Coautor del memorando de estatus, el escritor e investigador Javier Hernández, confirma las discusiones que se están provocado en la capital federal
La independencia o algún tipo de soberanía para Puerto Rico es una posibilidad real que se puede dar por orden ejecutiva, y eso se está discutiendo en Washington precisamente ahora, cuando el presidente Donald Trump habla de convertir a Canadá en el estado 51, invadir Groenlandia o apropiarse del Canal de Panamá.
“El ambiente está y eso está bien claro”, opinó el escritor e investigador puertorriqueño radicado en los Estados Unidos Javier Hernández en el programa radial En Blanco y Negro. Se refería a un memorándum que ha estado circulando desde hace varias semanas en círculos políticos en Washington y que sigue provocando intensas discusiones.
El memorando, titulado “Addressing Puerto Rico’s Political Status through Executive Action,” (Cómo abordar el estatus político de Puerto Rico mediante la acción ejecutiva”), profundiza en tres opciones propuestas para la Casa Blanca: emitir una orden ejecutiva para reconocer el derecho de Puerto Rico a declarar soberanía, usar poderes de emergencia para abordar la gobernanza y la transición y (el enfoque recomendado) establecer un Grupo de Trabajo Federal sobre la Transición de Puerto Rico a la Soberanía.
“Estoy absolutamente seguro de que este es el momento. Con la debacle económica del Puerto Rico colonial, el debacle político de los estadistas. Ya no hay plan. Ellos no tienen ni plan A, ni plan B, ni plan C. Es el único plan que tienen es seguir pidiendo fondos federales y ya, como hemos visto, Trump está cortando fondos federales a diestra y siniestra. Eso no va a pasar”, agregó Hernández.
“El documento comenzó a circular. Eso se empezó a compartir y circular en muchas oficinas, institutos y pues, las personas lo han visto. Después yo saqué un artículo avisando sobre eso en DC Journal, y se ha revolcado el avispero”, agregó Hernández, quien lleva años investigado del tema. Es autor de varios libros sobre el estatus y la soberanía tales como PRexit: forjando el camino a la soberanía puertorriqueña; Puerto Rico para los puertorriqueños; Lo mejor de todos los mundos; y Puerto Rican defiance of US Colonialism: How US policies failed to destroy the Puerto Rican Nation and independence movement; entre otros.
Hernández dijo que apoyó en la redacción del texto con datos y contenido, “Pero es un grupo que está forjando este este movimiento dentro del Congreso y básicamente yo apoyé en ese esfuerzo y luego apoyé también el difundirlos en oficinas congresionales y ahí terminó mi servicio a la causa”, dijo.
Para Hernández es una posibilidad “bien real” y factible de que Estados Unidos quiera salir de la colonia mediante algún mecanismo de independencia porque muchos ven a la isla como una carga económica al erario estadounidense.
“Yo creo que es una posibilidad. Bien, bien real, porque muchos, los propios republicanos que yo conozco y he hablado, básicamente me han dicho lo mismo. Que Puerto Rico es una carga económica, que es una humillación tener un territorio que le chupa tanto al fisco americano y que ya quieren salir de esto. En Puerto Rico hay otras personas que dicen no, pero nos quieren, que es mucho el sacrificio, pero la realidad en Washington es otra”, dijo.
No es la primera vez que circula este tipo de documento en la capital federal. En mayo de 2023 salió en el diario ¡Ey! Boricua la información de otro documento tipo “White paper” que llevaba como sugerente título “The Albizu Protocol” o “El Protocolo Albizu”. Era un breve documento de tres páginas, basado en ideas que había esbozado el líder nacionalista Pedro Albizu Campos hace más de 60 años sobre qué debía incluir el proceso de descolonización de Puerto Rico. Ese momento el documento circuló en oficinas del Congreso y de ayudantes legislativos en los Estados Unidos. Muchas personas en Puerto Rico criticaron el documento y dudaron de su origen.
Entre las recomendaciones de ese protocolo se incluía la celebración de una conferencia internacional en la que se permitiera que los puertorriqueños que viven en Puerto Rico y en otros lugares voten sobre sus estatus; que se respetara el resultado de la votación; que se garantice un proceso justo y equitativo; y que se vele por el bienestar del pueblo puertorriqueño, protegiendo sus derechos e intereses.
Han pasado casi dos años desde entonces hasta que salió el documento “Addressing Puerto Rico’s Political Status through Executive Action,” (Cómo abordar el estatus político de Puerto Rico mediante la acción ejecutiva”). Este circula en núcleos legislativos y de poder en los Estados Unidos y fue dirigido al presidente Trump.
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| Javier Hernández |
Según Hernández, este documento que va dirigido a Trump y a miembros clave de su administración, describe un camino para resolver el estatus colonial de Puerto Rico a través de una acción ejecutiva decisiva. En una medida sin precedentes, el memorando cuestiona la viabilidad de la estadidad y prioriza la soberanía nacional como la única solución sostenible para el futuro de Puerto Rico, sacudiendo los cimientos de los defensores de la estadidad y del Estado Libre Asociado.
El grupo de trabajo trabajaría durante dos años para elaborar un plan detallado y viable para que Puerto Rico pase a ser una nación soberana a través de la independencia o la libre asociación. Para el tercer año, Puerto Rico tomaría medidas para establecer un gobierno de transición, celebrar una convención constitucional y adoptar un sistema democrático soberano. Este enfoque estructurado y transparente equilibra los intereses nacionales de Estados Unidos con la autodeterminación de Puerto Rico, fomentando una relación basada en el respeto mutuo y la asociación.
El memorando no deja lugar a la ambigüedad: la estadidad no es política ni económicamente viable para Puerto Rico o Estados Unidos. Citando el informe de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de 2014, subraya la inmensa carga financiera que la estadidad impondría a los recursos federales y destaca los conflictos culturales y lingüísticos que exacerbaría. Para Puerto Rico, la estadidad erosionaría su identidad cultural única y sus aspiraciones nacionales.
Para Hernández, esta comprensión ha dejado tambaleante a la gobernadora Jenniffer González. Su administración pensó que el liderazgo republicano nunca apoyaría la soberanía de Puerto Rico. Sin embargo, las recomendaciones del memorando han encendido temores entre los líderes partidarios de la estadidad y de la Commonwealth sobre un próximo cambio en la política estadounidense.
“Siempre hay fuerzas en Puerto Rico y en Estados Unidos, que no quieren que el tema del status se mueva. Quieren que se estanque. Hacen una buena pantomima de que quieren resolverlo, pero no lo quieren resolver porque están gozando con el estatus colonial”, dijo.
Pero la cuestión es si se da una libre asociación o un estatus independiente, sostuvo.
“Lo que lo que se está conversando es independencia. Pero ya cuando se logre una independencia, eso luego se puede negociar con Estados Unidos. Si ellos quieren ofrecer una libre asociación o Puerto Rico escoge ese punto, eso se puede negociar. Pero el único derecho del pueblo es la independencia y Estados Unidos lo plantea también así”, agregó Hernández.
El autor también dijo que otros territorios estadounidenses como Guam, las islas Marianas o las Islas Vírgenes están esperando a ver qué pasa con el caso de Puerto Rico para impulsar sus movimientos soberanistas.
En estados como California ahora mismo hay un movimiento que busca la independencia de los EEUU y que incluirán una pregunta en las próximas elecciones. Este proceso de separación se llama “Calexit”. Pero para Hernández ese movimiento no gana tracción en la discusión mediática estadounidense a diferencia del caso de Puerto Rico que se proyecta como un gasto de fondos públicos.
El artículo en el DC Journal termina con la siguiente interrogante: ¿Estarán los líderes estadounidenses a la altura de las circunstancias y ayudarán a llevar a Puerto Rico hacia la libertad y la soberanía, cumpliendo con la promesa de democracia y autogobierno?
“Yo diría que sí estarán a la altura. Es que siempre muchos quieren estar a la altura, pero lo que sucede es que cuando quieren hacer algo aparecen los cabilderos del PNP y populares con dinero y los asustan. Esta vez es distinto”, dijo Hernández.
El enfoque recomendado del grupo de trabajo logra un equilibrio entre urgencia e inclusión. Al convocar a agencias federales, el Congreso y las partes interesadas puertorriqueñas, el grupo de trabajo garantizaría un marco de colaboración para abordar las medidas legales, políticas y económicas necesarias para la soberanía. La soberanía permitiría a Puerto Rico reclamar su destino político y económico, estableciendo una gobernanza democrática y al mismo tiempo fomentando el crecimiento económico, las relaciones y el comercio internacionales y la preservación cultural.
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