(NOTA: Este artículo salió publicado originalmente en Revista Seguros, hoy 22 de septiembre de 2021 - https://revistaseguros.com/ases-teme-que-molina-healthcare-se-vaya-sin-pagar-38-millones-a-proveedores/2021/22/06/00/gobierno/)
Por Sandra Rodríguez Cotto y Miguel Díaz Román
La aseguradora del Plan Vital, Molina Healthcare, estuvo haciendo
gestiones para abandonar el país sin culminar el pago de $38 millones en deudas
que arrastra con diversos proveedores por servicios prestados desde antes del
2017, por lo que la Administración de Seguros de Salud (ASES) y la Oficina del
Comisionado de Seguros (OCS), tomaron medidas para evitarlo.
La información surge de una réplica presentada por ASES para
responder a una demanda radicada por Molina Healthcare el pasado 13 de agosto,
en la que reclama el pago de $87.3 millones por primas adeudadas, intereses y
daños.
En su réplica,
radicada el 13 de septiembre, ASES reconoció que había suspendido los pagos de
primas del Plan Vital a Molina Healthcare, porque la aseguradora no estaba
pagando las reclamaciones de los proveedores.
Además, ASES
señaló que la matriz de la aseguradora, denominada como Molina USA, es la
responsable de pagar por los incumplimientos de su subsidiaria local.
“ASES no tiene
ningún otro remedio adecuado en ley para evitar que Molina PR y/o Molina USA se
vayan de Puerto Rico sin cumplir sus obligaciones contractuales, enajenen o
muevan fuera de Puerto Rico sus bienes y retiren los fondos depositados en
cuentas bancarias en la Isla, que deben ser utilizados para el pago de sus
deudas con los proveedores”, declara abiertamente la moción.
ASES es
representada en el caso por el bufete Aldarondo & López Bras.
La moción recibió un “no ha lugar en esta etapa de los procesos”, de
parte de la juez Waleska Aldebol Mora, del Tribunal de Primera Instancia de San
Juan, porque las partes no habían sido debidamente emplazadas y porque la OCS y
Molina Healthcare, lograron un acuerdo que atiende la solicitud de ASES para
que el tribunal congele las cuentas bancarias y activos de la aseguradora.
La decisión de la juez Aldebol Mora se refiere a un “Escrito de
Estipulación”, en el que la OCS sometió a Molina Healthcare a un riguroso
seguimiento de sus transacciones financieras con los fondos depositados en
bancos locales, que incluye utilizar esos dineros solo para pagar los reclamos
de los proveedores.
La citada
estipulación fue el resultado de una intervención sin precedentes de la OCS en
las oficinas de Molina Healthcare, ubicadas en un edificio de oficinas de la
avenida Muñoz Rivera, el pasado mes de junio.
OCS descubre mudanza y cierre de Molina
Healthcare
Al llegar a las
instalaciones los funcionarios del regulador descubrieron que el asegurador
“estaba en un proceso de mudanza y cierre”, sin que la OCS hubiese recibido una
notificación previa de su intención de abandonar el país, tras iniciar de
manera unilateral un proceso de liquidación voluntaria.
Tras esa intervención de la OCS, autorizada
por una orden de investigación especial emitida el 22 de junio por el
Comisionado de Seguros designado, Mariano Mier Romeu, el organismo emitió el 29
de junio una contundente orden de cese y desista.
La orden señala que a pesar de que Molina
Healthcare firmó un contrato de transición con ASES que la obliga a pagar con
prioridad las reclamaciones a los proveedores, la aseguradora ha utilizado los
fondos que posee en una cuenta bancaria “restricta para el pago de las reclamaciones
de los proveedores”, para “otros desembolsos”.
La orden la OCS no indica el destino de los
citados desembolsos, pero si advierte que antes de realizar una distribución a
sus accionistas, la aseguradora está obligada a saldar todas sus obligaciones
con sus acreedores, según lo dispone el artículo 29 del Código de Seguros.
El documento señala que la aseguradora
posee “fondos estatales y federales provenientes de ASES para el pago de las
reclamaciones de los proveedores y al día de hoy todavía no ha saldado ni
liquidado todas las reclamaciones de los proveedores”.
La orden también determinó que la
aseguradora no notificó a la OCS sobre el proceso de liquidación voluntaria, el
cual está regulado por el artículo 29 del Código de Seguros.
De hecho, de la orden se desprende
claramente que la OCS entendió que el proceso de liquidación voluntaria con el
fin de abandonar el país, iniciado por Molina Healthcare, implicaba el traslado
de fondos fuera de Puerto Rico o la venta de activos, lo que podría causar el
impago de sus deudas con los proveedores.
La posibilidad del impago a los proveedores
es tan abrumadora, que el documento señala que “en protección del interés
público” se decidió emitir la abarcadora directriz de cese y desista porque de
“continuar con el proceso de liquidación y disolución voluntaria sin sujeción a
lo establecido en el Código de Seguros, pone en riesgo los reclamos de los
proveedores a los cuales Molina PR le adeuda por sus servicios y también pone
en riesgo los activos que posee Molina PR para el cumplimiento con sus
obligaciones”.
Riguroso seguimiento al dinero
El pasado 7 de julio, la OCS y Molina
Healthcare firmaron el “Escrito de Estipulación”, en el que la aseguradora
reconoce todos los señalamientos de la orden de cese y desista, con excepción
de que actualmente la aseguradora no ha decidido si abandonará el país o si
continuará haciendo negocios de seguros en Puerto Rico.
Para logra un adecuado seguimiento al
movimiento de dinero, la OCS determinó en la estipulación que los gastos administrativos
de Molina Healthcare serán pagados por Molina USA. Además, la aseguradora no
podrá disponer de todos sus bienes y activos en Puerto Rico sin previa
autorización escrita de la OCS, excepto para pagar a los proveedores.
La OCS también exigió a la aseguradora
entregar todos los meses los estados bancarios de sus cuentas y un informe
detallado de los pagos realizados a proveedores y de cualquier tipo de
desembolso. Otro requisito es proveer al final de cada mes un informe de las
reclamaciones no pagadas y en la etapa en que se encuentran.
En el documento la OCS advierte a Molina
Healthcare que en ningún caso dispondrá de sus bienes y activos para satisfacer
obligaciones que pueda tener con Molina USA y la obliga a mantener una oficina
en Puerto Rico con el personal necesario para proveer la información que le
requiera la OCS. Desde esa oficina la aseguradora deberá atender sus negocios
en Puerto Rico, y deberá tener sus libros disponibles a los requerimientos que
realice la OCS.
Incluso, la estipulación exige a la
aseguradora notificar de forma inmediata a la OCS cualquier cambio en la
dirección o localización de sus oficinas en Puerto Rico, así como cualquier
cambio en sus oficiales y personas de contacto o enlace.
Molina Healthcare reclama $87.3 millones
La demanda de Molina
Healthcare alega que en octubre de 2014, la aseguradora y ASES firmaron un
contrato para ofrecer sus servicios en plan de salud del gobierno, que para
entonces se llamaba Mi Salud. El contrato comenzó a partir del 1 de abril de
2015 y se extendió hasta el 30 de junio de 2017.
Según el reclamo de la aseguradora, desde
que entró en vigor el contrato hubo dificultades en la presentación de datos en
el sistema de suscripción de ASES. Como resultado, ASES no ha pagado a la
aseguradora $14.7 millones en primas debido a que el sistema rechazó un número
significativo de miembros.
Molina Healthcare alega que ASES también le
debe $5.5 millones por concepto de primas no pagadas.
Además, la aseguradora sostiene que ASES le
debe $54 millones adicionales por el llamado “ajuste de riesgo”, que es un
incentivo que se debe pagar cada 30 días y que tiene como propósito de
estimular el mejor manejo de las reclamaciones para reducir los costos del plan
de salud. Alegadamente, ASES también adeuda la cantidad de $135,101.00 por
concepto de intereses.
Entre el dinero adeudado por ASES, la
aseguradora incluyó $4.5 millones del llamado Fondo de Retención, que es una
retención mensual del 2% de los pagos de primas, que se reembolsa cada
trimestre según el desempeño de la aseguradora para cumplir con las metas del
programa de salud.
En
total Molina Healthcare reclama en su demanda $78 millones de deuda, más $1.3
millones por intereses y $8 millones por daños, para un total de $87.3
millones. A Molina Healthcare lo representa el bufete de abogados O’Neill &
Borges, que es la firma de abogados donde Pedro Pierluisi trabajaba antes de
ganar la gobernación.
ASES sostiene que Molina USA es
responsable de pagar a proveedores
En su réplica, ASES indica que el 15 de
mayo del 2020 la aseguradora notificó su intención de dejar de proveer
servicios al Plan Vital, lo que se concretó el 31 de octubre de ese año.
También sostiene que la aseguradora había comenzado a realizar un proceso de
transición sin el consentimiento de ASES y que el 5 de junio de 2020, la agencia
rechazó un preacuerdo para que Triple S acogiera los asegurados de Molina
Healthcare.
Luego, el 3 de
septiembre el 2020, Molina Healthcare y ASES firmaron un acuerdo de transición,
que implicó el pago de una porción de las primas adeudadas. No obstante, según
la réplica, la aseguradora no pagó reclamaciones tras recibir el pago de
primas. Tras lo cual, ASES continuó realizando múltiples gestiones para que
Molina Healthcare o Molina USA paguen las reclamaciones adeudadas.
El documento indica que la empresa matriz,
Molina USA, sostuvo en una misiva que “la falta de pago de la ASES afecta las
obligaciones contractuales de Molina con sus proveedores”. En respuesta, ASES
indicó que la carta de Molina USA representaba una admisión del incumplimiento
con sus obligaciones bajo el acuerdo de transición “ya que ambos estaban
obligados a mantener fondos suficientes en Puerto Rico para cumplir las
obligaciones con los proveedores”.
ASES argumentó que la demanda de Molina
Healthcare no es más que una táctica “para desviar la atención de su propio
incumplimiento y evitar responder a las insistentes demandas de la ASES de que
cumpla con sus obligaciones bajo el Contrato Vital y el acuerdo de transición”.
En su réplica ASES reclama que por el incumplimiento de Molina Healthcare con
el plan Vital incurrió en gastos de más de $500,000 en gastos de abogados,
contratistas y asesores y le solicita al Tribunal que ordene a la aseguradora a
cumplir con el plan Vital, con el acuerdo de transición y que pague los
honorarios de abogado y “cualquier otro remedio que en justicia proceda”.
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