Hay que reconocer que Surima Quiñones
se salió con la suya. El designado como nuevo secretario del Departamento de la
Familia, Orlando López Belmonte, no sólo era su aliado, sino que ella
lo contrató en el 2019, y sigue como contratista de la agencia.
Surima Quiñones lo contrató en
el 2019, era su mano derecha, y aún se mantiene como contratista de la división
en la agencia que ella dirigía, la Administración de Desarrollo Socioeconómico
de la Familia (ADSEF). López Belmonte fue contratado a razón de $75 la hora
hasta un máximo de 1,660 horas, o un costo total de $124,500. El contrato
en poder En Blanco y Negro con Sandra fue firmado el 1ro de octubre de
2019 y se extiende hasta el 30 de septiembre del 2020.
En la tarde del jueves 14 de mayo,
López Belmonte fue designado por la gobernadora Wanda Vázquez, como el nuevo
secretario de la Familia y pasó el nombramiento a la confirmación en el Senado.
Al momento de su designación el contrato estaba vigente. El número del contrato
es 127-2020-085, 2020-000-085.
El contrato aparece firmado
por Surima Quiñones, una funcionaria de segundo nivel del Departamento de la
Familia, que tuvo polémicas con la exsecretaria Glorimar Andújar.
Surima Quiñones exdirectora de ADSEF y Glorimar Andújar, exsecretaria de la Familia. (Foto Primera Hora) |
Lo que es evidente es que la
política partidista es la prioridad por encima de los problemas que enfrenta
FAMILIA. Hay que recordar los hechos.
López Belmonte viene a sustituir
al que era secretario interino en Familia, Eddie García Fuentes.
En diciembre pasado, García Fuentes quien por 41 años
militó en el Partido Nuevo Progresista (PNP), envió una carta al presidente de
la colectividad, Thomas Rivera Schatz, anunciando que se desafiliaba, aunque no
explicaba las razones, según publicó el periódico Metro. García
Fuentes se convirtió en secretario interino en Familia luego de que la
Gobernadora le retirara la confianza a la ahora exsecretaria Glorimar Andújar a
principios de año.
Andújar fue despedida por la gobernadora, que alegó un
mal manejo de la emergencia causada por los terremotos, junto al entonces secretario
de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat y al comisionado de seguros, Javier Rivera
Ríos.
Todo se centró en la controversia pública cuando se
halló en Ponce un almacén lleno de suministros que nunca se distribuyeron a las
víctimas desde el huracán María. Sin embargo, con el paso de los días trascendió
que Vázquez despidió a los funcionarios que supuestamente no le eran leales o
eran del bando de su contrincante en las primarias, Pedro Pierluisi.
Cuando ocurrieron los terremotos, la gobernadora
Vázquez designó a su aliada Surima Quiñones como el enlace entre el gobierno
central y el municipio de Guayanilla. Fue
entonces cuando trascendió la polémica entrega de suministros a base de
identificación política en los pueblos del suroeste, y luego el descubrimiento
en Ponce de un almacén lleno de provisiones que nunca se entregaron desde el
huracán María.
Gobernadora Wanda Vázquez y senadora Evelyn Vázquez (Foto Metro) |
Hay que recordar que, en aquel momento, las dos
Vázquez, es decir, tanto la gobernadora Wanda Vázquez como la senadora Evelyn
Vázquez, fueron imputadas de controlar los suministros que se entregaron a los
damnificados por los terremotos a base de su afiliación política.
Una investigación interna de Familia concluyó en días
recientes que la entrega de suministros a los damnificados se interrumpió y se
atrasó ya que, por instrucciones de ADSEF bajo Surima Quiñones, había que
esperar la llegada la senadora, Evelyn Vázquez, para éstos ser distribuidos.
Además, dentro del análisis se apunta a que la legisladora sí hizo campaña
política con dichos suministros. La senadora Vázquez ha negado las imputaciones
de esa investigación interna en Familia.
Se alegó en la investigación interna de Familia que la
senadora y su esposo, Peter Muller, daban instrucciones a los empleados de
ADSEF y hasta decidían los lugares donde se repartiría la ayuda. Esto causó
molestias entre el personal de la agencia, y los empleados se quejaron con la
entonces secretaria Andújar. Por su parte, Andújar suspendió sumariamente a
Surima Quiñones y a personal de confianza el pasado 17 de enero, como
consecuencia de una querella anónima que le imputaba el haber permitido la repartición
de los suministros por consideraciones político-partidistas. Luego de eso, la
gobernadora Vázquez respondió despidiendo a Andújar.
El viernes (15-mayo-2020) el representante Gabriel Rodríguez
Aguiló, quien preside la comisión que investiga en la Cámara la respuesta del
gobierno ante los terremotos, confirmó a varios medios informativos que
agencias federales investigan la repartición de suministros.
¿Quién era el que asesoraba a Surima Quiñones cuando
hubo la repartición de suministros? Al que designaron como secretario, Orlando
López Belmonte. ¿Esto lo sabía la Gobernadora? ¿Se evaluó este escenario al
momento de su designación? Si esto se sabía, la designación es cuestionable. Resta por ver las
acciones de López Belmonte en las investigaciones en curso.
El contrato establece que
López Belmonte a través de su empresa OFE Consulting Group, fue contratado
como asesor de asuntos administrativos y financieros, “en la formulación de
normas específicas para el funcionamiento de los procesos de gestión”, proteger
los recursos de la agencia, evaluar la “efectividad, eficiencia y economía de
las operaciones a través de una auditoría interna”, realizar adiestramientos de
empleados, proveer apoyo y diagnóstico de procesos. Además, contiene unos
requisitos específicos para que asesorara en las licitaciones de ADSEF en la
selección de proveedores, en el proceso de digitalización de casos, en la
contratación de éstos y en la coordinación con programas federales.
Basado en lo que dice el
contrato, se suponía que López Belmonte asesora en las funciones de Surima
Quiñones. Resta por ver si él fue el asesor de Surima en las decisiones que le
costaron a ella el puesto. La pregunta es: ¿Fue López Belmonte parte de los
problemas? ¿Fue parte él de la toma de decisiones de Surima que le costó el
puesto y ahora el referido?
En el proceso de confirmación como
el nuevo secretario de la Familia en el Senado, ¿se cuestionará todo esto?
Cuando se anunció su designación, se dijo que López
Belmonte venía de desempeñarse en la empresa privada desde donde ofrecía servicios
de asesoría en manejo de riesgos, control de costos y optimización de
servicios. En el 2009, se desempeñó como subsecretario del DF y fue secretario
municipal del municipio de Bayamón del 2010 al 2015. Además, entre 1996 y el
2000 fue el director de presupuesto de la Administración para el Sustento de
Menores (Asume), donde laboró en la planificación financiera, análisis de
política pública, administración y el proceso de subastas y compras de la
agencia.
Se dijo también que López Belmonte posee un
bachillerato en Administración de Empresas y una maestría en Contabilidad,
ambos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.
Aquí
no se cuestiona la capacidad de López Belmonte, sino el escenario en el que ha
sido nombrado. ¿Por qué no dejaron en el puesto al que estaba de interino, si
lo que faltan son varios meses de culminar el cuatrienio? ¿Es esto control de
daños?
Y
lo más importante, ¿de qué manera una persona que viene de manejar empresas y
de ser contratista logrará atender las crisis sociales que enfrentan los
empleados de Familia? El maltrato a niños,
viejos y personas con discapacidad, la entrega a tiempo de fondos de pensiones
alimentarias, la entrega de ayuda bajo el Programa de Asistencia Nutricional y
otros son los asuntos que atiende un secretario de la Familia.
Cabe
recordar que el gobierno informó que desde que se estableció el toque de queda
el pasado 15 de marzo, el propio gobierno tuvo que admitir que los casos
reportados de maltrato continúan.
El Departamento de la Familia ha recibido cerca de
1,500 referidos de posibles casos desde el 15 de marzo, día en que se
estableció el toque de queda Según los datos que ofreció el gobierno:
- Se habían recibido 678
referidos de maltrato a niños (del 15 de marzo al 23 de abril de 2020)
- Se recibieron 789 casos
de maltrato a viejos (del 15 de marzo al 20 de abril de 2020)
- Recibieron 78 casos de
maltrato a adultos con diversidad funcional (15 de marzo al 20 de abril
2020)
Para el 2018 en Familia fueron referidos cerca de
13,000 casos de maltrato, de los cuales 1,850 fueron fundamentados o tenían los
méritos suficientes para ser investigados y atendidos. El 2017, año de los
huracanes Irma y María, hubo 17,000 referidos y sobre 2,500 casos fundamentados.
Cuando ocurren desastres naturales, los estudiosos en
el tema del comportamiento humano apuntan a que tienden a profundizarse problemas
sociales como el desamparo, la desigualdad y el desempleo, terreno fértil para que
ocurran actos de violencia contra poblaciones vulnerables como niños, personas
con discapacidad y viejos.
Si conoce un caso de maltrato de menores, llame al Sistema de Emergencias 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la Línea de Maltrato del Departamento de la Familia: 1-800-981-8333.
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