Los rehenes del crimen: Preguntas y datos

Parece ser una conspiración del Estado para legitimar a los delincuentes. Se trata de una política pública diseñada para liberar a criminales de las cárceles y que la gente decente tengamos que vivir encerrados o irnos de aquí. El proceso que ordena que se hagan juicios de manera retroactiva en todos los casos en los que no hubo una determinación unánime de un jurado, tiene demasiadas lagunas como para decidirse “fast track”.

Este es el tema central que se discutirá mañana martes 26 de mayo, en la Cámara de Representantes bajo la comisión que preside María Milagros “Tata” Charbonnier. Allí los legisladores tendrán que contestar lo que no han dicho hasta ahora. ¿Cuál es la realidad de este cambio? ¿Por qué el senador Héctor Martínez está detrás de todas estas medidas? El resultado de esto será la desestimación y el archivo de cientos de casos de asesinatos, agresiones sexuales, robos, delitos de armas, entre otros.  

La posible realización de nuevos juicios en casos tan sonados como el de la masacre de Pájaros o el de Pablo Casellas cambiaría el paradigma legal en Puerto Rico, pero esto no se da en un vacío. Sigue toda una política concertada de legisladores que quieren vaciar las cárceles, liberar presos sin tomar en cuenta las víctimas del crimen, justo en momentos en que la mayoría y no nos hemos dado cuenta porque estamos todos presos en nuestras casas por la pandemia del coronavirus COVID-19. Vamos al historial reciente.

VACIAR LAS CÁRCELES

1)      El 30 de marzo pasado el senador Héctor Martínez propuso reducir la población penal – Propuso dar un pase especial para que los convictos puedan salir de prisión con la utilización de un grillete electrónico como alternativa para reducir el riesgo de un brote de coronavirus entre la población correccional y los funcionarios del Departamento de Corrección. Martínez es el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado.

2)      El 7 de abril - El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey rechazó la propuesta de Martínez y dijo que no es necesaria la liberación de los confinados para evitar un brote del coronavirus COVID-19 en las cárceles, aunque esa posibilidad no se puede descartar.

3)      El 11 de mayo, a pesar de la oposición de Rivera Juanatey, el Senado aprobó - legislación que lo faculta para dejar en libertad a ciertos sectores de la población carcelaria tras la declaración ejecutiva de un estado de emergencia a raíz de una pandemia u otro asunto de salud pública o sanitaria. La medida se da luego que el secretario del DCR, Eduardo Rivera Juanatey, indicara que las leyes habilitadoras le impiden, en su ejercicio discrecional, liberar confinados por una emergencia de salud.

4)      Ese mismo 11 de mayo el Senado aprobó otra medida de Carmelo Ríos - La Resolución de Senado 1346 que le ordena a la Comisión de Seguridad Pública del Senado a investigar la protección y cumplimiento de los derechos de los confinados. También ordena que se ausculte Ia posibilidad de revisar las leyes, reglas y normas en miras de establecer un sistema corrección más seguro y ágil. La medida busca hacer una “radiografía” de los confinados.

Por eso los legisladores tienen que dar explicaciones sobre la insistencia en todas estas medidas. El senador Martínez fue hallado culpable unánimemente en 2 ocasiones, por 2 jurados distintos, pero está libre por tecnicismos. ¿No será esto una venganza contra el sistema que lo metió preso no una, sino dos veces a nivel federal? No podemos olvidar su historial cuando era vicepresidente de la Junta de Libertad Bajo Palabra, previo a ser senador y a ser convicto. La psicóloga social comunitaria Katherine Angueira logró demostrar que actuó ilegalmente, lo que le costó el puesto en la Junta.

Pero no es el único que debe explicar esta serie de medidas que se han radicado en tiempo récord y liberan presos. ¿Por qué la insistencia del presidente del Senado Thomas Rivera Schatz? ¿Por qué el silencio oportuno del presidente de la Cámara Johnny Méndez?

Los legisladores del Partido Popular Democrático también han asumido una posición de silencio cómplice ya que se hicieron coautores del proyecto de Rivera Schatz. Igualmente, el legislador independiente José Vargas Vidot.

TATA CHARBONNIER

La Comisión de lo Jurídico en la Cámara que preside la representantes María Milagros “Tata” Charbonnier” evaluará mañana una medida (P. de la C. 2476 y P. del S. 1590):

“Para enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, para garantizar que la convicción de toda persona juzgada de un delito grave, que ejerce su derecho constitucional a que su juicio se ventile ante un jurado, sea encontrando culpable si el jurado lo determina de manera unánime. Del mismo modo, ambos proyectos buscan garantizar que las personas convictas que agotaron sus recursos apelativos, entiéndase sentencias finales y firmes, puedan invocar ante el Tribunal la revisión de su sentencia y la solicitud de un nuevo juicio”

La idea es enmendar las Reglas de Procedimiento Criminal de 1963, para garantizar que la convicción de toda persona juzgada de un delito grave, que ejerce su derecho constitucional a que su juicio se ventile ante un jurado, sea encontrando culpable si el jurado lo determina de manera unánime. Los convictos podrán pedir una revisión de su sentencia y solicitar un nuevo juicio.

El problema con la retroactividad de esta medida genera una serie de preguntas:

• ¿En qué parte de las medidas se le asignan fondos adicionales a los tribunales para atender la potencial avalancha de casos en revisión que se espera que esto genere
• ¿Cuánto dinero y recursos económicos le asigna el gobierno al Departamento de Justicia para poder atender estos casos, cuando todo el mundo sabe que no tienen recursos?
• ¿Cómo se le explica a la madre que le asesinaron a su hijo que tiene que pasar nuevamente por el proceso criminal?
• ¿Cómo se le explica al niño que fue abusado sexualmente o a la mujer que fue violada que tendrá que volver a un juicio que pidió su violador?
• ¿Tendrá derecho un violador o pedófilo que ya cumplió su sentencia a que se borre su nombre del registro de agresores sexuales porque su veredicto no fue unánime? 
• ¿No será que quieren vaciar las cárceles para dejar espacio para los presos que vienen?
• ¿Por qué no legislan para eliminar el voto a los confinados? 
• ¿Tendrán las víctimas la capacidad económicas que conlleva la apelación del Estado?
• Los abogados criminalistas que apoyan la retroactividad de estos casos, ¿están dispuestos a trabajar gratis? ¿Por qué los legisladores no enmiendan las medidas para que estos casos sean probono? 
• Todo el mundo sabe que la criminalidad ha bajado. ¿No será esto una forma de darle trabajo a los abogados criminalistas?
• ¿Cuántos sicarios van a tirar a la calle?

NOTA DE LA EDITORA: 

En este medio se respeta la dignidad de todo ser humano y entendemos que las familias de las víctimas del crimen se revictimizan con cada noticia que sale de estos procesos. También reconocemos que muchos de los asesinos y convictos también suelen ser víctimas de un sistema de grandes desigualdades social, pobreza, prejuicios y falta de oportunidades. Sin embargo, decidimos publicar algunas de las fotografías, en casos que han tenido amplia exposición mediática a través de los años porque son de dominio público. El objetivo es que el lector recuerde que detrás de cada noticia, titular, listado de casos y juicios en un tribunal, hay seres humanos que ya no están precisamente por el crimen del que fueron víctimas. Japhet Rivera colaboró en la confección de parte de esta información. (SRC)