas en su contra, a que se cuestione incluso su salud mental y su capacidad para permanecer en funciones. Por eso es que casi ningún juez usa ese servicio.

 

La raíz del problema

La raíz del problema de la Judicatura es la politiquería. ¿Qué es lo primero que se pregunta cuando hay un asunto con algún juez? Se pregunta quién lo nominó, si es popular o penepé. Teniendo esa persona la capacidad y la templanza para ser juez, impera la politiquería. Por ahí vienen las filtraciones en casos de opositores políticos o el arrastrar pies y callarse cuando son de los correligionarios. Por eso la  Judicatura tiene que profesionalizar su estructura organizativa.

Ser juez es una profesión digna, que requiere una formación personal e intelectual. No todos tienen la capacidad de ser jueces. El que se convierta en juez tiene que tener una sensibilidad y un compromiso social como poseen muchos, pero son los pocos los que arrojan sombras sobre todo el gremio.

Esos pocos forman una casta de poder que pueblo no quiere ni respeta. Esa casta de intocables incluye a aquellos jueces que no quieren que se enmienden los reglamentos porque tienen traqueteos en sus regiones judiciales. Esos son los que permiten construcciones de tribunales a costos millonarios aunque no haya fondos públicos para pagarlos. Esos son los que una vez terminan de jueces, usan ese prestigio para litigar. Esos son los que nombraron jueces porque perdieron elecciones y no entienden ni la jurisprudencia al momento de impartir justicia.

Pero esos no son todos. Hay una inmensa mayoría de jueces que pasan sus primeros años en funciones laborando en tribunales distantes de sus casas y de sus familias. Jueces que viven en Carolina son enviados a trabajar a Ponce, atravesando la isla dos veces al día en menoscabo, muchas veces, de su salud y de sus propios hijos. También renuncian a la libertad de expresarse libremente como lo hace todo ciudadano. Esas condiciones de vida no son privilegios.

Las recientes investigaciones y convicciones de jueces, así como el caso de Ramírez Lluch, deberían hacer al Tribunal Supremo repensar las enmiendas que hicieron a las reglas de disciplina. El pueblo tiene que confiar en sus jueces, y en el sistema, pero el para que eso pase, el sistema tiene que ser justo. La Judicatura no puede colgarse en el juicio público, ni mucho menos, ante la sociedad.

NOTAS: 

Esta columna fue publicada en NotiCel el 24-6-15 http://www.noticel.com/blog/177332/se-colgo-la-judicatura.html. 

Dos días más tarde, pubiqué otra otra en el blog con el título: Se entierra la Judicatura ante la crisis - http://enblancoynegromedia.blogspot.com/2015/06/se-entierra-la-judicatura-ante-la-crisis.html