Siguen los líos en Salud. El expresidente del Tribunal Federal
y actual asesor de la Gobernadora Wanda Vázquez, José A. Fusté, firmó ayer una
demanda para tratar de detener los múltiples traqueteos con fondos y con las
licencias que rigen el trabajo de sobre 4,000 farmacéuticos y 10,000 técnicos
de farmacia en Puerto Rico. La demanda es contra la Oficina de
Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS) y
el secretario de Salud, Lorenzo González.
González no tuvo nada que ver con los traqueteos
multimillonarios en la ORCPS con los fondos de los farmacéuticos y técnicos de farmacias,
ya que apenas tiene dos semanas como secretario, pero se le incluyó en la
demanda como “parte interesada a ser notificada” bajo la Regla 59.5 de
Procedimiento Civil. El esquema data de la época del exsecretario Rafael
Rodríguez Mercado, quien se alega en el documento, permitió los traqueteos.
La demanda es contra Norma Torres Delgado, es
la directora ejecutiva de la ORCPS. Además,
es asesora del actual secretario Lorenzo González. A Torres se le imputa
interferir ilegalmente con la concesión, suspensión o revocación de licencias y
certificados de los profesionales de farmacia, lo cual es ilegal; interferir
con los exámenes de reválida; impedir a la Junta de Farmacia hacer su trabajo;
usurpar poderes y ocultar documentos; y malos manejos de los fondos que farmacéuticos y técnicos de farmacia pagan en cuotas, sellos
y multas. Ese dinero no es del gobierno sino privado. La inmensa
mayoría de los técnicos de farmacia ganan el salario mínimo federal.
Las demandantes son tres miembros de la Junta
de Farmacia que demandaron en su carácter personal, tras años de intentar ir
por vías administrativas para que en Salud detuvieran la corrupción. Las demandantes
son las farmacéuticas María Dueño Palmer y Dayna Quiñones Burgos, que son
presidenta y vicepresidenta de la Junta, y Suzette Montalvo Ruiz, quien
representa a los técnicos de farmacia.
Este nuevo escándalo que enreda aún más al
Departamento de Salud, corrobora la investigación que inició este Blanco y
Negro con Sandra durante el verano
del 2019, y que reactivamos a principios del pasado mes de marzo, cuando
publicamos dos artículos sobre la usurpación
de poderes en la Junta de Farmacia y la evidencia de los líos
de las licencias de profesionales de Salud.
Como parte de la investigación, trascendió que hubo un fraude de sobre
$11 millones en los fondos que pagan los farmacéuticos y técnicos de farmacia, que
data de la administración de Alejandro García Padilla y continuó bajo los
gobierno de Ricardo Rosselló y Wanda Vázquez. También se supo que Torres y dos
abogadas manipularon licencias de profesionales de farmacia, sin serlo. Además,
se reveló que miles de expedientes con información privada –[incluyendo números
de seguro social, direcciones y otros]- que estaban tirados por el piso de la
ORCPS.
La ORCPS está a cargo de reglamentar la educación
continua de todas las entidades de la salud como los médicos, enfermeros,
veterinarios, farmacéuticos, tecnólogos médicos, técnicos de laboratorios
clínicos y otras 22 juntas reglamentadoras de profesionales de la salud.
El pasado
10 de marzo, cuando ya había sospechas de posibles contagios del coronavirus
Covid-19 en Puerto Rico, el exjuez Fusté le envió un correo electrónico a Torres
exigiendo información. La demanda que radicó ayer corrobora todas y cada una de
las dudas planteadas en los correos electrónicos del exjuez Fusté.
En aquel
momento Torres se comunicó con este medio y rechazó las imputaciones, pero
rehusó dar declaraciones.
En la
demanda también se imputa que Torres viola la Ley de Ética Gubernamental impide
a la Junta hacer su trabajo, no mantiene documentos de forma confidencial y se
niega a rendir cuentas. Alegan que Torres depositó los fondos de farmacéuticos
y técnicos de farmacias en otras cuentas de crédito o débito de otras
profesiones como la Junta Examinadora de Empleados de Salud y en el Tribunal
Examinador de Médicos.
También se
alega en la demanda que Torres tiene conflictos de interés porque además de
manejar los fondos de las juntas, es la directora ejecutiva de la junta de
licenciamiento y disciplina médica (antes conocido como el Tribunal Examinador
de Médicos).
“Todo lo
anteriormente aleado ha sido traído ante la consideración de la pasada
administración del exgobernador Ricardo Rosselló. A su vez se ha traído a la
consideración de la anterior administración del Dr. Rafael Rodríguez Mercado,
exsecretario de Salud, habiendo de esa forma dado aviso”, dice la demanda.
Fusté es
parte de un grupo al que también pertenece la exfiscal federal Rosa Emilia Rodríguez,
para asesorar a la gobernadora en el uso adecuado de los millones de fondos que
se espera lleguen a la isla de los programas de vivienda. Creado por la Orden
Ejecutiva (2020-16), ese consejo asesorará para evitar la corrupción en los
programas de Community Development Block Grant (CDBG) y Community Development
Block Grant – Disaster Recovery (CDBG-DR).
En este
caso Fusté es el abogado de defensa de una Junta que imputa actos de corrupción
en Salud.
REFERENCIAS:
- 26 -Julio-2019 Vázquez ignora fraude en Farmacia https://enblancoynegromedia.blogspot.com/2019/07/vazquez-ignora-fraude-en-farmacia.html
- 10-marzo-2020 Usurpación en la Junta de Farmacia https://enblancoynegromedia.blogspot.com/2020/03/usurpacion-en-la-junta-de-farmacia.html
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