Demoledor análisis financiero de Birling Capital, basado en el Plan Certificado, demuestra que la crisis en la UPR fue creada por el partidismo y caos interno, pero tiene solución en la propia universidad
Los
11 recintos de la Universidad de Puerto Rico llevan días en protestas y paro. Los
estudiantes exigen la restitución de la fórmula presupuestaria histórica y la
renuncia de una presidenta quien, a excepción de la gobernadora, nadie más
quiere, Zayira Jordán Conde.
El
reclamo de la comunidad es legítimo, pero el problema es complejo. La crisis de
la Universidad de Puerto Rico no comenzó únicamente con los recortes de la
Junta de Control Fiscal. Esa es la principal conclusión de un análisis financiero
publicado por la firma de asesoría fiscal Birling Capital Advisors, LLC.
El estudio titulado “Reestructurando a la UPR: El gobierno no es el único culpable y la crisis no se resuelve con más dinero”, demuestra que la principal institución educativa en Puerto Rico enfrenta una doble hemorragia: una externa, provocada por la reducción de fondos públicos, y otra interna, causada por una estructura administrativa y laboral que nunca se reformó a tiempo.
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El análisis liderado por el principal oficial ejecutivo de Birling Capital, Francisco Rodríguez Castro, plantea una pregunta difícil que el debate público ha evitado: ¿qué pasaría si el gobierno devolviera ese dinero, pero la institución no ha reformado la estructura interna que convierte cada dólar en margen cero?
La respuesta, según el análisis, es que el problema persistiría.
La Junta de Control Fiscal asfixió a la UPR
El diagnóstico sobre qué provocó el daño externo es innegable. La Ley 2 de 1966 garantizaba a la UPR el 9.6% del promedio de los ingresos del Fondo General de los dos años fiscales anteriores. Era una protección legal que funcionó durante décadas.
Pero, entre los años fiscales
2017 y 2026, la asignación del Fondo General del gobierno a la UPR se desplomó
de $911 millones a $441 millones, lo que representa un drástico recorte del
51.6% en apenas nueve (9) años causado por la Junta de Control Fiscal (JCF).
Pero aun
si el gobierno restaurara hoy la fórmula presupuestaria histórica, la
universidad seguiría atrapada en un modelo operativo que consume prácticamente
todos sus recursos, concluye el estudio.
De haber continuado vigente la Ley 2 de 1966 —la UPR recibiría hoy más de $1,000 millones de los $13,000 millones con los que cuenta el gobierno. En cambio, opera con apenas el 3.4% ($441.2 millones). La JCF ha sido tan letal contra la Universidad que, en junio de 2025, rechazó el presupuesto de la Gobernadora para imponer su propio presupuesto certificado.
"La UPR no tiene un
presupuesto — tiene una camisa de fuerza certificada. Opera con margen neto de
cero... y sin capacidad de reasignar un solo dólar sin permiso escrito de la
Junta", detalla el análisis.
“El problema persistiría”, concluye el análisis.
A pesar de la severidad del recorte externo, el estudio enfatiza la existencia de una "expropiación desde adentro". Los números del presupuesto certificado para el Año Fiscal 2026 demuestran una peligrosa rigidez:
- Nómina y costos laborales:
Absorben $649.7 millones (55.3% del presupuesto).
- Pensiones: Suman
$132.7 millones (11.3%).
- Gastos de capital:
Apenas se destinan $8 millones para repartir entre los once recintos
($727,000 por institución).
De esta forma, la UPR compromete
el 66.6% de sus recursos en nómina y pensiones antes de pagar servicios
básicos como la electricidad, dejando el margen neto final de la institución
exactamente en cero. Expone el estudio que la estructura de personal es para
una universidad que ya no existe.
El informe describe esa situación como una “camisa de fuerza fiscal”, donde la universidad termina cada año con un margen neto de cero.
Crisis interna: desajuste demográfico y laboral
Uno de los puntos más controversiales del análisis gira en torno a la composición del claustro. Según Birling Capital, la UPR mantiene aproximadamente 4,450 profesores para atender una matrícula de 44,233 estudiantes, lo que equivale a 9.9 estudiantes por docente. El promedio de universidades públicas comparables en Estados Unidos ronda los 18 estudiantes por profesor.
La reducción en matrícula — vinculada a la crisis demográfica y migratoria de Puerto Rico — no fue acompañada, según el estudio, por una reducción proporcional en plazas permanentes ni por cambios estructurales en el modelo laboral universitario.
El documento también cuestiona los mecanismos de evaluación académica, las cargas docentes y el peso del sistema de retiro sobre las finanzas institucionales. Estas afirmaciones podrían generar fuerte rechazo dentro de sectores universitarios, particularmente porque el análisis sostiene que muchas de estas prácticas llevan décadas sin revisarse. "Las implicaciones fiscales no son teóricas", concluye el análisis
Aun así, el informe reconoce que la Junta de Control Fiscal profundizó la fragilidad institucional al eliminar la fórmula establecida por la Ley 2 de 1966, que garantizaba a la UPR el 9.6% del promedio de ingresos del Fondo General. Si esa fórmula siguiera vigente, la universidad estaría recibiendo hoy más de mil millones de dólares anuales.
El análisis también critica el modelo político de gobernanza universitaria. Según el documento, la presidencia de la UPR y la Junta de Gobierno continúan excesivamente expuestas a los cambios partidistas, convirtiendo la universidad en un espacio vulnerable al patronazgo político y a las pugnas electorales.
Compara las privadas con la UPR, que la más barata y la más
frágil
Con un costo anual de $5,324, la UPR cobra el 44.6% de lo que cuesta una universidad pública promedio en EE.UU. ($11,950) . El estudio también expresa que la UPR, es incluso más económica que las universidades privadas de Puerto Rico (que oscilan entre $5,780 y $6,920 anuales).
|
Institución / Parámetro |
Matrícula Anual |
Diferencia vs. UPR |
|
Universidad de Puerto Rico (UPR) |
$5,324 |
|
|
Universidad Interamericana Metro |
$5,780 |
+$456 |
|
Universidad del Sagrado Corazón |
$6,410 |
+$1,086 |
|
Universidad Ana G. Méndez |
$6,920 |
+$1,596 |
|
Promedio Univ. Pública EE.UU. |
$11,950 |
+$6,626 |
Mientras las universidades
privadas locales generan entre el 65% y 75% de sus ingresos mediante la
matrícula, en la UPR este renglón representa apenas el 13.8% de su presupuesto.
El estudio propone que un ajuste gradual de la matrícula a $8,000 anuales
inyectaría entre $45 y $50 millones de dólares adicionales al año. Este
incremento estaría protegido por los $214 millones ya acumulados en el fondo de
becas de la Ley 4-2022, garantizando el acceso a estudiantes de bajos recursos
El problema de gobernanza: diseñada para ser política
Otro problema en la UPR es la gobernanza interna. Señala el documento que la UPR "está diseñada para ser política".
La Junta de Gobierno es nombrada por el Gobernador. La presidencia institucional es, en la práctica, un cargo de confianza de la administración de turno. Cada cambio electoral trae el riesgo de una purga institucional.
"La UPR es demasiado valiosa como herramienta de patronazgo — empleos, contratos, influencia académica — para que los partidos la suelten voluntariamente", concluye el documento, que menciona el Proyecto de la Cámara 880 — el que los estudiantes exigen que avance — como una reforma de gobernanza cuya dirección es correcta, pero cuya aprobación depende de si existe voluntad política para reducir el poder de los propios legisladores sobre la institución.
Propuestas para detener el desangre la UPR
Como alternativa, Birling Capital propone una reestructuración en tres fases que pueden durar hasta 15 años en completarse e incluyen reformas laborales y consolidación de recintos; aumento gradual de ingresos mediante matrícula, alianzas y transferencia tecnológica; y finalmente una autonomía institucional basada en diversificación económica y menor dependencia del Estado.
Entre
las propuestas más polémicas figura el cierre de los recintos. En detalle lo
que recomienda es : 1) consolidar el sistema en tres universidades plenas de
investigación (Río Piedras, Mayagüez y Ponce, más Ciencias Médicas), 2) transformar
cuatro recintos en colegios de acceso de dos años (Bayamón, Arecibo, Cayey y
Humacao) y 3) cerrar definitivamente
tres recintos (Utuado, Aguadilla y Carolina) absorbiendo a su alumnado
El informe concluye con una advertencia contundente: Puerto Rico no podrá construir una economía basada en conocimiento mientras su principal universidad pública continúe atrapada entre la austeridad externa y la inmovilidad interna.
“La expropiación desde afuera es real”, sostiene el análisis. “Pero la expropiación desde adentro — estructural, contractual e institucional — es el escándalo que nadie nombra”.
El Análisis Transformacional concluye con una fuerte advertencia a la sociedad puertorriqueña: ignorar la crisis interna por conveniencia política o estudiantil no es defender a la universidad; es complicidad. Puerto Rico no puede aspirar al desarrollo económico sobre una universidad en ruinas, pero tampoco puede hacerlo bajo la ficción de culpar exclusivamente a los de afuera.
El análisis advierte que Puerto Rico no puede
construir una economía del conocimiento sobre las ruinas de su única
universidad de investigación, pero tampoco puede hacerlo "sobre la ficción
de que los problemas de la universidad son culpa exclusiva de otros".
La pregunta final que plantea no es económica — es civilizacional: "¿Puede Puerto Rico permitirse no hacer esta reforma?" Y responde con una imagen concreta: cada cerebro que emigró, cada empresa que eligió otra isla, cada paciente atendido por un sistema sostenido por profesionales que la UPR formó con un presupuesto que el gobierno decidió recortar a la mitad — mientras la institución miraba para otro lado.
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