Quieren imponer la Ley del Silencio en Caguas

Alcalde, legisladores y aquellos empleados que son testigos de irregularidades guardan silencio para no auto incriminarse en varias pesquisas del NIE, FEI, UPAD, Justicia, Ética

 

(Esto fue publicado en Ey Boricua el 20 de abril de 2022 - https://eyboricua.com/noticias/puerto-rico/quieren-imponer-la-ley-del-silencio-en-caguas/ )

En el Municipio de Caguas se ha impuesto una especie de “Ley del Silencio” para prohibir que se comente sobre las múltiples pesquisas que pesan sobre la administración del alcalde William Miranda Torres y el auto retirado presidente de la Asamblea Municipal, José Torres Torres.  Este último es imputado de usar personal, equipo y fondos del municipio para sus negocios personales y para beneficio de terceros, lo que provocó, entre otras cosas, el allanamiento por agentes de la División de Integridad Pública de Justicia y del Negociado de Investigaciones Federales (NIE) el lunes.

Torres Torres voluntariamente dejó su puesto a un sustituto en medio de las pesquisas, según dijo el alcalde Miranda Torres. Ayer, el presidente interino de la Legislatura Municipal, Juan Aguayo, emitió declaraciones escritas en las que expuso que guardaría silencio.

Alcalde de Caguas protege a presidente municipal

Atrás el alcalde de Caguas William Miranda Torres y al frente, Presidente de la Legislatura Municipal José Torres Torres.

 Alega exlegislador PPD que William Miranda Torres protege a su amigo, presidente legislatura Municipal José Torres Torres, y han silenciado a los que cuestionen incluyendo a los medios

(NOTA: Esta noticia también fue publicada el 19 de abril de 2022 en Ey Boricua - https://eyboricua.com/noticias/puerto-rico/alcalde-de-caguas-protege-a-presidente-municipal/ )

Un exlegislador municipal de Caguas declaró que el alcalde William Miranda Torres pactó un acuerdo con un grupo de legisladores municipales para proteger y camuflar las movidas de su amigo, el expresidente de la Legislatura Municipal, José Torres Torres y fabricar así la destitución del entonces secretario, Manuel Díaz, y de otros empleados, por denunciarlo.

Las contundentes denuncias son parte de una declaración que prestó el exlegislador municipal Ismael González Rivera, a varias agencias del gobierno central y confirman las investigaciones que venimos realizando en este medio desde septiembre del 2021.

Al menos 39 empleados del Municipio y de la Legislatura Municipal denuncian que en Caguas se ha instituido un régimen de terror y represalias contra todo aquel trabajador que denuncie actos de corrupción. Al que lo hace, le formulan cargos falsos, los mueven de puestos, los castigan y hasta los destituyen, aunque eso sea violación de ley, como alegan que le sucedió a Díaz. Casi la totalidad de los que denuncian son miembros del Partido Popular Democrático y alegan que son perseguidos por miembros de su misma colectividad.

El gasto es en Salud es I-L-I-M-I-T-A-D-O…

Tal parece que el gasto de fondos públicos en el Departamento de Salud es como un comercial de televisión “i-l-i-m-i-t-a-d-o”. Mientras el pueblo espera la tormenta, con un gobierno sumido en una quiebra económica, y sin dinero para hacer más pruebas de Covid-19 que detengan la pandemia, parece que hay permiso para usar vehículos oficiales para campañas políticas y asuntos personales. Aunque se violen leyes, la evidencia demuestra que el uso de esos recursos públicos es ilimitado.

Evidencia en nuestro poder, mediante documentos, hojas de trámite, listado de peajes y fotografías, demuestran el uso de dos vehículos de lujo que paga el pueblo de Puerto Rico y son usados por el secretario Lorenzo González, y por su chófer y aspirante a la alcaldía de Loíza por el Partido Nuevo Progresista, Ángel Coriano.

Habría que preguntarse si el uso de los vehículos oficiales para disfrute personal fue autorizado y por quién, y si se trata de algún beneficio adicional. De ser así, ese beneficio no está contemplado en el contrato que firmó González con el gobierno, que revelamos en este medio el 16 de mayo, y  que el pasado 9 de julio revelamos que aumentó de $21,000 a un salario a $29,750 al mes.

Licencias peligran: Demandan al gobierno por acciones de Mabel Cabeza

Una serie de acciones que tomó la exjefa o “chief of staff” del Departamento de Salud, Mabel Cabeza, provocó que una empresa demandara al gobierno, apagara un sistema digital, pusiera en peligro las licencias que otorga esa agencia, según la demanda. Todo esto y los funcionarios involucrados figuran como piezas claves de una investigación por parte de autoridades federales.

Específicamente peligran más de 800 licencias y permisos que Salud otorga como cremaciones, licencias para expedir narcóticos a médicos y farmacias, certificados de nacimiento, sanitarias, y otras, porque Cabeza hizo que la empresa que operaba la plataforma www.renovacionesonline.com adiestrara a otras empresas, a las que les daría el contrato.

Contratos del DRNA ante el FBI

José Jerón Muñiz Lasalle es agente residente de NW Consultants, corporación que preside su hermano Carlos, con quien también tiene el Criadero Muñiz Inc, en Quebradillas (Foto El Vocero)

 Más de una decena de contratos, órdenes de compra, hojas de conduce y otros documentos figuran como evidencia en la investigación que realizan autoridades federales sobre los esquemas de corrupción en el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), otorgados por la exsecretaria Tania Vázquez y el todavía superintendente del Capitolio, José Jerón Muñiz Lasalle.