El empresario que se aprovechó de los beneficios de la Ley 20 y que fue acusado por autoridades federales de cometer fraude de casi $100 millones, mantiene su corporación activa con legitimación ante el gobierno de Puerto Rico, a pesar de que viola la ley y no ha sometido informes financieros recientes.
Una búsqueda de la empresa F9 Advertising LLC
en el Registro de Corporaciones del Departamento de Estado reveló que incumplió
con el requisito de ley de presentar los informes financieros para los años
2017 y 2018. La empresa estaba registrada desde el 2014 y se mantiene como activa
con el número de registro 339042.
El pasado jueves 16 de mayo, el empresario identificado
como Gopalkrishna
Pai, fue arrestado por agentes del Negociado Federal de Investigaciones
(FBI) tras imputársele un amplio esquema fraudulento ascendente a $98 millones.
Esto se dio a conocer en una rueda de prensa por parte de la jefa de la
Fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez; junto al director del FBI en Puerto
Rico, Douglass Leff; el fiscal encargado del caso, Seth Erbe; y otros
funcionarios.
Pai,
quien es indio pero tiene la ciudadanía estadounidense fue acusado de lavado de dinero, conspirar para
cometer fraude electrónico y bancario, y robo de identidad agravado. Fue arrestado
en Texas.
Su empresa F9 Advertising LLC aparece
registrada con una dirección postal y física ubicada en el lujoso complejo
Palmas del Mar en Humacao. Según el Registro, aparece en la dirección 10 Palmas
Drive en Humacao, y el agente residente se identifica como Lance Talkington.
Al fía de hoy, el Departamento de Estado de
Puerto Rico mantiene en sus registros de corporaciones a la empresa intervenida
como una activa. Esto, a pesar de estar en abierta violación de ley al no haber
sometido los informes financieros. Hay que cuestionar si la empresa o cualquier
otro de los negocios fraudulentos de Pai mantienen vínculos con entidades
estatales o si están registradas para operar en Puerto Rico, lo que plantea la
duda de dónde está la fiscalización del gobierno estatal.
Si esto ocurrió con una empresa que llegó a
Puerto Rico atraído por los incentivos contributivos de la Ley 20-2014, habría
que cuestionar cuántas otras compañías pudieran estar cometiendo ilegalidades sin
que el gobierno local actúe.
El jefe del FBI en la isla, Leff, indicó a la
prensa la semana pasada que las leyes 20 y 22 sobre incentivos contributivos
aumentan la vulnerabilidad de Puerto Rico a esquemas de lavado de dinero por
varios factores como la proximidad con Suramérica y la ausencia de un sinnúmero
de agencias federales que normalmente monitorean las instituciones financieras
en el resto de los Estados Unidos, según expresó la semana pasada a la prensa Leff.
Según datos del
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), dicha agencia ha
aprobado 1,591 beneficiarios de la Ley 20, así como 2,312 beneficiarios de la
Ley 22 entre año 2012 y el 2019.
Las leyes 20 y 22 sobre incentivos
contributivos aumentan la vulnerabilidad de Puerto Rico a esquemas de lavado de
dinero por varios factores como la proximidad con Suramérica y la ausencia de un
sinnúmero de agencias federales que normalmente monitorean las instituciones
financieras en el resto de los Estados Unidos. Según datos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC),
dicha agencia ha aprobado 1,591 beneficiarios de la Ley 20, así como 2,312
beneficiarios de la Ley 22 entre año 2012 y el 2019.
A través de su empresa F9 Advertising LLC, Pai vendía
productos de belleza y cuidado personal por internet utilizando un modelo de
mercadeo de opción negativa (“negative option marketing”). El se aprovechó de los
beneficios de la Ley 20-2012, estatuto que ofrece a las empresas que se
establezcan u obtengan autorización para hacer negocios en Puerto Rico la
oportunidad de conseguir un decreto de exención contributiva para exportar
servicios desde la Isla.
Según informó Rodríguez tras el arresto la
semana pasada, Pai conspiró, ideó y participó en un plan para estafar a varios
procesadores comerciales y a otros mediante el envío de información falsa y
documentación falsificada para crear cuentas comerciales a nombre de compañías
fantasmas. Hacía todo eso para procesar tarjetas de crédito y pagos
electrónicos para enriquecerse ilegalmente. Los hechos ocurrieron desde mayo de
2014 hasta octubre de 2018.
Pai creó más de 100 empresas fantasmas para
facilitar el procesamiento de alrededor de $98 millones en ingresos brutos en
ventas por internet, de los cuales generó $7 millones en ganancias, según se
informó durante la conferencia. Pai obtuvo Números de Identificación Patronal
individuales del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para cada una de las
compañías fantasmas y abrió cuentas bancarias comerciales individuales bajo su
control. Luego se crearon documentos falsos que se enviaron a los procesadores
comerciales para crear cuentas de comerciantes y así procesar las ventas en
línea y poder disfrazar su participación.
Luego se crearon documentos falsos y se
enviaron a los procesadores comerciales, que son empresas que prestan servicios
a otras compañías para procesar pagos electrónicos, incluidos, entre otros, los
pagos con tarjeta de crédito. Estas empresas incluyen a Humboldt
Merchant Services (Humboldt); Paysafe Group Limited (Paysafe); Global Merchant
Advisors (Global) y Merchant Payment Acceptance Corp. (PayKings).
De ser hallado culpable,
Pai se enfrenta hasta 20 años en prisión por los cargos de conspiración, fraude
electrónico y bancario. También
se expone a dos años por cada cargo de robo de identidad agravado y hasta 10
años por lavado de dinero.
La fiscalía federal indicó
que el hombre mantenía una residencia en Bayamón.
Además de la acusación a nivel federal, existe
otra demanda civil en la Corte de Puerto Rico por parte de la Federal Trade
Commission (FDT) en contra de Pai, por las ventas en línea.
La compañía F9 se
dedicaba a la venta de productos para el cuidado personal, como cremas para la
piel, a través de Internet utilizando un modelo de mercado conocido como
"de opción negativa".
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