Mas allá de Sol y Playa: el imperio de los Pierluisi

La familia del gobernador Pedro Pierluisi objeto de allanamiento por autoridades federales posee una serie de propiedades cercanas al controversial proyecto Sol y Playa en Rincón.

Imagen del Portal de Catastro Digital del CRIM donde ubican las dos propiedades

Sol y Playa. Pierlusi, Urrutia y Rincón. Los primos del gobernador Pedro Pierluisi cuyas oficinas y casa fueron allanadas en un operativo federal el jueves en un caso por posible soborno, lavado de dinero y declaraciones falsas, coinciden también en otro lugar donde ha habido controversias: la playa Los Almendros en el municipio de Rincón.

Además de poseer apartamentos en el condominio Sol y Playa, donde por más de un año hubo protestas por la construcción de una piscina en la zona marítimo terrestre que el Tribunal Supremo determinó que era ilegal, los Pierluisi poseen también varias propiedades aledañas en la zona de Calvache.

A través de un fideicomiso, tienen tres propiedades en el condominio Pelican Reaf. Las tres propiedades, que según los vecinos se trata de apartamentos, fueron adquiridos el mismo día tres de marzo de 2005 y a esa fecha, hace 17 años, estaban valoradas en cerca de medio millón de dólares, según se desprende de una búsqueda en el registro y mapas de catastro del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM). Se trata de la Parcela #125-000-006-64.

Las propiedades aparecen bajo el nombre de Fideicomiso Pierluisi González-Coya, pero según vecinos de la zona, las tres pertenecen a Walter Pierluisi Isern y su esposa, Marcia González-Coya.

Una de las propiedades (folio 9381) fue adquirida por $160,000, otra (folio 9379) costó $153,000 y la tercera, (folio 9380) también fue adquirida por $153,000.

Pero también aparece una cuarta propiedad que fue adquirida por Carlos M. Urrutia Ferrer. Esta otra propiedad (folio 9354) fue adquirida el cinco de septiembre del 2005 por $225,000. Los apellidos del gobernador son Pierluisi Urrutia.

Walter Pierluisi Isern y su hermano Eduardo, tuvieron papeles protagonistas en la campaña electoral de su primo Pedro Pierluisi Urrutia. Walter era el director político en el equipo de la campaña electoral. En ese rol respondía a las directrices de la directora de campaña, su prima, y hermana del ahora gobernador, Caridad Pierluisi.

De izquierda a derecha: Walter, Eduardo y Pedro Pierluisi.

Mientras que Eduardo Pierluisi Isern, hermano de Walter Pierluisi y primo del gobernador y de la primera dama, también trabajó en el comité de campaña del hoy gobernador en calidad de director de operaciones de campo en las primarias, y luego director de avanzada en la elección general. Como paso con Walter, Eduardo también fue allanado por los federales.

El jueves, agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés) y la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Vivienda federal (HUD), diligenciaron una orden en el 1541 de la calle Ponce de León, San Juan, donde ubica tanto el bufete Pierluisi Isern Law Office PSC, como la sede de American Management & Administration, Corp. (AMAC). Los hermanos Walter y Eduardo trabajan allí. Como parte del allanamiento, los teléfonos celulares de los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern fueron ocupados.

AMAC ha tenido contratos con el gobierno para administrar residenciales públicos desde el 1995. Al momento, esa empresa administra 34 residenciales bajo un contrato de $4.5 millones que sigue vigente hasta el 2023, según dio a conocer públicamente el administrador de Vivienda Pública, Alejandro Salgado Colón. AMAC además tiene otro contrato con esa agencia por $150,000 para administrar refugios que puedan ser necesarios por huracanes u otros desastres.

Un informe de 2003 de la Oficina del Inspector General criticó el proceso de adjudicación de los contratos y los costos de varios administradores de residenciales, incluyendo a AMAC.  Todos los contratistas tuvieron un aumento injustificado en la tarifa por unidad administrada entre su contrato de 1997 y el de 2000.

A AMAC le duplicaron la tarifa entre contrato y contrato. El proceso cuestionado ocurrió cuando el administrador de Vivienda Pública de la Administración Pedro Rosselló era John Blakeman Ortiz, quien ahora es un testigo cooperador de las agencias federales con un acuerdo formalizado en el caso de contribuciones políticas ilegales para la campaña de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced. 

Condominio Sol y Playa en Rincón