SOBRE LA LIBERTAD DE PRENSA EN P ERRE

 Hoy hablo sobre lo que no hacen los periodistas y lo que si hacen quienes odian a la prensa para limitar el derecho del público a estar informado

Publicado en Substack con audio

Escribo aquí porque estas cosas se tienen que apalabrar. Lo hago pensando que el profesor y abogado Carlos Ramos publicó una interesante columna para el Centro de Periodismo Investigativo y ¡Ey! Boricua titulada “Cuando el estado quiere silenciar a la prensa”  en la que habla de la próxima visita a Puerto Rico del abogado de The New York Times, David McCraw, hecho que coincide con nuevas controversias sobre acceso a la información y presiones del poder político contra el periodismo en EEUU y PR.

En el 1999 – o sea, hace 27 años – cuando presidí el Overseas Press Club, el Comité de Libertad de Prensa del gremio redactó y publicó lo que yo entiendo que fue el primero o uno de los primeros informes sobre ataques a los periodistas puertorriqueños por parte de las autoridades en ese año. Tenía la lista completa con un desglose de cada incidente, fecha en que ocurrió y la descripción. Hubo más de 50 agresiones físicas en ese año y la mayoría se cometieron contra fotoperiodistas.

Dicho informe se repitió en el 2000. Ese comité del OPC estaba compuesto por periodistas de primer orden – maestros de maestros - como Eneid Routté, Manny Suárez, Maggie Bobb, Lorelei Albanese, entre otros. Después de eso, no volví a ver informes que recopilaran cada uno de los casos. Desconozco si la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) los hizo. Solo sé que el OPC no volvió a hacerlos jamás.  Es algo tedioso y coge tiempo.

Por eso, durante años, yo documenté muchos de esos incidentes en mis columnas y en el blog En Blanco y Negro porque veía que nadie lo hacía ni lo hace regularmente todavía. También documentaba los cambios en los medios porque veía cómo iban sacando a periodistas y cerrando plazas para ser ocupadas por cabilderos y abogados que se hacen llamar “analistas”. Entendía yo que debían ser los gremios de periodismo o las universidades, (en los programas de periodismo), quienes documentaran la historia. Pero no se hacía, ni se hace.

Después de Verano del 2019, se volvieron a reactivar las campañas de persecución contra los periodistas con mucha más fuerza, y las mismas no paran desde entonces. He investigado, recopilado y publicado con evidencia que esto es parte de estructuras políticas y de gobierno. Lo pueden leer en varios libros y ensayos del tema que he publicado.

Demandas frívolas, amenazas para que destituyan a periodistas de sus puestos, para que los saquen del aire en radio y televisión, censura previa, persecución o investigaciones de Hacienda y de otras agencias del gobierno, campañas concertadas de descrédito en las redes sociales y en especie de “chismes” hablando mentiras sobre periodistas entre los mismos periodistas para confundir, son la orden del día.

En muchos casos, estas campañas coordinadas por los agentes de propaganda política son exitosas porque los mismos periodistas más jóvenes que no tienen el trasfondo, se las creen. Siento que ahora no existe una solidaridad de gremio como antes. El problema hace crisis, porque dividen a los periodistas, dañan reputaciones, cierran oportunidades de empleo y cosas por el estilo.

En algunos casos la persecución llega al nivel donde la vida y la seguridad del periodista se ve en peligro, y de esto, poquitos periodistas tienen la babilla para decirlo. No se atreven a hablarlo por temor a represalias contra ellos o contra sus familiares, porque pasa. Es así. 

A esto hay que añadir varios elementos adicionales tales como: 1) los espacios mediáticos y en redes sociales dedicados a amplificar esas campañas de descrédito, 2) la persecución selectiva por parte de agencias de gobierno, 3) el aislamiento, 4) el no poder conseguir empleos

Y para agravar aún mas el panorama, los medios están llenos de comunicadores, algunos periodistas que son parte de la propaganda, pero en su mayoría exoficiales de comunicaciones de políticos, cabilderos y otros que son parte de esa estrategia para aplastar a la prensa seria.

De todo eso puedo dar fe porque lo he vivido sin tregua desde que empecé a fiscalizar con fuerza los desmanes y robos por gente del gobierno de Rosselló tras el huracán María en aquella Cobertura Especial en la Cadena WAPA Radio. Luego, por las columnas que publicaba, la situación hizo crisis en el Verano de 2019. La gente no se imagina las cosas que he pasado y sigo pasando en lo personal. Que conste, no lo digo para victimizarme porque no se trata de eso. Lo digo para el récord. Lo digo porque a pesar de todo, sigo de frente, haciendo el trabajo como puedo, aun en las condiciones más adversas.

Repito, no es para martirizarme ni nada por el estilo. Solo narro unos hechos y no soy la única a quien le pasa. Ahí hay otros como Jay Fonseca o los reporteros del CPI, colegas que cubren temas como la Policía, o los periodistas independientes y de medios regionales que lo estamos pasando. En ese particular quiero apuntar a el abierto discrimen hacia los reporteros de la zona oeste y sur del país por parte de las agencias del gobierno y de La Fortaleza. No está fácil su trabajo.

Hemos denunciado muchas de estas cosas a través de los años en foros internacionales y he sido parte de pleitos a nivel federal para impedir que se hagan leyes que amenacen a la libertad de prensa. Ejemplo es la ley que criminaliza el ejercicio del periodismo en momentos cuando se declaren estados de emergencia que – bajo la defensa de la ACLU – hemos vencido desde la época de Rosselló, Vázquez, Pierluisi y ahora González. El Tribunal Federal declaró inconstitucional dicha ley, pero los abogados del gobierno siguen apelando. De paso, gastando fondos públicos en el proceso.

En el año 2022 el nivel de persecución y amenazas a mi vida fue de tal magnitud, que la organización internacional PEN por primera vez en su historia, hizo una declaración de apoyo a esta periodista puertorriqueña. Ese ambiente bajó un poco, pero no ha desaparecido. Sigue contra mi y contra otros colegas que deben salir públicamente y atreverse a decirlo ya.

 

Ahora desde La Fortaleza se ha elaborado todo un sistema de censura previa para obstaculizar el trabajo de los periodistas. Aunque un tribunal determinó que no se puede impedir la entrada a las conferencias de prensa, siguen haciéndolo, alegando que necesitan una credencial de prensa cuando saben que eso es falso. La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, garantizan la libertad de prensa.

Por eso todo esto que pasa bajo la administración de Trump en Estados Unidos, y bajo el gobierno en Puerto Rico, está de más. No solo viola la ley e intenta limitar al periodista, sino que el objetivo final es desinformar y que el público no se entere de la verdad.

Por eso vuelvo a aquello que exigió PEN International y PEN Puerto Rico en su declaración global sobre Puerto Rico: Las autoridades tiene que:

• Garantizar el derecho a la libertad de expresión e información, así como las protecciones necesarias para los periodistas y escritores puertorriqueños.
• Detener los ataques, amenazas, intimidaciones y acoso legal contra periodistas críticos e independientes
• Cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos civiles y políticos, incluida la protección de la libertad de expresión, la libertad de los medios de comunicación y la libertad de expresión.

El público no puede bajar la guardia. Tiene que mantenerse atento y apoyar a los periodistas que hacemos el trabajo. Las empresas también deben apoyar el sostenimiento del trabajo periodístico serio que no cede a la payola. Suscríbase a las plataformas, paute anuncios, comparta el contenido, provea información, ayude a difundir el trabajo de la prensa. Hay que seguir haciendo el trabajo sin miedo ante los abusos del poder, porque, al final de cuentas, el ataque no es a la prensa. Es un ataque al pueblo a su derecho de estar informado.