Periodista independiente en Puerto Rico

Sunday, January 19, 2020

Convicto federal a manejar armas de la Guardia Nacional

Armería The Lawman Gun Shop (Foto PH)

En medio de la controversia por los suministros encontrados en Ponce que provocó una ola de despidos que hizo la Gobernadora Wanda Vázquez de los secretarios de la Familia y Vivienda, y del director de Manejo de Emergencias, este medio supo de la designación de un convicto federal que estará dirigiendo el Puerto Rico State Guard (PRSG) bajo órdenes del general de la Guardia Nacional, José Reyes.

Se trata del instructor de tiro José Prado, quien, a pesar de ser convicto a nivel federal en un caso de trasiego de armas, tener un expediente criminal y estar cumpliendo en probatoria, estará encargado de supervisar todas las armas y municiones de la PRSG y la Guardia Nacional en el fuerte Buchanan. La gobernadora Wanda Vázquez es la comandante en jefe del PRSG y la de GN.

Mediante una serie de comunicaciones escritas, cartas y textos de correos electrónicos se corrobora que el general Reyes admitió a Prado al puesto desde el pasado Día de Reyes, 7 de enero. Ese fue el mismo día en que Puerto Rico experimentó una serie de temblores, y uno de los sismos, de magnitud 5.8, causó graves daños en la zona sur.

En el 2015 Prado se declaró culpable ante el juez federal Francisco Besosa por participar de un esquema de falsificación de documentos e identificaciones para la tramitación de más de 1,000 licencias de portación de armas de fuego. Su caso es el 3:14-er-00017-FAB-5.

Según trascendió en la prensa en marzo de 2015, junto a Prado fueron acusados Julio C. Medina Mojica, el abogado Antonio Peluzzo Perotín, y los dueños de la armería The Lawman Gun Shop, Julio Colón Santiago y su esposa María del Carmen Rivera Negrón, mediante un pliego acusatorio enmendado que se sometió el 1 de mayo de 2014. El caso se relacionaba a la firma de certificaciones de uso y manejo de armas de fuego para ciudadanos que no habían participado de los cursos requeridos, y por violentar las condiciones impuestas por el tribunal al visitar un polígono de tiro.

Según el reglamento de la PRSG 600-100, Prado debe ser removido de su puesto porque fue convicto de un delito (“felony”).  Esta información es de conocimiento de distintos funcionarios y militares de la PRSG, incluyendo al coronel Héctor Torres, Deputy Commander & Acting Chief of Staff.

Desde el 7 de enero Reyes asignó a Prado a la sección del G3, del Task Force Security del State Guard en Fort Buchannan” y según fuentes que mostraron evidencia por escrito, al parecer fue readmitido a la Guardia Nacional sólo tomando en consideración el Certificado de Antecedentes Penales a nivel estatal el cual no refleja delito federal alguno. Aparentemente omitió su convicción federal para lograr el reingreso.

El sábado trascendió que en un almacén en Ponce había agua embotellada, comida para bebés, cereales, toldos, catres, baterías, gas propano, mini-estufas, sábanas, guantes y duchas portátiles, entre otros artículos de primera necesidad que nunca se entregaron a las miles de víctimas tras el huracán María y que permanecen almacenados aún con los terremotos que afectan el país. Esta noticia provocó el despido fulminante de Carlos Acevedo como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. En su posición fue designado el general Reyes, cuyo nombramiento deberá ser confirmado por el Senado.


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