Esta salida abona al colapso de credibilidad que empaña la labor de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente
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| Lcda. Zulma Fuster Troche Substack |
Hoy se reporta que renunció la Fiscal Especial Independiente (FEI) Zulma Fuster Troche, en la señal más reciente de una institución que ha perdido toda brújula de imparcialidad.
Ante el país, la Oficina del Panel del FEI luce hoy como una entidad prejuiciada, cuyas pesquisas parecen motivadas por agendas políticas. Por eso, cuando llegan al tribunal, sus casos más controversiales se desploman.
El FEI, que fue creado originalmente como un baluarte de pureza gubernamental tras el escándalo de los asesinatos políticos en el Cerro Maravilla, atraviesa hoy una de sus crisis de legitimidad más agudas. Aunque tienen un historial de investigaciones y convicciones, la percepción pública es que operan como un brazo de persecución contra la oposición.
Fuster
Troche renunció con efectividad del próximo miércoles, luego de que el Tribunal
Apelativo resolviera desestimar las acusaciones contra la exdirectora de la Autoridad
de Tierras, Dorally Rivera Martínez, por malversación de fondos con relación al
Fondo de Mejoras Municipales que administra esa agencia. Esto lo reportó la
colega periodista Carmen Enid
Acevedo.
Pero el historial de reveses de Fuster Troche es más profundo. Ella fue pieza clave en el procesamiento y persecución contra la exrepresentante del Movimiento Victoria Ciudadana, Mariana Nogales Molinelli. En ese caso Fuster Troche, y por ende, el FEI, perdieron en todas las instancias incluyendo hasta el Tribunal Supremo.
Sus vínculos también han estado bajo el microscopio. Fuster Troche defendió en el pasado a Jorge “Pikay” Santiago, mano derecha de Jorge Santini en Llorens Torres y vinculado por fuentes al narcotráfico, según reportó NotiCel.
Por otro lado, su posición como esposa del exlegislador y analista PNP, Leo Díaz Urbina, alimenta la inevitable percepción de conflicto de interés en una oficina donde la "independencia" parece un oxímoron. ¿Cómo no hay duda cuando los investigados son opositores políticos de la colectividad a la que históricamente ha estado ligada su familia?
El negocio de la “justicia”
Troche también fue la misma FEI que, al menos hasta el año 2019, había ganado más de un millón de dólares por contratos con el FEI según reportamos en una investigación EN BLANCO Y NEGRO. Hasta octubre de 2019 el pueblo de Puerto Rico pagó sobre $12.5 millones a los abogados que fungían como FEI. Seis de esos abogados controlaban el 56% del presupuesto de la Oficina del Panel del FEI, montante entonces a $7 millones. (Ver artículo EN BLANCO Y NEGRO)
La diferencia entre un fiscal de carrera y un FEI es, principalmente, el bolsillo. Mientras un fiscal de distrito gana cerca de $7,466 mensuales, los FEI son abogados privados que facturan cientos de miles de dólares al erario. Esta casta de juristas factura fortunas por casos que frecuentemente terminan en "no causa".
Para el pueblo, la ecuación es indignante: se
sacrifican fondos para salud y educación en litigios que parecen buscar más el
titular de prensa y el asesinato de reputación que una convicción sólida en
derecho.
Tampoco podemos olvidar la conducta de algunos FEI. Recordemos que en el 2023 también revelamos que el entonces FEI Miguel Colón en plena sala del tribunal hacía muecas burlándose de los familiares del acusado exsecretario de Hacienda Raúl Maldonado, hijo, y de su madre, en plena sala del tribunal. Esos reportajes y vídeos provocaron su inmediata destitución. A los pocos días, también en el 2023, reportamos cuando el FEI Manuel Núñez Corrada tuvo un exabrupto tras exabrupto en sala, lo que abonó al clima circense en sala.
La selectividad de los casos es
evidente. Mientras las denuncias contra alcaldes o legisladores de oposición
fluyen con rapidez, los referidos que involucran a figuras del círculo cercano
del partido de gobierno parecen avanzar a paso de tortuga o terminar en
archivos silenciosos.
Hoy la pregunta es si el FEI debe
existir. Diversos sectores proponen que sus funciones regresen a una
fiscalía de carrera en Justicia, blindada contra la política, o a un ente
verdaderamente autónomo no nombrado a dedo por el Gobernador.
La salida de Fuster Troche deja un vacío que no
se llenará con confianza si se sigue el mismo guion. Puerto Rico no puede
seguir pagando por una justicia con color partidista y precio de mercado
privado. Al final, la renuncia es el síntoma; la enfermedad es institucional. Y
como dicen, la verdad es hija de Dios.


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