Colegio de Abogados se opone cambios en la Judicatura

Presentaron ponencia ante el Senado contra el proyecto 1096 que es una reforma judicial “sin diagnóstico y sin fundamento constitucional”

Vivian Godineaux Villaronga, presidenta de Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico

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Crece la oposición a medida para cambiar poderes en el Tribunal Supremo. La presidenta del Colegio de Abogadas y Abogados de Puerto Rico (CAAPR), Vivian Godineaux Villaronga, manifestó su oposición y dijo que el proyecto de ley propuesto es “improcedente, inconstitucional y carente de legitimidad democrática”.

Agregó que la medida que evalúa el Senado “pretende derogar la Ley de la Judicatura de 2003 sin haber realizado un análisis técnico del sistema judicial ni un proceso de consulta amplio con la comunidad jurídica y la ciudadanía”.

“La magnitud de la reforma propuesta exige, por imperativo democrático, un proceso de discusión amplia, robusta y participativa. El Proyecto del Senado 1096 no responde a un diagnóstico sistémico público, ni resulta como producto de una comisión técnica institucional”, expuso la presidenta del CAAPR.

El proyecto que considera el Senado fue radicado por el presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, busca alterar la Judicatura para quitarle poderes a la figura de la Jueza Presidenta del Tribunal Supremo y reglamentar la asignación y traslado de jueces, crear dependencias, y manejar el personal judicial. Entre otras cosas, la medida busca eliminar la categoría de jueces municipales para convertirlos todos en jueces de Primera Instancia. Además crearía un “Patronato del Poder Judicial” con la facultad de recibir donativos y subvenciones, además de crear o modificar la Oficina de Administración de los Tribunales (OAT) y la Academia Judicial.

La propuesta ha recibido repudio de todos los sectores legales, y de los propios legisladores que entienden que partes de la misma requieren revisión constitucional. En el meollo del tema está dividir el control de los jueces en el Supremo, dándole más poder a los nombrados por la mayoría del Partido Nuevo Progresista.

Godineaux Villaronga subrayó que la actual Ley 201‑2003 fue producto de un proceso colaborativo, interdisciplinario y basado en evidencia, mientras que el P. del S. 1096 no presenta estudios, datos ni diagnósticos que justifiquen los cambios propuestos.

Además, sostuvo que el proyecto propuesto reduce o elimina principios rectores como independencia judicial, accesibilidad, enfoque humanista, planificación estratégica y participación ciudadana, apuntó la presidenta del Colegio.

Uno de los señalamientos más contundentes del Colegio se refiere al intento del proyecto de reinterpretar la Constitución para establecer un modelo de “coadministración” del Poder Judicial. En su ponencia, los letrados señalan que este concepto no tiene base en el texto constitucional, en la historia de la Convención Constituyente, ni en la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El CAAPR reiteró que cualquier reforma judicial debe partir de un proceso riguroso, transparente y participativo, y que alterar la arquitectura constitucional del Poder Judicial sin ese rigor pone en riesgo la estabilidad institucional y la confianza pública.

Los abogados y abogadas integrantes de la Comisión Especial del CAAPR que estudió este proyecto fueron: Yanira Reyes; profesora de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico (UIAPR); Fernando Moreno Orama, decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico (PUCPR); Sonia I. Vélez Colón, exjueza del Tribunal de Apelaciones, exdirectora administrativa de los Tribunales; Manuel A. Quilichini, expresidente del CAAPR y Carlos L. Vizcarrondo Irizarry, expresidente de la Cámara de Representantes.