Periodista independiente en Puerto Rico

Sunday, May 17, 2020

Mingo en Familia



Hay que reconocer que Surima Quiñones se salió con la suya. El designado como nuevo secretario del Departamento de la Familia, Orlando López Belmonte, no sólo era su aliado, sino que ella lo contrató en el 2019, y sigue como contratista de la agencia.

Surima Quiñones lo contrató en el 2019, era su mano derecha, y aún se mantiene como contratista de la división en la agencia que ella dirigía, la Administración de Desarrollo Socioeconómico de la Familia (ADSEF). López Belmonte fue contratado a razón de $75 la hora hasta un máximo de 1,660 horas, o un costo total de $124,500. El contrato en poder En Blanco y Negro con Sandra fue firmado el 1ro de octubre de 2019 y se extiende hasta el 30 de septiembre del 2020.

En la tarde del jueves 14 de mayo, López Belmonte fue designado por la gobernadora Wanda Vázquez, como el nuevo secretario de la Familia y pasó el nombramiento a la confirmación en el Senado. Al momento de su designación el contrato estaba vigente. El número del contrato es 127-2020-085, 2020-000-085.

El contrato aparece firmado por Surima Quiñones, una funcionaria de segundo nivel del Departamento de la Familia, que tuvo polémicas con la exsecretaria Glorimar Andújar.

Surima Quiñones exdirectora de ADSEF y Glorimar Andújar, exsecretaria de la Familia. (Foto Primera Hora)

Lo que es evidente es que la política partidista es la prioridad por encima de los problemas que enfrenta FAMILIA. Hay que recordar los hechos.

López Belmonte viene a sustituir al que era secretario interino en Familia, Eddie García Fuentes.

En diciembre pasado, García Fuentes quien por 41 años militó en el Partido Nuevo Progresista (PNP), envió una carta al presidente de la colectividad, Thomas Rivera Schatz, anunciando que se desafiliaba, aunque no explicaba las razones, según publicó el periódico Metro. García Fuentes se convirtió en secretario interino en Familia luego de que la Gobernadora le retirara la confianza a la ahora exsecretaria Glorimar Andújar a principios de año.

Andújar fue despedida por la gobernadora, que alegó un mal manejo de la emergencia causada por los terremotos, junto al entonces secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat y al comisionado de seguros, Javier Rivera Ríos.

Todo se centró en la controversia pública cuando se halló en Ponce un almacén lleno de suministros que nunca se distribuyeron a las víctimas desde el huracán María. Sin embargo, con el paso de los días trascendió que Vázquez despidió a los funcionarios que supuestamente no le eran leales o eran del bando de su contrincante en las primarias, Pedro Pierluisi.

Cuando ocurrieron los terremotos, la gobernadora Vázquez designó a su aliada Surima Quiñones como el enlace entre el gobierno central y el municipio de Guayanilla.  Fue entonces cuando trascendió la polémica entrega de suministros a base de identificación política en los pueblos del suroeste, y luego el descubrimiento en Ponce de un almacén lleno de provisiones que nunca se entregaron desde el huracán María.

Gobernadora Wanda Vázquez y senadora Evelyn Vázquez (Foto Metro)
Hay que recordar que, en aquel momento, las dos Vázquez, es decir, tanto la gobernadora Wanda Vázquez como la senadora Evelyn Vázquez, fueron imputadas de controlar los suministros que se entregaron a los damnificados por los terremotos a base de su afiliación política.

Una investigación interna de Familia concluyó en días recientes que la entrega de suministros a los damnificados se interrumpió y se atrasó ya que, por instrucciones de ADSEF bajo Surima Quiñones, había que esperar la llegada la senadora, Evelyn Vázquez, para éstos ser distribuidos. Además, dentro del análisis se apunta a que la legisladora sí hizo campaña política con dichos suministros. La senadora Vázquez ha negado las imputaciones de esa investigación interna en Familia.

Se alegó en la investigación interna de Familia que la senadora y su esposo, Peter Muller, daban instrucciones a los empleados de ADSEF y hasta decidían los lugares donde se repartiría la ayuda. Esto causó molestias entre el personal de la agencia, y los empleados se quejaron con la entonces secretaria Andújar. Por su parte, Andújar suspendió sumariamente a Surima Quiñones y a personal de confianza el pasado 17 de enero, como consecuencia de una querella anónima que le imputaba el haber permitido la repartición de los suministros por consideraciones político-partidistas. Luego de eso, la gobernadora Vázquez respondió despidiendo a Andújar.

El viernes (15-mayo-2020) el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, quien preside la comisión que investiga en la Cámara la respuesta del gobierno ante los terremotos, confirmó a varios medios informativos que agencias federales investigan la repartición de suministros.

¿Quién era el que asesoraba a Surima Quiñones cuando hubo la repartición de suministros? Al que designaron como secretario, Orlando López Belmonte. ¿Esto lo sabía la Gobernadora? ¿Se evaluó este escenario al momento de su designación? Si esto se sabía, la designación es cuestionable. Resta por ver las acciones de López Belmonte en las investigaciones en curso.

El contrato establece que López Belmonte a través de su empresa OFE Consulting Group, fue contratado como asesor de asuntos administrativos y financieros, “en la formulación de normas específicas para el funcionamiento de los procesos de gestión”, proteger los recursos de la agencia, evaluar la “efectividad, eficiencia y economía de las operaciones a través de una auditoría interna”, realizar adiestramientos de empleados, proveer apoyo y diagnóstico de procesos. Además, contiene unos requisitos específicos para que asesorara en las licitaciones de ADSEF en la selección de proveedores, en el proceso de digitalización de casos, en la contratación de éstos y en la coordinación con programas federales.

Basado en lo que dice el contrato, se suponía que López Belmonte asesora en las funciones de Surima Quiñones. Resta por ver si él fue el asesor de Surima en las decisiones que le costaron a ella el puesto. La pregunta es: ¿Fue López Belmonte parte de los problemas? ¿Fue parte él de la toma de decisiones de Surima que le costó el puesto y ahora el referido?

En el proceso de confirmación como el nuevo secretario de la Familia en el Senado, ¿se cuestionará todo esto?

Cuando se anunció su designación, se dijo que López Belmonte venía de desempeñarse en la empresa privada desde donde ofrecía servicios de asesoría en manejo de riesgos, control de costos y optimización de servicios. En el 2009, se desempeñó como subsecretario del DF y fue secretario municipal del municipio de Bayamón del 2010 al 2015. Además, entre 1996 y el 2000 fue el director de presupuesto de la Administración para el Sustento de Menores (Asume), donde laboró en la planificación financiera, análisis de política pública, administración y el proceso de subastas y compras de la agencia.

Se dijo también que López Belmonte posee un bachillerato en Administración de Empresas y una maestría en Contabilidad, ambos de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Mayagüez.

Aquí no se cuestiona la capacidad de López Belmonte, sino el escenario en el que ha sido nombrado. ¿Por qué no dejaron en el puesto al que estaba de interino, si lo que faltan son varios meses de culminar el cuatrienio? ¿Es esto control de daños?

Y lo más importante, ¿de qué manera una persona que viene de manejar empresas y de ser contratista logrará atender las crisis sociales que enfrentan los empleados de Familia?  El maltrato a niños, viejos y personas con discapacidad, la entrega a tiempo de fondos de pensiones alimentarias, la entrega de ayuda bajo el Programa de Asistencia Nutricional y otros son los asuntos que atiende un secretario de la Familia.

Cabe recordar que el gobierno informó que desde que se estableció el toque de queda el pasado 15 de marzo, el propio gobierno tuvo que admitir que los casos reportados de maltrato continúan.

El Departamento de la Familia ha recibido cerca de 1,500 referidos de posibles casos desde el 15 de marzo, día en que se estableció el toque de queda Según los datos que ofreció el gobierno:
  • Se habían recibido 678 referidos de maltrato a niños (del 15 de marzo al 23 de abril de 2020)
  • Se recibieron 789 casos de maltrato a viejos (del 15 de marzo al 20 de abril de 2020)
  • Recibieron 78 casos de maltrato a adultos con diversidad funcional (15 de marzo al 20 de abril 2020)

Para el 2018 en Familia fueron referidos cerca de 13,000 casos de maltrato, de los cuales 1,850 fueron fundamentados o tenían los méritos suficientes para ser investigados y atendidos. El 2017, año de los huracanes Irma y María, hubo 17,000 referidos y sobre 2,500 casos fundamentados.

Cuando ocurren desastres naturales, los estudiosos en el tema del comportamiento humano apuntan a que tienden a profundizarse problemas sociales como el desamparo, la desigualdad y el desempleo, terreno fértil para que ocurran actos de violencia contra poblaciones vulnerables como niños, personas con discapacidad y viejos.
Si conoce un caso de maltrato de menores, llame al Sistema de Emergencias 9-1-1, al cuartel de la Policía más cercano o a la Línea de Maltrato del Departamento de la Familia: 1-800-981-8333.







No comments:

Post a Comment