Intervención directa de Jennifer González para proyecto ilegal en Luquillo

Documentos en poder de En Blanco y Negro confirman que la Comisionada Residente desde su oficina Washington intervino para que Cuerpo de Ingenieros aprobara proyecto detenido

Mapa del proyecto en los documentos gestionados desde la oficina de Jennifer González

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Guardó silencio por meses, pero el tracto documental la pone en evidencia. Documentos en poder de En Blanco y Negro con Sandra confirman que desde su oficina en Washington, la Comisionada Residente y candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista, Jennifer González, sí intervino directamente para adelantar los permisos y endosos, y así lograr que el Cuerpo de Ingenieros concediera un permiso ilegal para construir un proyecto en Luquillo.

González logró este permiso impuesto desde los Estados Unidos, a pesar de que todas las agencias en Puerto Rico tienen el proyecto turístico-residencial detenido desde hace años, al señalar el daño irreparable que causaría al ambiente. El multimillonario proyecto lo desarrolla la firma Azure Development, del reconocido empresario mayagüezano, Alfonso Valdés. El área incluye un humedal y un mangle en el sector Punta La Bandera, en Luquillo.

Un tracto de correos electrónicos entre el asesor sénior de política pública de la oficina de la Comisionada, José R. Díaz Marrero, así como una carta formal de la gerente de proyectos del Cuerpo de Ingenieros en el estado de la Florida, Virgina King, corroboran la intervención oficial de la ahora candidata a la gobernación. 

Carta de Jennifer González  Tracto de correos electrónicos

Área donde se construirá el proyecto, documentos en oficina de Jennifer González

Se trata de gestiones que González y a sus subalternos realizaron desde su oficina en Washington para que el Cuerpo de Ingenieros desde Estados Unidos aprueben lo que las agencias locales tienen detenido. El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación (JP), la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE) y otras agencias locales han estado evaluando ese proyecto por años.

INTERVENCIÓN DE JGO

Los documentos, a su vez, corroboran y añaden datos sobre denuncias que hizo el candidato independiente al Senado, Eliezer Molina, en sus redes sociales hace unos días. Ayer Molina dijo en un vídeo en la plataforma de YouTube que González intervino para lograr el “deslinde ilegal en Punta Bandera y mintió al Cuerpo de Ingenieros” (Pulse para ver vídeo en YouTube)

“Toma JGO, aquí tienes otra. Hasta su personal cabildea desde la oficina utilizando correos electrónicos para gestionar un "deslinde ilegal". El tipo lo necesitaba para pagar y puej (sic), JGO les dijo que era para generar 200 empleos Así es la corrupción pública. Cuando quien tiene el poder, lo acciona para favorecer a un familiar, conocido o a si mismo”, denunció Molina.

González no ha estado disponible para responder a estos temas. En mayo pasado la Comisionada Residente se negó a contestarle a la periodista Carmen Enid Acevedo del medio independiente Bonita Radio la pregunta de qué gestiones había hecho con el Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos en favor de empresarios con proyectos en la Isla, tal y como lo dijo a la Corte de Quiebras, el desarrollador Valdés,  para adelantar los permisos y endosos del millonario en Luquillo.

Desde el 1999 Valdés ha intentado hacer el proyecto, el cual, según alegó en sus ponencias y documentos, que generaría nos 200 empleos. La construcción tardaría en unos 9 meses.  Las agencias estatales habían detenido el proyecto, en parte, por las protestas comunitarias.

Con la gestión lograda por la Comisionada Residente, se consiguió un deslinde que las autoridades locales tenían bajo evaluación. La carta determina que el Cuerpo de Ingenieros concede el permiso y del tracto se ve que fue en 10 días. La determinación es opuesta a lo que había decidido DRNA oponiéndose al proyecto, valorado en más de $200 millones.

“AQUÍ HABRÁ GUERRA”

Molina cuestionó si es que ahora desde Estados Unidos se darán los permisos para desarrollar en las costas, a pesar de las protestas que se hacen en Puerto Rico. Dijo que esto tiene un efecto directo en proyectos altamente cuestionables en Rincón, Aguadilla, Arecibo, Dorado y hasta el del complejo “Esencia” que se planifica sobre 2,000 cuerdas de terrenos rústicos, especialmente protegidos en el barrio Boquerón en Cabo Rojo.

“Ellos vieron lo que ocurrió en La Parguera, que no es distante a Punta Bandera y es un patrón de agresión al medioambiente que esta señora Jennifer González ha hecho para beneficiar a estas personas”, dijo Molina.

“Aquí va a haber guerra. Si a usted se les ocurre echar pa’lante este proyecto, nosotros vamos a hacer lo que tengamos que hacer. El pueblo no se va a detener. Yo espero que la EPA, el Cuerpo de Ingenieros y el propio FBI se expresen”, reclamó Molina.