Organización propone enmendar proyecto que establece albergues de violencia doméstica como alianzas público-privadas; piden reunión con Gobernadora
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| Coraly León presidenta de la Red Nacional de Albergues |
Una reunión urgente. Eso es lo que pide la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género por las inquietudes que generó la propuesta del gobierno para operar los albergues de víctimas de violencia como si fueran alianzas público-privadas (APP).
Aunque valoran la intención de la gobernadora Jenniffer González de fortalecer los servicios de los albergues para sobrevivientes de violencia doméstica, la Red Nacional de Albergues de Violencia doméstica tienen varias enmiendas que quieren presentarle a esa propuesta.
“Queremos compartir nuestras preocupaciones sobre el Proyecto de la Cámara 415 y Proyecto del Senado 430, que proponen incluir la construcción, mantenimiento y operación de albergues bajo la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 29-2009). Esta propuesta, aunque bien intencionada, podría tener consecuencias adversas para un sistema de servicios que lleva más de cuatro décadas respondiendo con eficacia y sensibilidad a una de las problemáticas más complejas que enfrenta nuestro país”, plantean en una carta a los legisladores que les envió Coraly León, presidenta de la Red.
“En nuestra calidad de Red Nacional de Albergues de Violencia de Género —coalición compuesta por las siete organizaciones que administran los nueve albergues especializados para sobrevivientes de violencia doméstica en Puerto Rico— hemos solicitado una reunión con la Gobernadora para dialogar sobre este asunto. Además, ya nos reunimos con el presidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara de Representantes, el Hon. Víctor Parés, y estamos solicitando reuniones con los legisladores que integran las comisiones responsables de evaluar estos proyectos”, expresa la carta de la Red.
La recomendación principal a la Legislatura que la Red expone en la carta es “excluir a los albergues especializados del marco de la Ley 29-2009, y considerar utilizarla en cambio para el desarrollo de vivienda asequible para sobrevivientes, una necesidad urgente y complementaria”. Otras recomendaciones son “fortalecer el financiamiento directo, recurrente y ágil a las organizaciones con historial probado; establecer espacios de consulta multisectorial, que reconozcan y valoren el conocimiento del tercer sector: e invertir en prevención, educación, vivienda permanente y programas de seguridad económica, elementos fundamentales para erradicar la violencia doméstica desde la raíz”.
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