Secretario anuncia investigación en la cárcel de Bayamón

 Corrección responde a denuncia de un confinado que habló de persecución institucional y teme por su vida: “Esto es una mafia peor que Bukele” (AUDIO)

“Esto es una mafia peor que Bukele”. De esa manera describió un confinado el maltrato a los presos en la Cárcel Regional de Bayamón, donde no sólo los golpean y encierran injustamente en solitaria, sino que el personal del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) les impone querellas y sanciones para afectar su proceso de salir en libertad.

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“Temo por mi vida”, añadió varias veces el confinado como parte de unas denuncias que hizo al aire ayer en el programa de radial EN BLANCO Y NEGRO CON SANDRA. El nombre del confinado se reserva porque su vida está en riesgo. Ante las contundentes denuncias que hizo el hombre al aire, el secretario de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones, anunció que ordenó de inmediato una pesquisa.

“Advengo en conocimiento de un audio en el que una persona identificada como confinado hace unos señalamientos muy serios. Ordené al fiscal Pedro Vargas, secretario auxiliar de asuntos legales e investigativos, que realice una investigación sobre todos los mencionados o implicados. Como instructor de derechos civiles en la Policía y como exjuez no voy a permitir que nadie violente los derechos de las personas bajo nuestra custodia, manifestó en declaraciones a través de un mensaje de celular”, dijo Quiñones en declaraciones escritas.

Secretario de Corrección, Francisco Quiñones

El confinado denunció en la entrevista radial haber sido víctima de represalias, amenazas y querellas fabricadas por parte de altos funcionarios del Corrección luego de reclamar sus derechos.

ACOSO A LOS PRESOS EN BAYAMÓN

En una conversación telefónica desde prisión, el reo —cuya identidad permanece reservada por razones de seguridad— reveló el ambiente de acoso sistemático que enfrenta.

“Los que estamos haciéndolo bien, que nos comportamos, que no usamos drogas… somos los más perseguidos”, afirmó. Según explicó, la persecución comenzó tras elevar un reclamo de derechos ante la subsecretaria del DCR, Inés Pérez. Poco después, asegura, fue amenazado por altos mandos, se le radicó una querella fraudulenta y su plan institucional fue saboteado.

“Fui amenazado. Me hicieron una querella fraudulenta. Temo por mi vida. No porque el confinado me vaya a hacer algo, sino por esta alta jerarquía dentro de las instituciones. Esta gente me puede matar, y tengo que denunciarlo”, dijo con voz firme pero evidente preocupación.

El confinado identificó directamente a varios funcionarios como responsables de estas represalias, incluyendo a los supervisores Víctor Maldonado, Onil Montalvo, Enith Rosado, Iraida Hernández, Jonathan Palomar y los trabajadores sociales Sammy Cuevas y Daisy Meléndez. “Estos supervisores y trabajadores sociales deberían ayudar al confinado a prepararse para la vida en sociedad, pero en lugar de eso se prestan para hacerle daño”, denunció.

Acusó a estas personas de actuar como parte de una “mafia institucional” que castiga a quienes ejercen sus derechos. En palabras del denunciante: “Esta gente, hay que decirlo así, son peores que Bukele”.

COMO BUKELE EN EL SALVADOR

El confinado se refería al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien instauró un régimen para perseguir miembros de gangas, muchos de los cuales están encerrados en la temible cárcel Centro de Confinamiento del Terrorismo, cuyo acrónimo es CECOT, es un centro penitenciario de máxima seguridad ubicado en Tecoluca, El Salvador. Bukele atribuye ese régimen al abaja en la criminalidad, pero grupos de derechos humanos han denunciado violaciones a derechos civiles de presos y de ahora inmigrantes de los Estados Unidos que han sido trasladados a esa prisión.

“Temo por mi vida. No porque un confinado me vaya a hacer daño, sino porque esta gente, los de arriba, pueden matarme”, expresó el entrevistado. Añadió que, tras comunicarse con altos mandos del sistema, comenzaron los ataques en su contra, lo que incluyó querellas fraudulentas que podrían costarle años adicionales en prisión al afectar su plan institucional, es decir, su ruta de rehabilitación y eventual salida.

Uno de los momentos más tensos de la entrevista se produjo cuando relató la amenaza que recibió del comandante Onil Montalvo: “Tú vas a ver lo que va a pasar contigo”, dijo que le espetó el funcionario en presencia de otros superiores.

El confinado también mencionó haber presentado una denuncia ante la Policía de Puerto Rico contra uno de los agresores, identificándolo con nombre y número de placa: “Adán Torres, placa 31148”.

El confinado afirmó que ha sido blanco de querellas fabricadas y amenazas directas tras comunicarse con la directora del Negociado de Prisiones, María Ortiz, y otras funcionarias como la subsecretaria Inés Pérez y la supervisora Daisy Meléndez. La denuncia más grave apunta a un presunto patrón de acoso institucional que busca sabotear su plan de reintegración a la libre comunidad.

MULTIPLES QUEJAS DE LOS CONFINADOS

“Las víctimas pedían que se me diera la oportunidad porque saben quién soy. Este caso pasó hace más de 27 años y yo siempre he gritado mi inocencia”, sostuvo. Aunque han transcurrido más de dos décadas desde su arresto, aclaró que ha cumplido 24 años en prisión y su sentencia ya es final y firme.

A lo largo de la conversación, expresó su frustración con los trabajadores sociales que, lejos de ayudar en su proceso de rehabilitación, se prestan —según él— para obstaculizar su salida. “Ellos se supone que estén para ayudar, para que uno se reintegre. Pero se prestan para hacer daño. Hacen querellas y dañan el plan institucional de uno”, expresó.

El llamado más enfático fue dirigido al secretario Quiñones, quien recientemente declaró que su gestión velaría por los derechos de los confinados. “Le hago el llamado a él directamente. Si pasa algo, que quede claro quiénes son los responsables”, dijo el entrevistado con voz entrecortada.

La entrevista concluyó abruptamente, posiblemente por una desconexión en la llamada.

 

PROBLEMAS EN LAS CÁRCELES

 

El testimonio de este reo vuelve a poner bajo el escrutinio público al sistema penitenciario de Puerto Rico, cuya transparencia y respeto por los derechos humanos han sido duramente cuestionados en los últimos años. El llamado a una reforma estructural es cada vez más urgente, como ha quedado evidenciado en investigaciones y en noticias publicadas en este medio que documentan la crisis.

En abril de 2023, los periodistas independientes Francisco Orlandi, Pablo Lemuel, Jaime Torres Torres, Daniel Nina, Radamés Torres, Zulma Rodríguez y Rodríguez Cotto realizaron una serie de reportajes sobre crisis en distintas cárceles. Presentaron las represalias contra confinados, los castigos excesivos, el negarles visitas a familiares y otras condiciones impuestas por la entonces secretaria de Corrección, Ana Escobar Pabón.

Uno de los señalamientos más fuertes de la serie de reportajes fue que los confinados de la cárcel Las Cucharas en Ponce pasaban semanas sin aire acondicionado en edificios sin ventilación, lo que aumentaba el calor. Tampoco tenían agua por semanas y algunos tenían que recurrir a tomar agua de los inodores en sus celdas. Eso fue negado inicialmente por Escobar Pabón, pero después lo confirmó en rueda de prensa en La Fortaleza.

Bajo la incumbencia de Escobar Pabón, en la administración de Pedro Pierluisi, se triplicaron las muertes de reos, aumentó el tráfico de drogas incluyendo el fentanilo y hubo escándalos como la excarcelación de Hermes Ávila Vázquez, un hombre que supuestamente era inválido, pero al salir de prisión de manera irregular, mató una mujer.

El actual secretario Quiñones ha estado investigando los hechos y ha producido múltiples arrestos de personal del DCR y contratistas en las últimas semanas.