La jueza Geysa D. Villarrubia ayer halló causa contra los 6 manifestantes, pero calla ante acciones pasadas; su esposo lleva campaña contra los manifestantes en redes sociales
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El convicto exjuez presidente de la CEE Rafael Ramos Sáenz fue socio de Villarubia
Serios
conflictos éticos. Esto es lo que se evidencia sobre las acciones tomadas por
la jueza del Tribunal de Primera Instancia de Mayagüez, Geysa D. Villarubia
Rivera, quien ayer halló causa contra los seis manifestantes en La Parguera.
La jueza no se inhibió del caso, a pesar de su obvio activismo electorero a favor del Partido Nuevo Progresista, y de que su esposo continuamente recurre a las redes sociales para atacar a los manifestantes y ambientalistas que ella enjuicia en corte, a quienes califica de “tecatos, morones y zurdos”. Es decir, atacan en las redes a quienes enjuician en el tribunal.
Como si eso fuera poco, también se confirmó que la jueza Villarubia era la socia del hoy convicto y destituido exjuez y expresidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Rafael Ramos Sáenz.
La jueza Villarubia, además, fue investigada por la CEE en aquel escándalo del primer chat de la administración del exgobernante Ricky Rosselló, el chat de WhatsApp. Ese fue el chat del 2018 donde el país vio como Ramos Sáenz, tomaba decisiones políticas a favor del PNP, en vez de ser neutral por la posición que ostentaba como presidente de la CEE. Eso le costó el puesto, tras múltiples pesquisas.
Ayer Villarrubia encontró causa para juicio contra los seis manifestantes acusados por diversos delitos que se alega cometieron el 9 de julio de 2023 durante una manifestación frente a la residencia de los suegros de la comisionada residente Jenniffer González en La Parguera, informó el Departamento de Justicia.
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| Seis manifestantes de La Parguera enfrentarán juicio |
La Fiscalía de Mayagüez formuló cargos contra los manifestantes Iona Fournier Gómez, Imalay Arroyo Surita, Pedro Amengual Gutiérrez, Juan Rodríguez González, Sheila Mejía Luciano y Francheska Vélez Ramírez, quienes, presuntamente, participaron de una manifestación en la zona de La Parguera, en Lajas, el día de los hechos. La vista preliminar fue un proceso largo que duró 13 días. El juicio contra los seis acusados comenzará el 3 de julio.
NO SE INHIBIÓ VILLARUBIA
Mientras la jueza hallaba causa contra los manifestantes, su marido utiliza las redes sociales para burlarse y atacar a los acusados que su esposa ve en sala.
El esposo de la jueza es Josué Negrón García, quien se identifica en sus
redes sociales como Oficial Ejecutivo de la Administración para el Cuidado y
Desarrollo Integral de la Niñez, adscrita al Departamento de la Familia.
Negrón
recurre a la red social X y expresa su odio a la prensa a la vez que enlaza en
el post a las periodistas como esta servidora Sandra Rodríguez Cotto, y como la
reportera de Telemundo, Dianerys Calderón. En uno de sus comentarios, Negrón
cita a Eduardo Náter diciendo que “La prensa se ha convertido en fiscal,
jurado y juez. Dejó de informar y se convirtió en foros judiciales donde,
desconocedores del derecho alegan, estipulan, y dictan culpabilidad. Esto, en
la mayoría de los casos, por no decir todos, sin la persona tener ni 1 día en
el tribunal”.
En
otro comentario cuestiona con epítetos al activista Eliezer Molina. “A que
Eliezer medio metro y sus tecatos y morones zurdos no van y tumban esta casita
en La Palguera (sic) de un zurdo con su bandera jincha? Estos bandidos son unos
politiqueros baratos Punto, Miren esto”
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En múltiples “posts” en las redes X y Facebook, el esposo de la jueza compartía fotos con la propia Jennifer González, cuyos suegros son el objeto de la protesta en La Parguera.
También
aparece en fotos o compartiendo mensajes de políticos como William Villafañe, , Edwin Mundo y Abel Nazario, entre otros.
ROL POLÍTICO CON LA CEE
La jueza Geysa D. Villarubia comenzó su carrera como abogada a tiempo parcial en la firma Delgado Colón donde trabajó de 2005 a 2007, según una descripción en las redes sociales. Del 2007 al 2009 trabajó como socia del bufete Villarubia & Ramos Sáez, PSC, que mantenía con quien después fue el presidente de la CEE.
De 2009 a 2017 fue profesora a tiempo parcial en el recinto de Isabela de la Universidad Ana G. Méndez, pero eso coincidió con su nombramiento en el 2009 como jueza municipal. En marzo de 2017 Rosselló la nombró en asenso como jueza superior.
En sus funciones ha visto varios casos como el que se llevó contra el exalcalde popular de Mayagüez, José Guillermo “Guillito” Rodríguez.
Sin embargo, el historial altamente politizado de la jueza Villarubia se constata con su gestión en la CEE con su antiguo socio, el convicto exjuez Ramos Sáenz.
En mayo del 2018 la CEE realizó una investigación sobre jueces que pudieron haber incurrido en conducta impropia de naturaleza electoral. Una de las juezas citadas fue Villarrubia. Ella presidió la CEE local del precinto Cabo Rojo 46. Su última gestión fue el día del plebiscito del pasado 2017 en contra del PNP.
Se alegó en ese momento que la jueza Villarubia detuvo la votación ilegal que se efectuaba en Cabo Rojo.
“Casualmente esa fue su última gestión', dijo en el 2018 el entonces comisionado electoral alterno del Partido Independentista Puertorriqueño, Adrián González, en medio de la pesquisa que llevaba la CEE. 'Donde más sonó esa noticia fue en Cabo Rojo, con el aval de la jueza se detuvo la votación. Desde ese día esa jueza ya no preside la comisión local. ¡Qué casualidad! Luego de decidir en contra del PNP', indicó el abogado.
EL CHAT DEL JUEZ SÁENZ
Este fue el primer escándalo con un chat en la administración del exgobernante Ricky Rosselló. Se trató de un chat en WhatsApp entre funcionarios del PNP
La Oficina del Fiscal Especial Independiente le radicó a Ramos Sáenz 19 cargos de aprovechamiento ilícito de servicios y propiedad pagados con fondos públicos, un cargo por enriquecimiento ilícito y otro por violación al artículo 12.007 del Código Electoral. al exjuez Ramos Sáenz se le imputó haber utilizado las computadoras y el servicio electrónico de la Administración de Tribunales para asuntos que son contrarios a la ley y no eran parte de las funciones de su cargo.
La Comisión de Disciplina Judicial del Tribunal General de Justicia encontró que violó cánones de ética judicial y profesional durante su participación en el chat de WhatsApp, en el cual consultó con la entonces subsecretaria de la Gobernación, Itza García, sobre el voto de encamados en Moca para las elecciones en las cuales Rosselló Nevares obtuvo la gobernación.
Ramón Sáenz fue hallado culpable y sentenciado a 6 años suspendidos por el primer chat del gobierno de Ricky Rosselló. Esa polémica con el chat de WhatsApp le costó el puesto al entonces secretario de la gobernación y hoy aspirante a la comisaría en Washington, William Villafañe, y su entonces subalterna, García.
Ramos Sáenz enfrentaba 18 cargos graves por aprovechamiento ilícito de servicios y propiedad pagados con fondos públicos, un cargo por enriquecimiento ilícito y otro por violación al artículo 12.007 del Código Electoral. Tras un acuerdo, todos los cargos quedaron reducidos a delitos menos graves, permitiendo que una vez se cumpla la sentencia el hoy convicto pudiera limpiar su récord de antecedentes penales administrativamente.
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