Nexos entre el Westernbank la ciclovía de Rincón

 Organización cívica denuncia que la empresa Tamrio, que construye un paseo ciclista en Rincón, está vinculada al colapso del Westernbank

Una empresa que estuvo en el centro de uno de los escándalos financieros más devastadores de la historia de Puerto Rico, hoy recibe fondos públicos para una ciclovía, y está imputada de emplear tácticas de intimidación contra ciudadanos que se atreven a alzar la voz en Rincón. Esta es la denuncia que hace Paseo Responsable, una coalición de organizaciones, negocios y ciudadanos del pueblo de Rincón que se oponen a la construcción del paseo ciclista y peatonal.

Se trata de la empresa Tamrio, que según los ciudadanos, es la que construye la ciclovía que tanta polémica ha causado en Rincón.  Denuncian que empleados de esta empresa son los que intentan intimidar a los residentes, transportan maquinarias pesadas, cierran calles, cortan árboles frente a sus casas y movilizan a la policía en contra de manifestantes.

“Están cortando aquí los árboles sin notificar a la gente del barrio, sin tener una arborista presente, y muchas otras cosas. Meten buldozers, y tumban árboles, pero no quieren dar explicaciones”, sostienen los portavoces de Paseo Responsable en un comunicado.

Tamrio continúa recibiendo contratos financiados con fondos federales, lo que genera serias dudas entre los manifestantes sobre los procesos de evaluación, la rendición de cuentas y la ética en la contratación pública en Puerto Rico. No fue posible obtener una reacción de algún portavoz de Tamrio.

Según la comunidad, el fundador de Tamrio se relaciona al dúo Del Río Tamboer, que jugó un papel directo en la caída del Westernbank, según investigaciones federales. La FDIC calificó las acciones de miembros de la junta directiva de ese banco como una negligencia grave, incluyendo un préstamo de $12 millones que se otorgó a sí mismo para una transacción inmobiliaria mientras ejercía como director.

EL CIERRE DEL WESTERNBANK 

El cierre del Westernbank es uno de los capítulos más nefastos en la economía puertorriqueña y fue el momento que aceleró la actual crisis fiscal del país. En un mismo día, el 30 de abril de 2010, el FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) ordenó el cierre de tres instituciones bancarias por casos de fraude. Se trató de los bancos Westernbank, R-G Premier Bank y Eurobank. El Banco Popular adquirió Westernbank, Scotiabank al RG Premier Bank y Eurobank pasó a Oriental Bank. Cinco años después cerró el Doral Bank que pasó a ser parte de Popular.

Westernbank fue un banco que creció en la zona oeste y ayudó a múltiples negocios en toda la zona. Pero tuvo que cerrar por una combinación de factores, incluyendo una estafa millonaria y una gestión deficiente que llevaron a la insolvencia del banco. Tuvieron sobre $100 millones en pérdidas, y en el 2022 el empresario Jack Kachkar que había defraudado al Westenbank, finalmente fue sentenciado a 30 años de cárcel, según reportó EN BLANCO Y NEGRO.

RELACIÓN DE TAMRIO Y LA CICLOVÍA

Desde hace varias semanas se han intensificado las protestas porque el municipio de Rincón y el gobierno central permiten la tala indiscriminada de árboles y la construcción de una ciclovía cuyos permisos son de hace 20 años. Por la erosión en la zona causada por huracanes y terremotos, la ciclovía viola la zona marítimo terrestre y representa una amenaza al ambiente. Por eso la oposición de la comunidad.

El alcalde Carlos López Bonilla, impulsa la construcción, pero no ha dado cara ante la prensa. El lunes, este medio dio a conocer que el alcalde pidió una orden de protección alegando que como envejeciente, se siente amenazado por un ciudadano que acudió a la alcaldía preguntando sobre la ciclovía.

En las últimas semanas, más de 3,000 personas participaron en una marcha en defensa de las costas. Entre los manifestantes se encontraban ciclistas y miembros de la comunidad de Rincón que caminaron pacíficamente por el sendero natural que ahora se encuentra amenazado por el proyecto Paseo. Comerciantes locales también se han manifestado, apoyando el reclamo por un deslinde justo y actualizado, advirtiendo que la destrucción de los ecosistemas costeros podría afectar tanto al medio ambiente como a la economía turística de Rincón.

“El problema va más allá de un solo proyecto. Lo que está en juego no es solo este proyecto. El caso contra Tamrio revela un patrón más amplio de corrupción sin control, negligencia ambiental y erosión de la confianza pública. Desde bancos colapsados hasta muros de concreto en la costa, los mismos actores siguen operando con impunidad, mientras las comunidades se ven obligadas a cargar con las consecuencias”, expresan en el comunicado de prensa.

El viernes 28 de marzo hay una audiencia de interdicto sobre este proyecto, pero la comunidad se queja de que la empresa Tamrio cuenta con el respaldo visible de la Policía de Puerto Rico, incluyendo el preocupante despliegue de la Fuerza de Choque.

“Este uso alarmante de fuerza estatal para proteger a un contratista privado solo ha profundizado la desconfianza pública. Aún más preocupante, una carta recientemente descubierta revela que, antes de que comenzaran las manifestaciones públicas, Tamrio ya había solicitado que agentes de la policía municipal de Rincón realizaran patrullajes dos veces al día frente a sus contenedores y firmaran una bitácora privada—una extralimitación clara y una posible violación de la ley, que difumina peligrosamente la línea entre el servicio público y la seguridad privada”, añaden en el comunicado.

Sostiene en la comunidad que el hecho de que este acuerdo se haya solicitado proactivamente, antes de cualquier resistencia pública, levanta serias dudas sobre la influencia de Tamrio sobre las autoridades locales y el esfuerzo coordinado por suprimir la disidencia.

TRADFONDO DE LA POLÉMICA

La polémica en Rincón se debe a el proyecto del Paseo Ciclista y Peatonal se basa en un deslinde que ya ha sido impugnado legalmente. El proyecto incluye deforestación y la construcción de un muro de concreto dentro de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT), un área de dominio público legalmente protegida. Esto representa una seria amenaza para los ecosistemas marinos de la región, incluyendo la Reserva Marina Tres Palmas, y también podría destruir la economía local de Rincón, donde más del 60% de los empleos están vinculados directamente al turismo costero.

Una Resolución del Senado (R. del S. 73) exige ahora que la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (ACT) entregue pruebas de un deslinde aprobado oficialmente y documentación del endoso por parte del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los EE. UU. (USFWS). Ninguno de esos documentos aparece en el registro público.

La resolución también autoriza la celebración de vistas públicas e inspecciones en el lugar, otorgando a la ACT 15 días laborables para presentar la documentación requerida.

Mientras tanto, la batalla legal continúa. Una audiencia que originalmente estaba programada para el 21 de marzo ha sido reprogramada para el 28 de marzo en el tribunal de Aguadilla. El caso ahora incluye una moción para responsabilizar personalmente a los ingenieros de la ACT, conforme al Artículo 14.1 de la Ley 161 de Puerto Rico, señalando múltiples violaciones en los permisos y procedimientos.