Informe de Auditoría de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica confirma la investigación de En Blanco y Negro con Sandra del 2019 al 2021
Un informe de Auditoría de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica confirma la investigación de serias irregularidades que afectaban a los profesionales de la salud, especialmente a los médicos, farmacéuticos y técnicos de farmacia, tal y como veníamos denunciando En Blanco y Negro con Sandra durante los años 2019 al 2021.
El “Informe de Auditoría de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica” que corresponde al período del 1 junio 2019 al 30 junio 2021, encontró irregularidades que corroboran los malos manejos en esa entidad. Entre otras cosas, evidenció el desparramamiento de expedientes con información privada de médicos y farmacéuticos, incluyendo números de seguro social, direcciones e información profesional, tirados por el piso, y regados por el edificio.
El estudio sobre los controles internos relacionados con la conservación y el archivo de los documentos y los expedientes de los profesionales de la salud reveló que no se protegió la confidencialidad, tal y como habíamos alertado en este medio en una cobertura periodística investigativa que se extendió desde el verano del 2019 hasta el 2021.
Informe de Auditoría también reveló que la Junta no cuenta con un inventario ni un plan de retención para los expedientes médicos. El 10 febrero 2021, en una visita de auditores, se observó que el área designada para archivar los expedientes médicos no cumplía con los requisitos de la Ley Núm. 5. Se estableció que las instalaciones no contaban con anaqueles suficientes para el archivo de los expedientes médicos y que éstos se colocaban en cajas en el suelo y en cubículos, unas sobre otras, lo cual dificultaba la localización de documentos. Además, las instalaciones no contaban con una iluminación adecuada.
Para el tiempo en que se hizo la auditoría, ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica había 160 casos pendientes de conducta no profesional, el más antiguo data del 2001. También había 409 casos de impericia médica, siendo el más antiguo del año 2003. Además, la Junta cuenta con solo un abogado para casos de conducta no profesional y el abogado designado por Departamento de Justicia para casos de impericia médica labora a tiempo parcial.
La auditoría también reveló que la división legal estuvo sin personal administrativo desde 10 junio 2020 hasta 11 junio 2021.
En octubre 2020 luego
de la renuncia de un oficial investigador, la directora ejecutiva seleccionó
una abogada para ocupar la vacante, luego de que se le notificara a esta q
comenzaría a trabajar en la Junta, la Oficina del Secretario de Salud ordenó la
cancelación del contrato.
TRASFONDO DEL CAOS
Todo comenzó en el contexto de los eventos del Verano del 2019, cuando tanto en nuestro blog como en el programa de radio y en vídeos de En Blanco y Negro con Sandra revelamos las primeras páginas del chat del Telegram de Telegram. Eso ocurrió el 10 de julio de 2019 y tres días después el Centro de Periodismo Investigativo publicó unas 880 páginas de ese chat.
(Video del 2020)
Dos semanas después,
para el 26 de julio del 2019 revelamos un tercer chat que
involucraba a la entonces secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, quien se negó a investigar la corrupción para
proteger a sus jefes políticos. Luego, el 31 de julio, en nuestro blog
revelamos otras 129 páginas
adicionales del chat original, en medio de protestas que provocaron la salida
del entonces gobernador Ricky Rosselló, la toma de poder que hizo Pedro
Pierluisi, su destitución por el Tribunal Supremo, y luego la entrada de
Vázquez como gobernadora sucesorial.
Fue en esos días de tantas crisis políticas, gubernamentales y sociales, que también trascendieron las irregularidades en la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, entidad que evalúa a esos profesionales de la salud.
Revelamos entonces que
la nueva gobernadora Wanda Vázquez, mientras era secretaria de Justicia, ignoró y se
negó a investigar las serias de denuncias de un fraude multimillonario en la
Junta de Farmacia.
Se trataba de un esquema de fraude que conllevó la desaparición de cerca de $11 millones de dólares pertenecientes la Junta de Farmacia. Esos fondos provenían de las cuotas y multas que pagaban los farmacéuticos y técnicos de farmacia del país, está evidenciada en documentos y se constató en una entrevista con el entonces director ejecutivo de la Junta de Farmacia de Puerto Rico, Lcdo. Agustín González.
Todo eso coincidió y se corroboró nuevamente meses después, cuando en Puerto Rico había la preocupación por la posibilidad de que hubiera personas contagiadas por la epidemia global del coronavirus Covid-19, que apenas iniciaba para esa época. Esto mantenía a los f=situación que requiere un servicio crítico de los farmacéuticos y técnicos de farmacia en tensión porque eran profesionales que ofrecían un servicio critico y estaban enfrentando problemas con sus licencias profesionales por el caos en la Junta de Farmacia.
En marzo de 2020, ya se sabía que el gobierno estaba al tanto de lo que estaba sucediendo.
Se corroboró que el entonces secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado y su asesor legal Raúl Bandas del Pilar, entre otros, conocían desde hacía tiempo de las irregularidades que se le imputan a la directora ejecutiva de una de sus oficinas en que se otorgan las licencias a farmacéuticos y técnicos de farmacia para poder trabajar legalmente en Puerto Rico. No actuaron, pero el esquema estaba en la mira de al menos dos investigaciones por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General en el Departamento de Salud Federal.
En una serie de documentos, cartas y correos electrónicos se evidencia que el expresidente del Tribunal Federal, José A. Fusté, denunció el esquema de intromisión y control ilegal de documentos que mantiene la directora ejecutiva de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS), Norma Torres Delgado. Fusté advirtió que denunciaría ante la gobernadora Wanda Vázquez dichas irregularidades.
“Le concedo un plazo de 24 horas para retractarse” del “historial de abusos de su oficina”, sostuvo Fusté en un correo electrónico al que En Blanco y Negro con Sandra tuvo acceso.
“Se le pedirá a la
Gobernadora que tome cartas en el asunto. El Departamento de Salud se afecta
con posturas como la suya y usted será responsable de la mala imagen que del
Departamento se ha de formar por sus actos”, agregó.
“Le pido que piense bien lo que va a hacer. No vamos a condonar u ocultar la realidad de lo que está sucediendo. Mediante copia al Secretario de Salud, a quien conozco y aprecio, le pido a él que tome cartas en este asunto inmediatamente”, agrega Fusté en el documento.
Mes y medio más tarde, para el 15 de abril de 2020 demandaron al Dep. de Salud por traqueteos con licencias de Farmacia, y el abogado fue José Fusté, expresidente tribunal federal.
El expresidente del Tribunal Federal, que en ese momento era asesor de la Gobernadora Wanda Vázquez, José A. Fusté, firmó una demanda para tratar de detener los múltiples traqueteos con fondos y con las licencias que rigen el trabajo de sobre 4,000 farmacéuticos y 10,000 técnicos de farmacia en Puerto Rico. La demanda es contra la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS) y el secretario de Salud, Lorenzo González.
González no tuvo nada que ver con los traqueteos multimillonarios en la ORCPS con los fondos de los farmacéuticos y técnicos de farmacias, ya que apenas tiene dos semanas como secretario, pero se le incluyó en la demanda como “parte interesada a ser notificada” bajo la Regla 59.5 de Procedimiento Civil. El esquema data de la época del exsecretario Rafael Rodríguez Mercado, quien se alega en el documento, permitió los traqueteos.
Tres meses más tarde, en julio de 2020, dimos a conocer de otra irregularidad un contrato tóxico por el cual el pueblo estaba pagando sobre $50,000 al mes para un alquiler.
El contrato tóxico era para alquilar un espacio de oficina en Hato Rey por más de $600,000 al año estaba bajo evaluación del entonces secretario de Salud Lorenzo González, quien había completado el contrato que fue aprobado por el extitular de la agencia Rafael Rodríguez Mercado y firmado por la exsecretaria interina, la doctora Concepción Quiñones.
Cuando ya los pagos por ese contrato excedían el millón de dólares, el nuevo secretario de Salud, Dr. Carlos Mellado, actuó y lo detuvo. Eso ocurrió en enero de 2021. O sea, el pueblo estuvo pagando sobre un millón de dólares y tres secretarios pasaron sin querer detener ese gasto.
En Blanco y Negro con Sandra reveló el controversial contrato en julio del 2020 cuando se publicó que Salud iba a pagar sobre $50,000 al mes por mudar de Río Piedras a Hato Rey las oficinas de la Oficina de Reglamentación y Certificación de los Profesionales de la Salud (ORCPS) y de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica, adscritas al Departamento de Salud. (Para ver el contrato: https://enblancoynegromedia.blogspot.com/search?q=Contrato+t%C3%B3xico
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