PIP en Cámara y Senado expresa preocupación por el posible impacto a la capacidad de almacenamiento del embalse
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| Lago La Plata en Toa Alta |
Que
investiguen. Eso es lo que pidieron las delegaciones del Partido
Independentista Puertorriqueño (PIP) en el Senado y en la Camara de
Representantes, ante preocupaciones en las comunidades por las actividades de
extracción de materiales de la corteza terrestre y el movimiento de terreno en
fincas colindantes al Lago La Plata en el municipio de Toa Alta.
Las
delegaciones presentaron sendas resoluciones (RS 492 y RC 665) para ordenar una
investigación formal sobre el alcance de dichas actividades, su cumplimiento
con la reglamentación vigente y su posible impacto sobre la sedimentación del
embalse.
El
Lago La Plata constituye una infraestructura crítica para el suministro de agua
potable en Puerto Rico, particularmente para la región metropolitana. Durante
décadas, estudios científicos han documentado la reducción progresiva de su
capacidad de almacenamiento debido a procesos de sedimentación asociados a
erosión dentro de la cuenca hidrográfica del río La Plata.
La medida en el Senado ordena a la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales a realizar una investigación sobre denuncias públicas surgidas de residentes y comunidades del barrio Ortiz en Toa Alta, así como reportajes de medios de información, que apuntan a trabajos en terrenos aledaños al lago que podrían estar agravando la pérdida de capacidad del embalse.
“La
protección del Lago La Plata no puede tratarse como un asunto secundario.
Estamos hablando de uno de los principales embalses que sostiene el
abastecimiento de agua potable para miles de personas en Puerto Rico. Cualquier
actividad de extracción, remoción de terreno o deforestación en su cuenca debe
evaluarse con el más alto rigor técnico, legal y ambiental”, expresó Víctor
Alvarado Guzmán, Asesor Ambiental del PIP.
El
líder ambiental explicó que las resoluciones también buscan examinar la
actuación del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, y de la Oficina
de Gerencia de Permisos en la otorgación, fiscalización y cumplimiento de los
permisos correspondientes, incluyendo permisos simples de extracción de corteza
terrestre, así como determinar si las actividades realizadas cumplen con los
límites reglamentarios y requisitos legales aplicables.
“La
sedimentación de nuestros embalses es una de las amenazas más serias para la
seguridad hídrica del país. Permitir actividades potencialmente incompatibles
con la protección de esta cuenca sin una fiscalización estricta sería una
irresponsabilidad ambiental y administrativa”, dijo Alvarado Guzmán.
Por
su parte, Enerys Olaguibel Guemárez, presidenta del PIP en Toa Alta,
destacó la preocupación comunitaria que ha dado paso a esta acción legislativa.
“Las
comunidades del barrio Ortiz y sectores cercanos llevan tiempo levantando
bandera sobre trabajos y movimientos de terreno que generan preocupación
legítima. Esta investigación es necesaria para esclarecer qué está ocurriendo,
determinar responsabilidades y asegurar que ningún interés privado, con fines
de lucro, prevalezca sobre la protección del agua y de nuestras áreas
naturales, cuya protección es de beneficio para las presentes y futuras
generaciones”, sostuvo Enerys Olaguibel.
La
investigación ordenada deberá incluir la evaluación de actividades de
extracción, remoción o movimiento de terreno en las fincas bajo escrutinio; el
análisis del cumplimiento con leyes y reglamentos ambientales y de uso de
terrenos; la determinación del impacto potencial o real sobre la sedimentación
del embalse; la revisión de querellas, si alguna, presentadas ante las
agencias; así como la evaluación de transacciones de compraventa vinculadas a
las entidades Golden Lake View Villas LLC, RJM Capital Fund LLC y Capital
Nova LLC.
“La
protección de nuestros embalses y cuencas hidrográficas es un asunto de
seguridad ambiental y comunitaria, y planificación nacional responsable. El
Senado y la Cámara de Representantes tienen la obligación de investigar y
actuar cuando existen señalamientos que podrían comprometer la conservación
ecológica y presentar una falta de acción en el cumplimiento de leyes y
reglamentos”, concluyó Alvarado Guzmán.
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