El Oeste bajo fuego federal: organización criminal vinculada a asesinatos y lavado de dinero fue arrestada ayer, vincula a empresarios que hicieron campaña por la gobernadora
Jennifer González hizo parte de su campaña política en vehículos que, se alega, fueron incautados en el operativo federal de ayer.
Una serie de vídeos en poder del espacio En
Blanco y Negro con Sandra ha puesto bajo la lupa la relación entre la
gobernadora Jennifer González y su campaña electoral utilizando vehículos que
se alega que están vinculados a un esquema criminal de gran escala. Este
hallazgo coincide con el operativo masivo que las autoridades federales
(específicamente el FBI y el HSI) ejecutaron ayer en la zona oeste de Puerto
Rico.
Siendo candidata, la gobernadora González
aparece en un vídeo manejando un camión Kenworth, del hoy administrador de los
residenciales de Aguada y Mayagüez, Edwin Tirado Berrios, quien es un
comerciante de las marcas Don Frappe. El camión lleva en la parte de atrás un
vehículo Mazda rotativo RX7 que pertenece a la colección de carros del dueño
del negocio Don Frappe.
La periodista Carmen Enid Acevedo dio a
conocer que el dueño de ese camión tiene contratos para administrar
residenciales públicos en la zona oeste y que recibió tres contratos desde
abril de 2025, dos meses y medio después de que González llegó a La Fortaleza.
Ayer la gobernadora dijo “no conozco el caso”, sobre la adjudicación a la
empresa de Tirado Berrios, un donante a sus campañas políticas, tan reciente
como en agosto de este año.
En otro vídeo de noviembre del 2024, un
productor de contenido en redes - Alejandro Martínez - entrevistó a “Nano”
sobre su colección de autos Hot Rods que en aquel momento sumaban 12, entre
ellos vehículos de los años 30.
Ayer, como parte del operativo de las
autoridades federales, se confiscaron 23 vehículos, 10 armas de fuego y un kilo
de cocaína. También incautaron una lancha de 55 pies Viking del 2002; otra de
38 pies Boston Whaler y cuatro propiedades entre Aguada, Añasco y El Combate en
Cabo Rojo.
ARRESTOS DE AYER
El escándalo, que ha dejado atónita a la
región, no se limita a un negocio local, sino que apunta a una estructura
criminal compleja bajo la mira de la Ley RICO. Ayer hubo seis arrestos
federales de sujetos acusados por un Gran Jurado de pertenecer a una red
internacional de narcotraficantes con sede en Añasco y tentáculos en Colombia,
Venezuela y República Dominicana. Se radicaron cargos relacionados con crimen
organizado, asesinatos, narcotráfico, lavado de dinero y violaciones a leyes de
armas de fuego, entre otros.
Ayer los agentes federales diligenciaron
múltiples órdenes de arresto en Añasco, Mayagüez y Rincón. El objetivo
principal era detener una organización criminal transnacional acusada de
utilizar comercios emblemáticos como fachada para sus operaciones.
Entre los detenidos destaca Manuel “Nano” Antonio Valentín Vega, hijo del exalcalde del Partido Popular Democrático de Añasco, Antonio Valentín. Se le acusó de ordenar el asesinato de varias sujetos identificados por él como quien ordenó su secuestro en el 2020. Uno de los incidentes culminó con la vida de una mujer y su hija de ocho años.
Además, a Valentín Vega se le vincula
directamente con la administración de los reconocidos establecimientos de la
zona oeste, Don Frappe y Don Maceta, puntos de referencia turística en la
carretera PR-2. La gerencia de ambos negocios se distanció de la noticia.
Ayer la gerencia de Don Frappe y Don Maceta
precisó en declaraciones escritas que no guardan relación con el operativo
federal realizado en Añasco, mediante el cual las autoridades presentaron
cargos contra una presunta organización criminal vinculada a narcotráfico,
asesinatos y lavado de dinero. Lamentaron lo que describieron como “comentarios
difamatorios y falsos” difundidos en redes sociales tras el operativo federal
realizado en el municipio.
También expresaron que estas noticias “afectan
no solamente la reputación de un empresario, sino también la estabilidad de
empleados, familias y pequeños comerciantes que dependen directamente de estas
operaciones”.
Pero no aclararon en sus declaraciones
escritas el rol o vínculo de los vehículos Mazda rotativos utilizados en la
campaña política de la hoy gobernadora González. Tampoco explican la relación
política de la empresa con el gobierno actual.
En el interín, se destaca que para la Fiscalía
federal, el caso de ayer es importante. “Esta acusación no solo alega crímenes
violentos, sino también que estos delitos fueron cometidos abierta y
descaradamente, y que miembros inocentes de la comunidad fueron asesinados”,
dijo el jefe de fiscalía federal, Stephen Muldrow, en conferencia de prensa.
CARGOS FEDERALES
La acusación federal de ayer fue contundente.
Bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influyentes por el Crimen Organizado
(RICO), los implicados enfrentan cargos por narcotráfico y tráfico de armas,
lavado de dinero a través de negocios de alto flujo de efectivo, y por
asesinatos vinculados a la lucha por el control del territorio en el Oeste.
Según la acusación federal, los imputados
formaban parte de una organización criminal transnacional con base en Añasco,
denominada “la Empresa”, dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y actos
violentos.
Los acusados fueron identificados como Manuel
Antonio Valentín Vega, alias “Nano” y “El Viejo”; Rafael Ángel Ruiz Garcés,
alias “Pito Rancho”, “Pito” y “El Flaco”; César Carrero Martínez, alias
“Waldy”; Jonathan Hernández Ruiz, alias “Tan”; Luis Irizarry Zapata, alias
“Luijo”; y Luis Rivera Quiñones, alias “Nino”.
Entre los asesinatos incluidos en la acusación
figuran los de una mujer y su hija de 8 años, ocurridos el 21 de mayo de 2020
en Añasco. También se incluyen asesinatos ocurridos en Mayagüez, otros hechos
en Puerto Rico y el asesinato de una persona el 14 de abril de 2022 en el
Distrito Medio de Florida De ser encontrados culpables, los acusados enfrentan
hasta cadena perpetua. Valentín Vega e Irizarry Zapata podrían enfrentar la
pena de muerte.
Las autoridades federales alegan que la
organización coordinaba cargamentos de cocaína desde Venezuela, Colombia y
República Dominicana hacia Puerto Rico, mediante embarcaciones, para luego
enviar droga al territorio continental de Estados Unidos. De ser hallados
culpables, algunos de los acusados podrían enfrentar cadena perpetua y, en
ciertos casos, la pena de muerte.
A pesar de la contundencia de la evidencia
visual y las acusaciones federales, a todos los implicados les asiste la
presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en un juicio. Sin
embargo, el vínculo entre el motor del crimen en el oeste y el motor de la
campaña de la gobernadora es hoy una mancha imposible de ignorar.
No comments:
Post a Comment