Ciudadanos se burlan de la Junta de Planificación tras Fiona

Con coraje e indignación critican que en medio del caos, la Junta de Planificación celebre en Facebook el 80 aniversario y promueva el Reglamento Conjunto 2022 que abre la puerta a la construcción desmedida

Mientras miles de puertorriqueños que lo perdieron todo por inundaciones, deslaves o crecidas de ríos que dejó el huracán Fiona en su implacable estela por la isla, todavía luchan por superar la crisis, la Junta de Planificación (JP) celebró en sus redes sociales el 80 aniversario de la agencia. Esto provocó el encono de muchos ciudadanos que lo vieron como una falta de sensibilidad y una burla de la agencia ante el dolor provocado precisamente por construcciones y permisos ilegales que se conceden en todo el país.

“En la Junta de Planificación llevamos 80 años trabajando por un mejor Puerto Rico y guiando la planificación de la isla. Trabajamos con individuos, comunidades, el sector privado y el gobierno para juntos lograr el Puerto Rico fuerte y resiliente que merecemos. #PlanificacionEsFuturo #PlanificaBienestar”, dice el post en la página de Facebook de la agencia.

Las respuestas airadas de los cibernautas iban desde llamar a los miembros de la JP como “Cómplices de un genocidio”, “se han colgado planificando”, hasta decirles “descarados”, “corruptos”, “mentirosos”, “brutos” y “criminales”.

“Más sucios, mentirosos, hipócritas, pillos no pueden ser. ¿Por qué gastan dinero del pueblo en publicidad que solo ustedes se la creen? A otro perro con ese hueso K-Brones”, publicó Silvio Iglesias.

“! Cómo se atreven a publicar esto en estos momentos. ¡Mejor se puede llamar Junta de destrucción!”, dijo Pedro Figueroa.

Nieves Brache publicó: “Descaro en su máxima expresión de parte de la Junta de Planificación. Gracias a ustedes Puerto Rico esta completamente inundado. ¡Malditos criminales!”.

Manolo Casellas planteó “Es evidente el gran trabajo que han hecho Deberían estar todos presos”. Mientras que Lundy Colón dijo “Están trabajando como lacayos, siguiendo órdenes de su gobernador Pierlucifer”, a lo que Viviana Collazo Ortiz respondió “de gobernantes de turno…”

“Lo que hemos visto no puede ser producto de una buena planificación”, escribió Pedro Córdova. A lo que le respondió Eugenio Vega “Este desastre en el producto de poca mala o ninguna planificación y más que eso, de poca o ninguna verificación y supervisión. La construcción en zonas inundables y el aval del gobierno municipal y estatal en proveer servicios de agua y Energía Eléctrica en esas zonas nos trae a esta realidad. Esto no es nuevo y la JP lleva muchos años ahí.”

Otros, como Milagros Román Rivera los comparó con LUMA y María del Pilar Adorno Bonilla expuso “Qué atrevidos. Quieren destruir la isla completa cada vez que aparece un lugar en construcción indebida”.

“Difícil de creer que se inviertan fondos públicos en tratar de levantar una maltrecha imagen que tiene esa agencia”, cuestionó Julia S. Mignucci y Carlos Alemán dijo que “Si el post se utiliza para medir temperatura, sepan que el termómetro ya explotó”.

Ana Girod dijo que la JP son los responsables del caos, y Maridza Rivera y muchos otros aludieron a que la JP se beneficia “Trabajando para sus bolsillos querrán decir”.

“En vez de gastar los fondos públicos en anunciar mentiras deberían hacer y velar por qué de verdad se planifique en el país”, dijo Valentina Victoria Hernández

La JP acompañó su mensaje en Facebook con un enlace a la página web de la agencia y con imágenes del controversial Reglamento Conjunto 2022. Ese voluminoso documento de 983 páginas fue revelado en exclusiva en abril pasado por En Blanco y Negro con Sandra, y ¡Ey! Boricua cuando la agencia sólo lo había compartido entre ciertos desarrolladores e inversionistas Ley 20-22, lo que provocó molestias entre distintos gremios como ingenieros y arquitectos, quienes solo habían tenido acceso a partes limitadas del documento. En ese momento la JP no había querido hacer público la totalidad del reglamento, ya que estaban celebrando reuniones y vistas públicas para discutir aspectos del mismo.

El nuevo RC-2022 permite todo tipo de construcción en todas las zonas del país sin necesidad de consultas y evaluaciones, alterando toda la planificación vigente, eliminando el rol de profesionales como ingenieros, agrimensores y arquitectos, y quitándoles poderes a municipios y comunidades.  

El Reglamento Conjunto 2022 para la Expedición de Permisos Relacionados al Desarrollo, Uso de Terrenos y Operación de Negocios (RC-2022) altera totalmente la forma en que se conceden permisos para el desarrollo uso de terrenos, así como para la operación de negocios en Puerto Rico.  El escandaloso documento evidencia que vienen a alterar totalmente la zonificación en todo Puerto Rico, incluyendo Vieques y Culebra. La extensa carpeta del RC-2022 consta de un documento de 983 páginas que incluyen 7,736 enmiendas o 4143 cambios.

Esto permitiría, por ejemplo, que el Valle de Lajas en vez de ser zona agrícola protegida se convierta en un área para poner fincas de placas solares. Permitiría construcción de urbanizaciones, centros comerciales y hoteles en todos los terrenos aledaños al bosque de El Yunque que no pertenecen al Gobierno Federal. También legalizaría las construcciones ilegales en la reserva marina en Salinas, muchas de las que quedaron bajo agua tras el paso implacable de Fiona.

El nuevo RC-2022 permitiría, por ejemplo, que en una urbanización cerrada de baja intensidad poblacional se construya un hotel o un edificio de alquileres a corto plazo como Airbnb, o una iglesia, sin tener que avisarles a los vecinos. La notificación se haría por edicto y sólo requeriría una Consulta de Ubicación. Lo que es peor, permite que se aprueben esos proyectos sin la necesidad de evaluaciones de contexto y análisis de impactos como ruido, densidad, tránsito y otros. Esto podría levantar objeciones de todos los sectores afectados.

En los casos que las urbanizaciones tengan un distrito dotacional para una escuela o una instalación cultural o cívica, la misma podrá ser sustituida por un hospital, un cementerio, un hotel, una industria y un abultado listado de otros usos sin que haya que notificar o analizar impactos en los residentes de la zona. En ese sentido, afectaría al 78% de la población de Puerto Rico que vive en urbanizaciones de baja densidad poblacional, según fuentes.