La organización de Adjuntas
plantea abrir un mercado de compraventa de electricidad solar distribuida, con
un precio de referencia de 7 a 8 centavos por kilovatio-hora, para abaratar la
factura y generar ingresos en las comunidades
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| Microrredes Casa Pueblo y Plaza de la Independencia Energética (Suministrada) Publicado en Substack |
Ante la crisis por lo caro y el
mal servicio eléctrico en Puerto Rico, Casa Pueblo de Adjuntas presentó la
propuesta Puerto Rico Pueblo Solar, un plan que busca transformar los
techos de hogares, comercios y estacionamientos en generadores de electricidad
que puedan vender su producción a la red, en lugar de limitarse al autoconsumo
bajo el esquema de medición neta.
La iniciativa, que lleva la firma del doctor Arturo Massol Deyá, director ejecutivo de Casa Pueblo y del Laboratorio Comunitario para la Transición Energética, parte de un diagnóstico conocido. Puerto Rico tiene, después de Hawái, las tarifas eléctricas más altas de todos los Estados Unidos y sus territorios. Según el documento, de una tarifa de aproximadamente 34 centavos por kilovatio-hora (kWh), unos 17 corresponden al costo de combustibles fósiles. “El sol es un combustible limpio que cuesta $0.00”, plantea la organización en el documento.
UN MERCADO ABIERTO DE COMPRAVENTA
El eje de la propuesta es la
creación de un mercado regulado donde hogares, comunidades y negocios con
capacidad excedente puedan venderla a un precio de referencia de 7 a 8 centavos
por kWh, sujeto a las condiciones técnicas y económicas de cada modalidad de
interconexión. Casa Pueblo sostiene que ese costo es 2.5 veces menor que el
ajuste por combustible actual, renglón que representa cerca de la mitad de la
tarifa mensual.
Para el dueño de un
estacionamiento, por ejemplo, la solarización de su techo pasaría a ser una
fuente de ingresos. “Que los abonados decidan qué fuente disponible quieren que
el operador de la red eléctrica les despache a sus restaurantes, hoteles, casas
o apartamentos de condominio”, afirmó Massol Deyá.
La organización argumenta que
Puerto Rico no parte de cero. Unos 261,000 hogares, cerca del 16% de las
viviendas, producen energía solar para autoconsumo. La capacidad solar
distribuida instalada en techos alcanza aproximadamente 1,456 megavatios (MW),
según datos de diciembre de 2025 de la Administración de Información de Energía
de Estados Unidos (EIA, por sus siglas en inglés) citados en la propuesta. Esa
cifra supera la capacidad instalada de gas natural (1,391 MW) y triplica la de
carbón (454 MW), aunque queda por debajo de la de petróleo, que suma 3,671 MW.
LOS 6 COMPONENTES
Además del mercado de
compraventa, la propuesta plantea seis áreas principales:
- Contribución para la red: una fracción regulada de los ingresos por venta de energía se
destinaría al mantenimiento y la modernización de la red de distribución,
de modo que quienes más venden aporten más.
- Modernización de la red: LUMA Energy, o el operador de turno, tendría que adecuar su
infraestructura, protocolos de interconexión y sistemas de control. El
documento afirma que este operador “tiene dinero asignado de sobra y sin
utilizar” y pide resolver los límites de voltaje que, en ocasiones,
desconectan los sistemas e impiden exportar energía.
- Tarifa diurna diferenciada: una tarifa más económica durante las horas de sol, revisada
trimestralmente por el Negociado de Energía, que beneficiaría también a
quienes no tienen paneles.
- Nuevo rol para Genera PR: las centrales termoeléctricas pasarían a ofrecer generación de
respaldo, temporera y de contingencia.
- Revisión del modelo de distribución: si LUMA no puede administrar una red abierta y moderna, la
propuesta plantea reconsiderar la privatización de la transmisión y
distribución, incluso mediante un modelo de titularidad y operación
pública sin fines de lucro.
- Participación de quienes no tienen techo: se facilitarían proyectos de generación comunitaria, cooperativas
energéticas y acuerdos de participación en ingresos de instalaciones
compartidas.
CRÍTICAS A LOS CONTRATOS DE
FINCAS SOLARES
La propuesta también cuestiona
los contratos otorgados a proyectos de gran escala. Según Casa Pueblo, comprar
energía a productores comunitarios resultaría más económico que los acuerdos
con fincas solares y de viento, pactados a entre 16 y 18 centavos por kWh, a
los que califica de “usureros”.
Señala, además, que esos
proyectos suelen ubicarse sobre terrenos agrícolas o cerca de comunidades. En
su lugar, apunta a los techos residenciales, comerciales e industriales, un
potencial que, según el documento, han evaluado investigadores de la Universidad
de Puerto Rico en Mayagüez y el proyecto PR100 del Departamento de Energía
federal.
Hasta ahora, ni LUMA Energy, ni
Genera PR ni el Negociado de Energía han reaccionado públicamente a la
propuesta. Sus posturas recientes sobre la generación distribuida apuntan, sin
embargo, a puntos de fricción.
En junio de 2025, LUMA pidió al Negociado que aprobara “tan pronto sea posible” una revisión de las reglas para sistemas solares en residencias y comercios, con parámetros uniformes para limitar la energía que inyectan a la red cuando hay desviaciones de voltaje o frecuencia, lo que afectaría el crédito que reciben esos clientes. El consorcio propuso que esas limitaciones fueran obligatorias en circuitos donde la penetración de generación supere el 30% de la capacidad del alimentador. La industria solar ha denunciado que esos cambios podrían limitar la capacidad de los clientes de exportar energía y recibir sus créditos de medición neta. Ese choque es difícil de separar de la propuesta de Casa Pueblo, que exige precisamente que se resuelvan los límites de voltaje que desconectan sistemas.
El 27 de octubre, LUMA pronosticó
apagones selectivos por la pérdida de la unidad 5 de San Juan y de generadores
de ciclo combinado de Aguirre, ambas de la flota de Genera PR. Ese contexto
plantea una pregunta de fondo: si las termoeléctricas pasan a ser generación de
respaldo, como propone Casa Pueblo, quién garantiza el suministro en horas sin
sol y con qué nivel de almacenamiento.
RESILIENCIA Y DESARROLLO
ECONÓMICO
Pero, ante todo, Casa Pueblo
presenta el plan como una estrategia de desarrollo económico y de lucha contra
la pobreza, al convertir la electricidad “de gasto a ingreso” y permitir que el
dinero que hoy sale del país para comprar combustibles circule localmente.
La organización de base
comunitaria también lo plantea como una apuesta por la resiliencia: tras el
huracán María, comunidades enteras pasaron meses sin servicio, y la generación
en el punto de consumo, mediante microrredes con almacenamiento, permitiría
mantener servicios esenciales cuando falle la red centralizada.
“Ponemos a disposición del país
el conocimiento y la pericia del Laboratorio Comunitario para la Transición
Energética, para adelantar esta conversación e implementar los cambios que se
necesitan ahora”, expresó Massol Deyá. “No se trata solamente de producir
electricidad más barata, sino de construir un sistema energético más fuerte,
seguro, participativo y democrático”.
Las personas interesadas en
leer la propuesta pueden solicitarla por correo electrónico a info@casapueblo.org.
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