Documentos evidencian que Anthony Maceira fue pieza clave en conceder el monopolio en la generación de energía bajo el gobierno de Ricardo Rosselló
Anthony Maceira se alambró para los federales
(Esto fue publicado originalmente en Substack - https://sandrarodriguezcotto.substack.com/p/maceira-se-alambro-para-protegerse?sd=pf )
Mientras estará hoy en el Tribunal Federal declarando lo que hizo
cuando se alambró para grabar al productor Sixto George, se descubre que el verdadero
motivo por que el Anthony Maceira fue a las autoridades federales en vez de ir
a oficinas de orden público estatal fue para protegerse de sus propios esquemas
de corrupción. Sabía que tenía problemas porque cuando era el director de la
Autoridad de los Puertos, él fue la persona que impulsó a la empresa New
Fortress Energy para se quedara con el muelle de San Juan y le adjudicó el monopolio
en el suplido de gas.
Entrevistas con personas vinculadas y una serie de documentos en poder de En Blanco y Negro con Sandra constatan el tracto de las irregularidades cometidas por el exdirector de Puertos y exsecretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza Anthony Maceira, para otorgar el contrato de exclusividad a la empresa New Fortress. Maceira fue quien cabildeó desde el interior del gobierno de Ricardo Rosselló y logró que concedieran el contrato de exclusividad en el proceso acelerado para privatizar todo lo relacionado a la energía eléctrica.
Estos documentos corroboran también lo que salió en el segundo audio que este medio reveló en exclusiva en horas de la mañana de ayer, cuando al productor Sixto Díaz Colón (alias Sixto George), se le escucha diciendo que había “un lío con los Puertos”.
Cabe destacar que Maceira había acudido al programa de televisión que producía Sixto George en SBS-Mega TV “Nación Z” para tratar de desvincularse de los cientos de millones de dólares que había en intereses de los involucrados en la privatización de la energía.
Sus nexos con esa privatización se evidencian en una serie de cartas firmadas por Maceira en el 2018. Según las fuentes, desde mayo del 2019 las autoridades federales estaban requiriendo información sobre los contratos que había dado el gobierno.
