(NOTA - Esta columna salió hoy en NotiCel - Miércoles, 13 de septiembre de 2017 http://www.noticel.com/blog/207948/colapso-de-las-telecomunicaciones.html )
Una vez más, el tiempo nos dio la razón. La semana pasada en NotiCel fuimos los primeros en advertir lo que venía. En nuestra columna titulada ¨La dependencia en las antenas¨ (
http://www.noticel.com/blog/207617/la-dependencia-en-las-antenas.html) alertamos que todo el país, los consumidores, los medios de comunicación, y más que nada, el gobierno, debían conocer el status de la infraestructura de telecomunicaciones ante la amenaza del huracán Irma. Tan pronto pasó el huracán, las interrogantes que expusimos como preocupaciones, se hicieron una penosa realidad: colapsaron las telecomunicaciones en Puerto Rico.
Del saque, lo primero que señalamos es la admisión de culpa e incompetencia que hicieron las compañías de telecomunicaciones. Como excusa por no tener Internet o no dar servicio dijeron que dependen de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para poder operar sus respectivas redes, en vez de tener su propia infraestructura paralela de plantas de generación de energía o de baterías. Raya en el cinismo facineroso que las mismas empresas que desacreditan el servicio de la AEE y que cabildearon para evitar la competencia de PrepaNet, en un acto de hipocresía corporativa, ahora dicen que sus redes se les cayeron por falta de electricidad.
Lo segundo, y más escandaloso aún porque raya en un acto criminal, es que el Gobierno y la Junta Reglamentadora de las Telecomunicaciones (JRT) le tiraron la toalla a las empresas privadas aunque gran parte del pueblo quedó desprovisto de servicios en medio de una crisis. Todavía hoy hay miles de personas sin servicio o con interrupciones en sus celulares, Internet y cable TV. En caso de una emergencia como lo fue el huracán Irma, el no tener acceso por teléfono o Internet pudo haber costado vidas. ¿Dónde están los teléfonos satelitales Iridium que se supone tengan todas las agencias del gobierno? ¿Se usaron en Culebra y Vieques o no los usaron y por eso estuvieron incomunicadas?
Y lo tercero, es que el gobierno tendrá que reevaluar su plan digital y de comunicación en una emergencia. El plan del presente gobierno se basa en las soluciones tecnológicas y mover todos los servicios por Internet, pero si la infraestructura real no sirve, ese plan no corre. El problema es que no lo admiten ni lo aceptan. Todos los días se emiten comunicados de prensa de a cuántas personas les han conectado la electricidad o tienen agua, pero no dicen exactamente a cuántos les han conectado el cable TV o el celular. Eso es tabú.
Como si eso fuera poco, las empresas se esconden y no dan cara. ¿Ha visto el país a los directivos de todas las compañías de telecomunicaciones dando informes de progreso de sus redes o diciendo qué áreas tienen o no tienen servicio a diario como pasa con la AEE o con Acueductos? Claro que no, aunque las telecomunicaciones son servicios esenciales.
La única empresa que ha sido consistente enviando mensajes de correo electrónico a sus clientes informando del status de las reparaciones es Liberty. Ayer, por ejemplo, hasta dijeron que ofrecerán canales gratis como paliativo por los días sin servicio. La JRT, en cambio, tiene un doble discurso que realmente no convence a nadie. No fiscaliza a las empresas y toma lo que dicen como verdad infalible. ¿Cómo es posible que el gobierno anunció que sólo el 50% de las antenas no funcionaban porque eso fue lo que las empresas informaron? ¿Revisó la JRT los planes de contingencia de esas empresas? Eso no se dijo al público.
La JRT emitió un comunicado de prensa diciendo que el sistema no colapsó ya que más del 70% de los clientes inalámbricos tenían servicio. De unas 781 torres, se han reparado 365 y la presidenta de la JRT, Sandra Torres, le dijo al periódico Caribbean Business que la infraestructura es ¨robusta¨ en la isla pues ¨no colapsó¨. Hábilmente habló de lo inalámbrico, pero se olvidó mencionar el detalle del cable TV. Si Liberty tiene prácticamente un monopolio del mercado de cable y está sin servicio, entonces la información dada por la JRT no es real. Está incompleta.
Una cosa es lo que dicen y otra lo que dice la gente. Como con la AEE. Mientras el gobierno informa que han restablecido el servicio de electricidad a más de un millón de abonados, la gente sigue denunciado - especialmente en las redes sociales - que están sin luz. Con la telefonía pasa igual. Muchas personas desmienten la información de que el sistema no ¨colapsó¨ y que la JRT vino a dar cinco días después de Irma. Por ejemplo, el reconocido locutor de WKAQ Fernando Pérez González, comentó ayer al aire que en casi toda el área de Fajardo, por ejemplo, no tienen ni telefonía, ni celulares ni cable TV.
El único funcionario del gobierno que ha tenido la gallardía y honestidad de decir lo que de verdad pasó fue el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. En una entrevista que hizo el sábado pasado en la cadena Wapa Radio, Rivera admitió que la respuesta de su municipio a la emergencia del huracán funcionó en todas las áreas excepto en las telecomunicaciones. Dijo que por abaratar costos usaron la tecnología Voice Over IP o telefonía por Internet que colapsó durante el huracán, y quedaron incomunicados durante la crisis. Eso mismo pasó en muchas agencias del gobierno y municipios, pero eso no se discute a nivel general.
La pregunta ante todo esto es ¿por qué esto no se fiscaliza y por qué el silencio? La respuesta es sencilla: Las empresas de telecomunicaciones tienen secuestrado al país.
Han secuestrado a los políticos que no dicen nada porque dependen de sus aportaciones para las campañas electorales. Tienen amarrado al gobierno que no tiene recursos para fiscalizarlas y cuando lo va a hacer, las pesquisas terminan en nada porque las empresas cabildean para evitarlas. Y también tienen secuestrados a gran parte de los medios informativos que no denuncian la crisis. Callan de manera cómplice porque telecomunicaciones es una de las pocas categorías de anunciantes que se mantiene viva, y como dependen de los anuncios de esas mismas compañías, no las cuestionan. El problema con todo esto, como advertimos en la columna anterior, es que el consumidor queda desprovisto de representación y defensa.
Pero no tiene que ser de esa manera. Las empresas tienen que ser honestas y proactivamente decir sus planes de contingencia y mitigación de daños.
Cuando el huracán Harvey azotó Texas y otros estados, la empresas de telecomunicaciones actuaron con un nivel de responsabilidad que aquí no se acercó ni remotamente. AT&T, por ejemplo, usó más de 40 drones para tomar vídeos y desde el aire identificar daños y las zonas que necesitaban reparación más urgente. Verizon,el día después del huracán, movilizó camiones y guaguas tipo ¨oasis¨ a las zonas afectadas en Texas. En esos vehículos ofrecían a los damnificados conexión a Internet, celulares, y áreas para cargar dispositivos de manera inmediata tras la emergencia. Muchas personas pudieron comunicarse con familiares e identificar si estaban vivos, como reportó CNN Money
(money.cnn.com/2017/09/08/technology/business/carriers-hurricanes/index.html)
¿Por qué AT&T, Claro, Sprint, TMobile y otras no hicieron esos ¨oasis¨ de emergencia en Puerto Rico? ¿O es que los únicos que pueden atender a los que necesitan de inmediato son las agencias del gobierno como Acueductos, que lleva camiones cisternas a las zonas sin agua para que la gente pueda abastecerse? Si alguna empresa lo ha hecho, que lo diga. Plaza Las Américas anunció las zonas donde la gente puede ir a recargar sus celulares, los restaurantes donaron comida a los policías y personal de rescate, ¿qué hicieron las empresas de telecomunicaciones?
Hasta ahora lo que han hecho es seguir el juego de imagen, anunciando que se concentrarán en la recuperación de Culebra, pero nada del resto del país. (
https://www.metro.pr/pr/noticias/2017/09/10/aee-companias-telecomunicaciones-concentran-esfuerzos-restablecer-servicios-culebra.html)
El gobierno y los políticos tiene que asumir su rol y fiscalizar a las empresas en beneficio de los consumidores. Tienen que exigirles que inviertan en mejorar su infraestructura porque no todo es generar ganancias sin proveer servicios en una emergencia en donde la vida humana corre riesgos.
En los Estados Unidos, por ejemplo, hace dos días el líder de los demócratas en el Senado federal, Charles Schumer, presentó una legislación para permitir que en emergencias como huracanes o inundaciones, las empresas de telecomunicaciones tengan la misma prioridad de acceso a reparar sus servicios como tienen las compañías de electricidad y acueductos. La base de su medida es que en una emergencia, el tener redundancia en los sistemas de telefonía puede ser la diferencia entre la vida o la muerte
(http://hitechbeacon.com/2017/09/11/schumer-pushes-law-that-would-help-cell-service-during.html ). A ver si un legislador local se atreve a hacer algo así.
Sin embargo, sí podrían legislar para que las empresas reembolsen o den un crédito a los consumidores por los días sin servicio.
Lo otro es enmendar los reglamentos. Ahora mismo no hay ninguna ley o reglamento que obligue y ordene a las empresas de telecomunicaciones a tener baterías, generadores o sistemas de redundancia. Es voluntario, no obligado. Como es voluntario, ven la consecuencias.
El gobierno federal también tiene que ser más enérgico en esto en Puerto Rico. Desde que cerraron la oficina local de la FCC, esto anda por la libre. Agencias como Homeland Security, la DEA y otras deben intervenir porque la falta de telecomunicaciones puede ser un riesgo a la seguridad nacional.
Si esto no mejora, pregunto entonces: ¿tendremos que volver otra vez a las señales de humo, al sonido de los tambores o al teléfono de manigueta para comunicarnos en una emergencia en pleno siglo 21? Eso que lo respondan las autoridades.
