Juez Estrella y el Acceso a la Justicia

 

¡Qué maravillosa alegría terminar el día con la buena noticia de que uno de los jueces del Tribunal Supremo de Puerto Rico respaldó públicamente a la comunidad sorda! El juez Luis Estrella acaba de publicar un artículo importante, en el que elabora sobre una ley por la cual comunidad luchó con tenacidad durante muchísimo tiempo.

Se trata de la Ley de Acceso a la Justicia para las Personas Sordas, que garantiza que cualquier persona que tenga sordera parcial o total y que sea arrestada, debe tener un intérprete de señas que le ayude a entender los procesos a los que se enfrenta desde el principio. Parece increíble, pero esto no pasaba. A muchos sordos los arrestaban, iban a juicio e incluso a prisión, sin entender nada porque no tenían a un intérprete.

 El juez Estrella publicó un artículo en el que, entre otras cosas, discute las implicaciones de esa ley. El artículo titulado “Apuntes preliminares al proyecto de reglas de procedimiento criminal”, salió publicada en Amicus, la revista de política pública y legislación de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

 

Juez del Treibunal Supremo, Luis Estrella (Foto END)

En el artículo, que es el primero en la edición, el juez Estrella incluye una sección que discute la ley y la compara con lo que el Tribunal Supremo pretende aprobar en las nuevas reglas de procedimiento criminal. Explica el juez que lo que el Tribunal pretende cambiar les restaría derechos adquiridos a las personas sordas.

 Además, elabora sobre el fundamento para desestimar un caso si a una persona con sordera – sea leve o profunda – es arrestado, denunciada, imputada y/o acusada sin proveerle un intérprete de lenguaje de señas, labio lectura o algún acomodo razonable que garantice la efectividad de la comunicación en la vista de causa probable. “Esta garantía se observará en todas las etapas del procedimiento criminal”, dijo.

Es una profunda emoción leer el artículo de Estrella porque demuestra un gran logro de la comunidad sorda. El conseguir que el acceso a la justicia y la comunicación total, en su lenguaje, sea tema de discusión en la Rama Judicial, crea un gran impacto permanente para una población de sobre 200,000 sordos.

La medida fue presentada como un anteproyecto de ley por el proyecto SAL por los Sordos, que pertenece a la Sociedad para la Asistencia Legal, junto al liderato de la comunidad sorda. Los sordos estaban ofendidos y temerosos de los sistemas judiciales porque eran discriminados. Esta ley fue histórica y trascendental para ellos.

 La medida se llevó a varios legisladores, pero fue el senador independentista Juan Dalmau junto a su equipo de trabajo quienes la estudiaron y la presentaron. El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le expresó entonces a la comunidad sorda que la delegación del Partido Nuevo Progresista la endosaría. La delegación del Partido Popular y el senador independiente, José Vargas Vidot también lo hicieron. Es decir, se aprobó por unanimidad en el Senado. Igual ocurrió en la Cámara de Representantes. Las aprobaciones por unanimidad no son comunes, y menos viniendo de un legislador en minoría independentista. Pero el estudio legal que se hizo, y el trabajo de la comunidad sorda, demostró su urgente necesidad.  El exgobernador Ricky Rosselló la convirtió en ley.

La Rama Judicial ha estado abierta a entender las necesidades y el discrimen que enfrentan los sordos desde entonces. En la Administración de Tribunales, por ejemplo, se han desarrollado vídeos para que los sordos entiendan los procesos y el derecho, algo que no había antes.

Gracias al trabajo del Lcdo. Juan José Troche de SAL en conjunto con la Administración de Tribunales, y el liderato de la comunidad sorda, el ambiente a nivel judicial ha ido cambiando. Ahora hay récord visual, intérpretes, posicionamientos físicos, eliminación de restricciones mecánicas (esposas) y sensibilidad judicial en muchos casos.

Este es el tipo de logro tangible, que se ve y se siente en el corazón. Saberlo, y entender que hasta en el Tribunal Supremo se han ido educando para erradicar los vestigios de discrimen contra los sordos, es motivo de profunda emoción. Más palpable se siente en este mes de septiembre, que es el mes de concienciación de la comunidad sorda en Puerto Rico.

“Los operadores del sistema judicial podemos y debemos contribuir a crear un mundo mejor y a solucionar efectivamente los problemas individuales inmersos en los casos ante nuestra consideración, de forma que el sistema judicial se convierte en un sistema de apoyo para la construcción de la cohesión social y de una sociedad paz en Puerto Rico”, concluyó el juez Estrella en su artículo.

Gracias al Lcdo. Krenly Cruz Ramírez de Arellano, de la oficina del senador Dalmau, por enviarme el artículo de la revista Amicus. Este gesto, cala en el alma porque demuestra que la lucha no fue ni es en vano. Los derechos de la comunidad sorda son también derechos humanos.