(NOTA: Esta columna fue publicada originalmente en NotiCel el 23 de marzo de 2016 - http://www.noticel.com/blog/188148/campanas-sordas-y-ciegas-audio.html )
En Puerto Rico el español no es el único idioma
principal. Aquí hay más de 150,000 personas que usan otra lengua, pero eso,
ninguno de los candidatos políticos actuales lo entiende. Ni si quiera lo
reconocen porque para los políticos, esas personas no existen. Y si no existen, entonces, no ven la necesidad
de comunicarse con ellos. Representan votos, pero no los políticos no los ven.
Se trata de los 150,000 sordos y personas con
pérdidas auditivas que viven en Puerto Rico, según la más reciente revisión de
los datos del Censo, al 2016. Si a éstos se añaden el estimado de otras 120,000
personas ciegas que viven aquí, se trata de una población de unas 270,000
personas. Casi todos esos puertorriqueños se comunican mediante lenguaje de señas o leen libros en Braille.
Sin embargo, no hay uno solo de los candidatos
políticos en la contienda electoral que haya hecho el más mínimo acercamiento a
esta población. Es como si no votaran. Y si no votan, menos les importan.
El problema es que en un país donde la
emigración sigue subiendo, y en donde ya se anticipa que habrá una merma de
electores en noviembre, todo voto cuenta. Ya hay politólogos que apuntan a que
las próximas elecciones se pueden decidir por márgenes escasos, de menos de
5,000 votos. Entonces, ¿Cómo es que ningún político le ha dedicado un minuto a
este segmento de la población? ¿Por qué ninguno de los estrategas de la
propaganda política, o los comunicadores, han pensado en que tienen ahí una
población significativa de electores? ¿Por qué hay tan mala comunicación?
La respuesta a
estas interrogantes es sencilla y evidente: no los consideran porque los que
siempre han sido olvidados, ahora son más invisibles que nunca.
Eso explica por qué ni Rafael Bernabe, ni
Manuel Cidre, ni Alexandra Lúgaro, ni María de Lourdes Santiago, ni Ricky
Rosselló, ni Pedro Pierluisi, ni David Bernier, que se sepa, han dirigido ni un
ápice de sus campañas para comunicarse con estas personas en la manera en que
los pueden entender. Ni ellos ni los aspirantes a la Comisaría Residente en
Washington, ni los alcaldes, ni los legisladores. Nadie.
En cambio, en otras partes del mundo los
políticos si lo hacen. En Inglaterra, Grecia, Hungría, Islandia, Bélgica, Canadá, Nueva Zelandia y Sur África,
no sólo hacen campañas para sordos o ciegos, sino que han electo políticos que
con esas condiciones. En América Latina, en países como Republica Dominicana y
México, también han desarrollado campañas electorales para estas poblaciones. En
los Estados Unidos ahora mismo la aspirante demócrata a la presidencia Hillary
Clinton, tiene una campaña de anuncios y mensajes específicamente dirigidos a
los sordos, aunque no a los ciegos.
Y el tema de la inclusión y el respeto a los
derechos humanos de estas poblaciones están en la boca de todos. Hasta en el
popular programa televisivo “Dancing with
the stars” tienen a un concursante sordo. Pero en el Puerto Rico del 2016,
nada.
Aquí siguen con la misma cantaleta política de
siempre, con los mensajes reciclados y lo mismo de siempre. Con la misma
comunicación política prefabricada y monolítica. Aquí la discusión pública
parece un disco rayado porque siempre vuelve al uso del inglés o del español
como las únicas lenguas. O mientras la atención gira en torno a la perspectiva
de género y los políticos se afanan por hablarles a las comunidades LGBTT, a
los dominicanos o a los evangélicos, estos sectores de la población que
trascienden razas, credos y clases sociales, siguen marginados. Como no saben lenguaje de señas, no traen
intérpretes ni tampoco incorporan servicios de audio o de braille en sus campañas,
los políticos no se comunican con estos electores que bien podrían superar a
270,000 personas.
La mayoría de los sordos y los ciegos son
personas con inteligencias superiores, pero se necesita más respeto y apego
general a la ley. Y esto incluye a los candidatos y toda la maquinaria de
propaganda. Para el conocimiento de los
equipos de campaña, los estrategas y las campañas, hay varias leyes estatales
y federales que protegen a estas poblaciones, y que hasta el momento, los
partidos políticos y los candidatos incumplen:
· La Ley 230: Establece la política
pública estatal para todas las personas con impedimentos y dice que los
servicios y las necesidades de esta población deben atenderse prioritariamente,
y garantiza acceso a servicios en todas las agencias del gobierno aunque en la
práctica, en las oficinas se les discrimina.
· Ley 136: Establece que cada agencia de
gobierno debe tener un intérprete del lenguaje de señas y un facilitador de la
comunicación. Lo mismo en los hospitales y escuelas.
· Ley 229 (Ley para Garantizar el Acceso de
Información a las Personas con Impedimentos): Ordena que toda agencia de
gobierno que tenga página web debe cumplir con los requisitos de accesibilidad
para servir a las personas con discapacidades. Sin embargo, apenas el 50% de las páginas web del gobierno
están habilitadas para funcionar con lectores de voz.
· Ley IDEA (Individuals
with Disabilities Education Act): Ley federal que fomenta la educación
pública gratuita, en el ambiente menos restrictivo, a las personas con
impedimentos.
·
Ley ADA (Americans
with Disabilities Act): Prohíbe el discrimen por discapacidad en el
ámbito laboral, en servicios y en las telecomunicaciones. Esta ley incluso
obliga al gobierno a proveer servicios de intérpretes en las cortes, otra
sección de la ley garantiza que los sordos tienen derecho a la televisión por
lo que los canales deben tener intérpretes o subtítulos. En particular los
noticieros y contenidos en casos de emergencias.
El primer gobernante que actuó hacia sectores
de esta población fue Carlos Romero Barceló, en parte porque la Primera Dama,
Kate Donnelly, tomó cursos de lenguaje de señas. Luego, en los últimos años de mandato de
Rafael Hernández Colon, pero principalmente bajo Pedro Rosselló, se
incorporaron intérpretes de lenguaje de señas en sus mensajes de estado y ante
la Asamblea Legislativa, que eran transmitidos por televisión. Rosselló fue un
paso más e incluyó a los intérpretes en conferencias de prensa durante el paso
de huracanes y otros fenómenos atmosféricos. A partir de entonces, todos los
gobernantes los incluyen en sus discursos ante la Legislatura, pero hasta ahí
llega la cosa.
Recientemente los legisladores populares Maritere González y
Jorge Suárez radicaron resoluciones para indagar sobre las necesidades actuales
de los jóvenes con impedimentos auditivos severos que reciben servicios del
Departamento de Educación, así como evaluar el uso del lenguaje de señas en
Puerto Rico, la certificación de intérpretes y los métodos de enseñanza. En
todos los cuatrienios y en todas las décadas los legisladores impulsan medidas,
pero como ahora, nada pasa.
Para la redacción de esta columna, se consultó
con al menos cuatro sordos, dos intérpretes
y dos ciegos. Todos coincidieron en que en términos de la política, ocurre como
a nivel de gobierno. Los funcionarios y candidatos olvidan que siempre existe
una necesidad de comunicación entre las personas. La principal barrera es de
actitud.
Con tanta población sorda, el lenguaje de señas
debería ser una obligación en las escuelas y en todas partes. Debería ser parte
natural toda conversación. Igualmente deberían estar más accesibles los textos
en braille y mayor acceso a grabaciones en audio para los ciegos. Estamos a tiempo para que los políticos se
muevan e incorporen esto en sus programas de gobierno y los tornen en acciones
concretas. La bola está en su cancha. ¿Quién se atreve a dar el primer paso? Aquí
espero.
Vídeo: "Señas para elecciones:
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