Cambio de actitud para conseguir mano de obra. Son empleados, no esclavos, dice experto

Ruy Delgado Zayas, exsecretario del Trabajo

Si los patronos y el gobierno no cambian de actitud, no van a conseguir empleados. El mundo cambió y la motivación de la gente para trabajar es distinta al pasado, de acuerdo con el exsecretario del Trabajo y experto en asuntos laborales, Ruy Delgado Zayas. “Tienen que verse las necesidades de ambos lados, no sólo las necesidades del patrono”, dijo.

Sus expresiones en una entrevista el fin de semana con este medio contradicen la versión del gobierno y de los empresarios que insisten en que la gente o es vaga o se acostumbró a las ayudas federales por la pandemia, como el PUA, que acaban en septiembre. La semana pasada el gobierno hizo una feria de empleo dirigida a atraer trabajadores para el sector de los restaurantes. Ofrecían 4,000 plazas, pero la gente no llegó. Sólo contrataron unas 70 personas. Fue un fracaso. Pero preguntado sobre este asunto, el licenciado Delgado Zayas apuntó a que los trabajadores tienen otras motivaciones.

“Los empresarios en Puerto Rico tienen que entender finalmente que necesitan un cambio de actitud. Si tú quieres motivar a tus empleados, piensa en lo que les motiva a ellos. Piensa en lo que ellos necesitan. No puedes pensar sólo en lo que te motiva a ti. El empresario tiene que entender que el mundo cambió hace un año y cuatro meses, que estamos en un escenario distinto, y tienen que reconocerlo”, manifestó Delgado Zayas.

Salario mínimo: democratización de la fuerza laboral

 

Los empresarios y patronos acusan al puertorriqueño de vago y de que no quiere trabajar. El gobierno y algunos economistas quieren detener beneficios e incentivos federales para obligar a la gente a que vuelva a los empleos. Y mientras tanto, el trabajador se liberó. No quiere ser más esclavo, y no está dispuesto a trabajar a $7.25 la hora. Por eso, mientras dure el PUA, el desempleo y las ayudas federales, los trabajadores seguirán recibiéndolas. En esencia: la escasez de mano de obra es sólo una escasez de salarios, beneficios y calidad de vida.

Este es el escenario que vive el mercado laboral en Puerto Rico, que no es distinto al de los Estados Unidos. Allá también hay serios problemas para conseguir mano de obra, ahora que poco a poco vamos todos moviéndonos y esperamos salir de la pandemia.

El problema es que acá en Puerto Rico, siguen con las mismas actitudes negativas, y tanto el gobierno y como los empresarios no se dan cuenta que ellos mismos han fomentado esa actitud que ahora critican entre sus empleados. Los trabajadores puertorriqueños, como está pasando en los Estados Unidos, exigen una democratización de la fuerza laboral.

Esto no se trata de sindicatos ni de políticas de derecha o de izquierda. Se trata de que, si el empresario o patrono tienen ganancias, el empleado también quiere y exige mejores condiciones de vida, empezando por un mejor salario mínimo.

¿Es negocio trabajar?

Los comerciantes quieren mano de obra barata y sin beneficios, pero ahora, no la encuentran.  El empleado en este momento piensa igual que el comerciante y se pregunta: ¿Dónde me conviene ganar el pan de cada día? Al no tener los beneficios ni permanencia, piensan: ¿para qué trabajar para otro? Mientras tanto, en el gobierno se quejan de que la gente no quiere trabajar, pero todos politiquean, mendigando incentivos para pagar el desempleo y darle dinero a la gente, y así, ganar votos. El mismo gobierno ha creado y mantiene una cultura de mantengo, y esto incluye a los dos partidos principales, entonces la pregunta es En Puerto Rico, ¿es negocio trabajar?

No, no lo es, y menos en la realidad actual con la pandemia. La queja constante entre cibernautas y personas en la calle ahora mismo es que hay patronos que no proveen las condiciones seguras y salubres para trabajar, y a $7.25 la hora, no es rentable. Hay miedo a contagiarse en el empleo. Esto se agrava porque, los mismos datos del programa de rastreo de Covid-19 del Departamento de Salud, divulgados por la epidemióloga Fabiola Cruz en esta semana, así lo constatan.

La esclavitud moderna (Ley 80)

Gobernador Ricardo Rosselló y el Presidente del Senado Thomas Rivera Schatz (Foto por Noticel)

(NOTA: Esta columna fue publicada originalmente en NotiCel el  19 de mayo de 2018 -http://www.noticel.com/opiniones/blogs/en-blanco-y-negro-con-sandra/la-esclavitud-moderna/746220873) 

El tema de la semana fue la Ley 80, pero nadie dice la realidad que está detrás de su eliminación. Es sencillo: Ricardo Rosselló y la Junta de Control Fiscal quieren imponer aquí la esclavitud moderna.

Le han quitado beneficios y derechos laborales a la gente, afectan la operación de empresas y negocios, y quieren quedar bien, o como dicen, “coolearse” ante la opinión pública, antes de privatizar. Porque es obvio lo que viene. Cuando privaticen entidades como el Fondo del Seguro del Estado (CFSE), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y vendan las escuelas a las chárters, los nuevos dueños privatizadores botarán a la mayoría de los empleados, y sin Ley 80, estos no podrán ir a pedir dinero a sus nuevos patronos.

Eso es lo que va a pasar y eso es lo que está detrás de la eliminación de esa ley. Es más, creo que eso lo sabe muy bien Thomas Rivera Schatz y por eso el presidente del Senado exige que produzcan estadísticas, pero eso tampoco va a ocurrir. No las hay. No hay manera que alguien la tenga porque no las puede haber.

Por más que 'Johnny' Méndez diga que al año solo se radican como 2,000 demandas por despido injustificado bajo la Ley 80 y que de estas solo un 3% prospera, la realidad es otra. Nadie tiene la estadística real, ni tan siquiera el Departamento del Trabajo, porque la inmensa mayoría de los casos se transan antes de llegar a esa agencia o a los tribunales para evitar procesos costosos. Pregúntele a cualquier director de recursos humanos, jefe de personal o abogado laboral y lo comprobará.

El hecho indiscutible aquí es que tanto el Gobernador como la Junta tienen que preparar el camino y hacerle rentable el negocio a los privatizadores. La estrategia de comunicación es clara. Desviar la atención del tronco y concentrarse en las ramas.

A los miembros de la Junta no les importa lo que piensen los trabajadores porque tienen mandato del Congreso federal y no fueron electos. Pero Rosselló no quiere que se vea como que él botó empleados del gobierno, y mucho menos a los que lo ayudaron a llegar al poder. Así que lo disfraza, mientras le pone en bandeja de plata el camino para que los nuevos dueños de las entidades privatizadas puedan eliminar esos costos de operación que representan tener un batatal de empleados políticos. A la calle es que van. Rosselló quedará bien y dirá: “no fui yo, fue la Junta que me obligó”. Pero el libreto está leído.