En un fallo que sienta un precedente para la comunidad con diversidad funcional, el Tribunal de Apelaciones ratificó que la institución violó los derechos de un hombre sordo, dejándolo 13 días incomunicado y aislado.
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| Eugenio Sastre, el sordo que fue discriminado |
Sentencia del Tribunal Apelativo
Imagina entrar a una sala de emergencias con una tos incontrolable, visión borrosa y una severa dificultad para respirar, en el peor momento de la pandemia del COVID-19. Ahora, imagina que el mundo a tu alrededor se vuelve completamente mudo, que los rostros de los médicos están cubiertos por mascarillas y que nadie, a pesar de tus ruegos, se digna a escribirte una sola nota en un papel. No entiendes nada y nadie te hace caso, como si no fueras humano.
Esa pesadilla la vivió en carne propia Eugenio Sastre Fernández, uno de los líderes más reconocidos de la comunidad sorda en la isla. Tras años de lucha legal, un panel de tres juezas del Tribunal de Apelaciones hizo justicia al dictaminar, de forma unánime, que el Doctor’s Center Hospital discriminó a Sastre al negarle una comunicación efectiva.
El panel compuesto
por las juezas Monsita Rivera Marchand, Beatriz Martínez Cordero y María Trigo
Ferraiuoli— resolvió que la institución hospitalaria falló en su
responsabilidad legal de proveer accesibilidad y un intérprete de lenguaje de
señas, tal como lo mandata la ley federal. Ante esto, el tribunal ordenó al
hospital pagar una compensación de $25,000 al afectado.
“Después de tantos años, ya esto termina. Este caso es importante para la comunidad sorda porque nos tienen que respetar nuestros derechos”, expresó Sastre, con el alivio de quien ha ganado una batalla colectiva.
“Me sentí como una rata de laboratorio”
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| Eugenio Sastre |
La ironía
de esta historia es desgarradora. Sastre es un profesional cuya vocación de
vida es, precisamente, romper el aislamiento de la comunidad sorda en Puerto
Rico sirviendo como intérprete y maestro de lenguaje de señas. Sin embargo, en
julio de 2020, al cruzar las puertas del Doctor’s Hospital, sus herramientas
desaparecieron.
A pesar de que el paciente verbalizó, hizo señas y escribió que era sordo, el personal lo ingresó y lo aisló por completo. Durante casi dos semanas, Sastre no supo qué pasaba con su propio cuerpo. El personal médico y de seguridad le negó sistemáticamente alternativas básicas de comunicación que él pedía como notas escritas, el uso de celulares o pizarras, y jamás activó el servicio de intérpretes virtuales o presenciales con el que la institución legalmente contaba. Estuvo así incomunicado por toda la hospitalización que duró 13 días.
"Me sentí como una rata de laboratorio", testificó Sastre, recordando el pánico de ver a enfermeras y médicos hablarle detrás de los protectores faciales sin poder descifrar una sola palabra.
Tal y
como publicamos en el 2025
un Tribunal de Primera Instancia falló a favor de Sastre, pero el hospital
apeló. Durante el proceso judicial, el hospital intentó defenderse presentando
a cinco testigos que alegaron que "nunca se percataron" de la
condición de Sastre y afirmaron falsamente que este sí escuchaba.
El panel
del Apelativo catalogó dichos testimonios como carentes de credibilidad,
determinando que la condición del paciente era evidente desde el primer minuto
debido a sus gestos y su tono de voz.
El trauma del audismo y un
triunfo hacia el futuro
El caso de Sastre es un vivo y doloroso reflejo del audismo: ese prejuicio sistemático que asume que las personas oyentes son superiores o que los ciudadanos sordos deben adaptarse a un entorno que los ignora.
Afortunadamente, el dictamen del Apelativo no solo repara parte del daño individual, sino que blinda a toda la comunidad sorda. El licenciado José Vélez, abogado que llevó el caso, explicó que el hospital ahora está obligado por ley a tener disponibles tarjetas visuales y pictogramas con instrucciones claras. Además, deberán entregar un acuse de recibo a cada paciente con diversidad funcional auditiva para informarle, de entrada, sobre su derecho a recibir ayuda técnica o intérpretes.
“Esta decisión representa un triunfo invaluable no solo para hacer justicia en el caso de Sastre, sino para salvaguardar y proteger los derechos de toda la comunidad sorda en Puerto Rico”, concluyó el licenciado Vélez.
“Las personas de la comunidad sorda tienen derecho a una comunicación efectiva, a integrarse a la sociedad y eso se hace a través de intérpretes. En el contexto médico”, agregó el abogado. El silencio impuesto por la negligencia institucional ha sido finalmente roto por la voz de la justicia.
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