Proyecto de la Cámara amenaza con debilitar la Ley del Carso en plena crisis de agua

Abel Vale, presidente de Ciudadanos del Karso, advierte que la medida impulsada en la Cámara atenta contra la mayor reserva hídrica de la isla en medio de un severo racionamiento.

Un proyecto de ley radicado en la Cámara de Representantes busca enmendar la Ley 292 de 1999, legislación que por más de dos décadas ha protegido la zona cársica de Puerto Rico —un ecosistema que cubre aproximadamente el 27.5% de la superficie del país, concentrado principalmente en el norte.

El P. de la C. 1079, de la autoría del representante Johnny Méndez Núñez, propone eliminar el lenguaje que reconoce el carso como un recurso "irreemplazable" y redefinirlo como una fuente de materia prima. Así lo denunció el ingeniero Abel Vale Nieves, presidente de la organización Ciudadanos del Karso), en entrevista con este medio.

Un recurso estratégico bajo amenaza

Abel Vale, portavoz de Ciudadanos del Karso

Publicado en Substack e incluye audio de entrevista del programa de radio

La Ley 292 de 1999 obligó al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a realizar un estudio de siete años para identificar las áreas con mayor valor hidrológico, ecológico y geológico. A base de esto, la Junta de Planificación delimita zonas protegidas donde, si bien se permite la agricultura y la vivienda, se restringen canteras, desarrollos masivos e industrias contaminantes.

Los acuíferos del norte constituyen la mayor reserva de agua subterránea de la isla, indispensable para la población, la agricultura y sectores como la ganadería y la industria farmacéutica. Además, su geografía de mogotes y sumideros sirve como control natural de inundaciones y alberga hábitats cruciales para especies en peligro de extinción, así como valiosos yacimientos arqueológicos taínos.

Según el análisis de Ciudadanos del Karso, el P. de la C. 1079 altera drásticamente el Artículo 2 de la Ley 292 al sustituir la política de conservación por una de explotación económica. La medida borra el reconocimiento legal de que los procesos kársticos dañados son irreversibles —el pilar científico de su protección— y prohíbe explícitamente usar la conservación como justificación para denegar permisos de desarrollo. Asimismo, traslada funciones fiscalizadoras del DRNA a la Junta de Planificación, un organismo cuyo fin primario no es la protección ambiental.

A esto se suman el P. de la C. 1213 y el sustitutivo del Senado a los proyectos 1173 y 1183. Aunque no enmiendan directamente la Ley 292, la comunidad científica advierte que estas medidas debilitan la fiscalización al ampliar el uso de certificaciones privadas, habilitar trámites automáticos y sustituir la evaluación ambiental previa por supervisiones posteriores, cuando el daño a una cueva o acuífero ya sería irreversible.

Supremacía de permisos y riesgo económico

Vale advirtió que estos proyectos deben analizarse junto a la reforma general del sistema de permisos. Según su lectura, se pretende otorgar supremacía a la nueva ley de permisos sobre cualquier legislación ambiental existente. Esto abriría la puerta a desarrollos altamente controversiales —similares al proyecto "Esencia" en Cabo Rojo— en municipios como Naguabo y Loíza.

El impacto también sería económico. Industrias farmacéuticas entre Manatí y Arecibo dependen del agua de este acuífero para operar a costos competitivos. Contaminar o agotar esta fuente pondría en riesgo empleos bien remunerados y afectaría gravemente el suministro de la industria ganadera norteña.

Reclamo científico y ciudadano

Ante este escenario, más de 40 científicos y académicos —entre ellos el ecólogo Ariel E. Lugo— se reunieron en San Germán para suscribir una declaración en contra de las tres medidas. Exigen que se detenga su aprobación hasta que se realicen vistas públicas con análisis interdisciplinario, se mantengan las facultades vinculantes del DRNA y se retire el P. de la C. 1079.

En apoyo a este reclamo, Ciudadanos del Karso entregó 8,774 firmas a la representante Elinette González Aguayo, presidenta de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, exigiendo la apertura de vistas públicas. La petición cobra mayor urgencia dado que la zona cársica abastece directamente a municipios del Distrito 11 —representado por González Aguayo— como Vega Alta, Vega Baja y Dorado, precisamente en un momento en que el país atraviesa un severo racionamiento de agua.

"La representante González Aguayo no tiene que ir lejos para entender lo que está en juego: el agua de sus vecinos sale del karso", expresó Vale Nieves. "Negar la vista pública es decirle al país que su agua se discute a puerta cerrada".

A pesar de las gestiones, Vale señaló que no ha habido respuesta de la mayoría legislativa ni de los autores de las medidas, mientras en el Senado se negocia la reforma de permisos sin transparencia.

"Cada sumidero que se sella son aguas que este país no va a tener en la próxima sequía", concluyó Vale Nieves. "Ya no se trata solo de un reclamo ciudadano: los científicos que llevan décadas estudiando estos sistemas lo pusieron por escrito y lo firmaron. Le pedimos a la presidenta de la Comisión que convoque las vistas y los escuche. Si los proyectos son tan buenos como sostienen sus autores, que resistan el escrutinio público".

Ciudadanos del Karso habilitó la plataforma www.cdk-pr.org/defiende_el_karso  para que la ciudadanía pueda exigir a sus legisladores la convocatoria de vistas públicas.