La censura sabe callar: de Bogotá a San Juan

Colombia vacía las paredes de un museo. Puerto Rico no llega tan lejos, es sutil, pero el peligro late. La exclusión aquí se ejerce con silencios, recortes presupuestarios y decisiones que borran memorias incómodas.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia (Imagen de su página de Facebook)

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Las paredes vacías hablan. Y a veces gritan.

En el Museo Nacional de Bogotá desaparecieron más de 30 afiches, fotografías y objetos que contaban historias incómodas: las luchas feministas, los derechos de las personas LGBTIQ+, las víctimas de la violencia política y el proceso de paz de 2016. Entre las piezas retiradas había símbolos de luchas por la igualdad y objetos vinculados a una memoria que no puede borrarse sin alterar la historia. El desmantelamiento ocurrió en medio de la llamada “contrarrevolución cultural” anunciada por el presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien declaró la guerra al “wokismo”.

La decisión reabre la pregunta: ¿quién decide qué merece ser recordado y qué debe desaparecer de la vista pública? Borrar la memoria es una forma de ejercer poder.

Y Puerto Rico debería prestar atención. Tampoco olvidar que eso ha pasado aquí, y todavía pasa. Aquí no hay que entrar a un museo y arrancar 30 piezas de las paredes para entender cómo funciona la exclusión. A veces basta con no colocar una obra donde debía estar. Con dejar morir una institución por falta de recursos. Con paralizar un proyecto educativo. Con guardar silencio cuando alguien pregunta demasiado.

Nos cuesta hablar de estas cosas. Somos un archipiélago de imposturas, donde las apariencias pesan demasiado, la confrontación incomoda y decir las cosas de frente puede convertirte en el problema. Aquí, muchas veces, callar sale más barato.

Pero el silencio también es una postura. Cobarde, a mi juicio. Otros dirán que es de “self-preservation” . Es decir, autopreservación, o por conveniencia personal, por instinto de superveniencia, por salvar su pellejo. Son los que callan para no quedar excluidos.

Composición digital del área donde se supone que esté la escultura Borinquen en el Museo de Arte de Puerto Rico. Escultura de Rafael López del Campo.

Miremos lo que ocurre con la escultura Borinquen, del maestro Rafael López del Campo. Fue concebida para recibir a los visitantes del Museo de Arte de Puerto Rico. Sin embargo, la obra sigue sin ocupar el lugar en la entrada del edificio, para el que fue pensada. La tienen escondida hace 26 años. La controversia ha provocado reclamos de artistas y sectores culturales. El MAPR ha defendido su posición en algunos foros, pero calla ante la opinión pública. Por eso crece la controversia y la discusión sigue abierta.”

No estoy diciendo que Colombia y Puerto Rico sean iguales. No lo son. Allá se retiraron piezas de un museo por orden gubernamental. Aquí hablamos de decisiones institucionales, disputas culturales y políticas públicas que operan de otras maneras. A veces son personas en juntas de directores que no saben de arte o que no tienen conexión o que no tienen la educación suficiente. Otras veces son prejuicios ideológicos. Pero hay una pregunta que conecta ambos escenarios: ¿quién tiene el poder de decidir qué historias cuentan y cuáles quedan relegadas? ¿Por qué lo hacen?

En Puerto Rico, esa batalla tiene expresiones legislativas y educativas.

El “wokismo” se ha convertido en una palabra cómoda para sectores ultraconservadores que presentan las luchas por la equidad de género, los derechos de las mujeres, la diversidad sexual y la justicia social como amenazas a los valores tradicionales. La estrategia es conocida. Se convierte la inclusión en sospecha. Se presenta la memoria como adoctrinamiento. Y se vende la exclusión como defensa de la patria.

La Ley del Derecho Fundamental a la Libertad Religiosa se presenta como una protección de conciencia. Sin embargo, organizaciones de derechos civiles y representantes de la comunidad LGBTQ+ han advertido sobre sus efectos discriminatorios cuando se invoca para negar servicios o trato igualitario. La libertad religiosa merece protección. Pero no puede convertirse en una excusa para desproteger los derechos de los demás.

En la educación ocurre algo parecido. La perspectiva de género y la educación sexual integral enfrentan resistencias, controversias y propuestas que buscan dar mayor control a las familias sobre determinados contenidos. El debate no es abstracto. Vivimos en un país golpeado por la violencia machista y los feminicidios. ¿Cómo prevenimos esa violencia si dificultamos que las escuelas hablen de respeto, consentimiento, desigualdad y relaciones saludables?

La cultura también está en la línea de fuego. No siempre se censura prohibiendo una exposición. A veces basta con recortar fondos, retrasar desembolsos, imponer obstáculos administrativos o dejar que una institución se deteriore hasta perder su capacidad de actuar.

Ahora mismo el sector cultural está en la mira para terminar de aplastarlo. El Instituto de Cultura Puertorriqueña, el Archivo General, la Universidad de Puerto Rico y otras instituciones patrimoniales llevan años enfrentando dificultades presupuestarias y administrativas. Mientras tanto, las discusiones sobre la reorganización institucional y el destino de los recursos culturales plantean preguntas legítimas sobre las prioridades del país.

Cuando los recursos escasean, alguien decide qué sobrevive.

Y cuando quienes crean, investigan y educan dependen de fondos públicos, la incertidumbre puede convertirse en autocensura. El curador mide sus palabras. La educadora evita un tema. La gestora cultural calcula cuánto puede arriesgar. Nadie necesita prohibirles expresamente que hablen. A veces, el miedo hace el trabajo.

Mientras discutimos quién puede hablar de género, raza o diversidad, se nos quedan fuera de foco asuntos que afectan la vida cotidiana: el desastre eléctrico, la privatización de servicios esenciales, el desplazamiento asociado a las exenciones contributivas y la crisis de vivienda. La batalla cultural puede convertirse en una cortina de humo. Nos enfrenta por símbolos mientras los problemas materiales siguen esperando respuestas.

Por eso Colombia importa. No porque su historia sea la nuestra, sino porque nos obliga a mirar las señales antes de que se conviertan en costumbre.

Una democracia no se mide solamente por las elecciones que celebra. También se mide por las historias que permite contar, las voces que escucha y las memorias que protege. Un museo no tiene que complacer al gobierno de turno. Una escuela no debe temerle al conocimiento. Una institución cultural no puede reducirse a una oficina que administra fondos mientras abandona su misión.

La libertad creativa y el pensamiento crítico no son lujos de una élite. Son parte de la vida democrática.

Podrán vaciar paredes. Podrán cambiar rótulos, congelar presupuestos y dejar preguntas sin contestar. Pero el verdadero peligro comienza cuando la sociedad se acostumbra a no preguntar. Cuando el silencio domina por medio. La actitud de ‘calladito me veo más bonito’, al final, nos hunde.

Porque la censura no siempre llega con una orden. A veces entra por la puerta del silencio. Y encuentra la casa abierta.