Periodista independiente en Puerto Rico

Saturday, January 31, 2026

La Criminalización del Periodismo en la Era de la Intimidación: Don Lemon y otros periodistas / The Criminalization of the Press Amidst Rising Intimidation: Don Lemon and other journalists

El arresto de Don Lemon y Georgia Fort no es un caso aislado: es la criminalización federal de la verdad. Todo reportero en Puerto Rico y los latinos en los EE. UU. deben estar conscientes de la persecución estatal

Don Lemon (GETTY)


Los recientes arrestos del veterano periodista Don Lemon y de la cineasta independiente ganadora del Emmy, Georgia Fort, marcan una escalada escalofriante en la guerra contra la información. Ya no se trata solo de una batalla de palabras o etiquetas de "noticias falsas"; hemos pasado a la fase de utilizar el aparato de justicia federal para criminalizar el acto de dar testimonio.

El 30 de enero de 2026, el Departamento de Justicia, bajo la dirección de la Fiscal General Pam Bondi, dio el paso sin precedentes de acusar a periodistas de delitos graves de conspiración. Lemon y Fort no eran participantes en la protesta contra ICE en Minnesota; eran los ojos y oídos de un público que tiene el derecho constitucional de saber qué ocurre en sus comunidades.

Al acusar a estos reporteros de "conspiración" y violaciones de la Ley FACE —una ley diseñada para proteger el acceso a clínicas y no para detener a la prensa—, la administración envía un mensaje aterrador: Documentar el disenso es convertirse en disidente.

En primer lugar, hay una clara intención de crear un efecto paralizante. Cuando una periodista como Georgia Fort es arrestada en su hogar, frente a sus hijos, por transmitir en vivo una protesta, todos los demás reporteros independientes en Estados Unidos sienten la mano del Estado sobre sus hombros.

Luego, está la embestida legal. Estos arrestos ocurren junto a una ráfaga de demandas asombrosas: una demanda de $10 mil millones contra el Wall Street Journal, una de $15 mil millones contra el New York Times y una acción de $10 mil millones contra la BBC. Estos no son meros conflictos legales; son tácticas financieras de 'choque y pavor' diseñadas para llevar a la prensa libre a la quiebra y a la sumisión".

Una nueva "Doctrina Monroe" del miedo

Esta represión interna es la gemela de una política exterior radical que ha convertido a América Latina en un laboratorio de poder ejecutivo sin control. Para quienes están en Puerto Rico y la diáspora latina en EE. UU., los riesgos nunca han sido tan altos.

Recordemos los recientes problemas regionales. En Venezuela, el 3 de enero de 2026, la administración Trump lanzó la Operación Resolución Absoluta, una operación militar unilateral que derrocó a Nicolás Maduro. Aunque muchos celebran la caída de un dictador, el precedente de que Estados Unidos 'administre' una nación soberana y sus ventas de petróleo le recuerda a la región los días más oscuros del intervencionismo del siglo XX.

Después vino Cuba, donde una nueva emergencia nacional y un agresivo sistema arancelario tienen como objetivo a cualquier país que suministre petróleo a la isla. Esta 'presión máxima' 2.0 ignora el costo humanitario sobre el pueblo cubano, mientras utiliza a la isla como un peón en un juego geopolítico mayor contra China

La administración Trump ha resucitado de facto la Doctrina Monroe, señalando que América Latina es un "patio trasero" donde los intereses de Washington superan el derecho internacional.

¿Por qué Puerto Rico debe estar en Alerta Roja?

Para los periodistas en Puerto Rico, este momento es una señal de alarma. La isla siempre ha sido un campo de pruebas para políticas federales; hoy, se encuentra en la intersección de la censura doméstica y una política exterior de "mano dura".

Si la Primera Enmienda puede suspenderse para un periodista de alto perfil en Los Ángeles o una reportera comunitaria en Minnesota, puede suspenderse en San Juan. Con el recorte del 84% de la ayuda de USAID para la región del Caribe y la sustitución de la diplomacia por amenazas arancelarias en todo el hemisferio, la "verdad" corre el riesgo de convertirse en lo que la administración decida que es.

Además, con ya hemos visto la actitud de la administración de Jennifer González, el presidente del Senado Thomas Rivera Schatrz y otros políticos, de preferir pseudo-periodistas y medios a los que puede controlar a través de pautas publicitarias del gobierno, pagadas con fondos públicos, o de insultar a los periodistas, faltándoles el respeto con palabras soeces.

Tampoco podemos olvidar la política represiva y selectiva de esta administración de no dar entrevistas a los periodistas que no sean de su grupo pagado, de discriminar contra los periodistas regionales, de sacar a los periodistas independientes de ruedas de prensa, de no contestar preguntas a reporteros y de amenazar con limitar acceso a quienes no tienen una credencial de prensa que no es parte de ninguna ley ni reglamento. Recordemos que la Carta de Derechos de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, así como la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos garantiza la libertad de prensa. En fin, el escenario en Puerto Rico es altamente riesgoso.

Por todas estas razones, tenemos que coincidir que los arrestos de Don Lemon y Georgia Fort son una advertencia: Los muros se están cerrando sobre la verdad. Si permitimos que el periodismo sea tratado como un crimen, no solo perderemos las noticias; perderemos la democracia misma.

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The Criminalization of the Press Amidst Rising Intimidation: Don Lemon and other journalists

"The arrest of Don Lemon and Georgia Fort is no accident: it is the federal criminalization of the truth. Every Reporter in Puerto Rico and Latinos in the US Should be aware of state persecution
Don Lemon (Diario.es)


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The recent arrests of veteran journalist Don Lemon and Emmy-winning independent journalist Georgia Fort mark a chilling escalation in the war on information. This is no longer just a war of words or "fake news" labels; it has evolved into the systematic use of federal law enforcement to criminalize the act of bearing witness.

On January 30, 2026, the Department of Justice, led by Attorney General Pam Bondi, took the unprecedented step of charging journalists with federal civil rights crimes for simply doing their jobs. Lemon and Fort were not participants in the anti-ICE protest at a St. Paul church; they were the eyes and ears of a public that deserves to know what is happening in its own backyard.

By charging these reporters with "conspiracy" and violations of the FACE Act—typically reserved for blocking clinic access—the administration is sending a clear, terrifying message: To document dissent is to be a dissenter.

First, it is intentional to create a chilling effect. When a journalist like Georgia Fort is arrested at her home in front of her children for livestreaming a protest, every other independent reporter in America feels the hand of the state on their shoulder.

Then, there is a legal onslaught. These arrests come alongside a barrage of staggering lawsuits: a $10 billion suit against the Wall Street Journal, a $15 billion suit against the New York Times, and a $10 billion action against the BBC. These are not mere legal disputes; they are financial "shock and awe" tactics designed to bankrupt the free press into submission.

A New "Monroe Doctrine" of Fear

This domestic crackdown is the twin brother of a radical and interventionist foreign policy that has turned Latin America into a testing ground for unchecked executive power. For those of us in Puerto Rico and the broader Latino diaspora in the U.S., the stakes have never been higher.

Let’s remember the recent regional issues. In Venezuela, on January 3, 2026, the Trump administration launched Operation Absolute Resolve, a unilateral military operation that ousted Nicolás Maduro. While many celebrate the fall of a dictator, the precedent of the U.S. "running" a sovereign nation and its oil sales reminds the region of the darkest days of 20th-century interventionism.

Then there is Cuba where a new national emergency and aggressive tariff system target any country providing oil to the island. This "maximum pressure" 2.0 ignores the humanitarian toll on the Cuban people while using the island as a pawn in a larger geopolitical game against China.

The Trump administration has effectively resurrected the Monroe Doctrine, signaling that Latin America is a "backyard" where U.S. interests supersede international law and human rights.

Why Every Reporter in Puerto Rico Should Be Afraid

For journalists in Puerto Rico, this moment is a klaxon. The island has long been a laboratory for policy; now, it sits at the intersection of a domestic press crackdown and a regional "strongman" foreign policy.

If the First Amendment can be suspended for a high-profile journalist in Los Angeles or a community reporter in Minnesota, it can certainly be suspended in San Juan. When the administration guts 84% of USAID to the region and replaces diplomacy with military strikes and tariff threats, the "truth" becomes whatever the administration says it is.

Furthermore, we have already seen the attitude of Jenniffer González’s administration, Senate President Thomas Rivera Schatz, and other politicians, who prefer pseudo-journalists and outlets they can control through government advertising contracts paid for with public funds, or who resort to insulting journalists and disrespecting them with profanity.

Nor can we forget this administration's repressive and selective policy of refusing interviews to journalists who are not part of their paid circle, discriminating against regional reporters, removing independent journalists from press conferences, refusing to answer questions, and threatening to limit access for those without a press credential—a requirement that is not part of any law or regulation. Let us remember that the Bill of Rights of the Constitution of the Commonwealth of Puerto Rico, as well as the First Amendment of the U.S. Constitution, guarantees freedom of the press. In short, the landscape in Puerto Rico is high-risk."

For all these reasons, we must agree that the arrests of Don Lemon and Georgia Fort are a warning: the walls are closing in on the truth. If we allow journalism to be treated as a crime, we will not only lose the news; we will lose democracy itself.


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