Tras el rechazo de apoyo del gobierno local a la producción de Residente y Bad Bunny, la administración de González revive las tácticas de la Ley de la Mordaza: una censura administrativa que castiga el disenso político por encima del desarrollo económico."
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| De izquierda a derecha: René “Residente” Pérez Joglar, Benito “Bad Bunny” Martínez Ocasio, Viggo Mortensen, Alejandro Iñárritu, Javier Badem y Edward Norton. |
En la
superficie, la noticia parece un asunto de incentivos contributivos y logística
cinematográfica: la película Porto Rico, dirigida por René Pérez
"Residente" y protagonizada por Bad Bunny, se filmará en la República
Dominicana y no en el suelo que le da nombre. Sin embargo, detrás de los
números y las locaciones se esconde una realidad mucho más sombría: el uso del
aparato estatal para ejecutar una censura previa basada en la persecución
ideológica.
Puerto Rico tiene una cicatriz histórica profunda llamada la Ley 53 de 1948, mejor conocida como la "Ley de la Mordaza". Aquella legislación criminalizó el independentismo y cualquier expresión de soberanía. Hoy, aunque esa ley no existe en los libros, parece haber mutado en una "mordaza administrativa".
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| Libro sobre la Ley de Mordaza |
El rechazo
del gobierno de Jennifer González a facilitar esta producción —una de las más
ambiciosas en la historia del cine caribeño— no puede leerse de forma aislada.
Residente y Bad Bunny no son solo artistas; fueron los motores culturales principales
que impulsaron la Alianza de los partidos Independentista Puertorriqueño y
Victoria Ciudadana, así como la candidatura de Juan Dalmau, llevando al
independentismo y a la nueva izquierda a un histórico segundo lugar en las
pasadas elecciones. La negativa del gobierno no es una decisión fiscal; es una factura
política.
EL CASTIGO
AL DISIDENTE
Se trata de
censura por omisión. La censura previa no siempre ocurre mediante un decreto o ley
que prohíbe una obra. En el siglo XXI, ocurre mediante la asfixia selectiva. Al
negar los permisos, el acceso o los incentivos que se le otorgan a cualquier
otra producción extranjera, el gobierno de González está enviando un mensaje
claro: si utilizas tu arte para desafiar al sistema estadista, el sistema
utilizará su poder para expulsar tu arte.
No se trata
de falta de fondos, sino de falta de voluntad política hacia quienes se
atrevieron a cuestionar el status quo.
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| Águila Blanca |
Es irónico y
doloroso que una película que narra la resistencia de Águila Blanca contra dos
imperios (España y EE. UU.) termine siendo víctima de la misma dinámica de
poder que intenta denunciar. El hecho de que el presidente dominicano Luis
Abinader activamente busque recibir con brazos abiertos una producción que
Puerto Rico despreció, resalta la miopía de una administración que prefiere
perder empleos y desarrollo económico antes que permitir que se cuente una
historia de independencia.
No es la
primera vez que Residente enfrenta este muro. Ya ocurrió bajo la administración
de Luis Fortuño, cuando el artista fue vetado de los escenarios públicos tras
criticar el despido masivo de empleados gubernamentales. Aquella censura le
costó años de ausencia en su propia tierra, un dolor que inmortalizó en su tema
"René".
Hoy, la
historia se repite con un matiz más peligroso. Si el gobierno puede decidir qué
películas se filman en la isla basándose en quién es el director o qué
ideología promueve, hemos entrado en una era de represión institucionalizada.
APORTE
ECONÓMICO
El proyecto
ha sido presentado como una gran producción internacional con nombres como
Viggo Mortensen, Javier Bardem y Edward Norton en el elenco, y con la
participación creativa de Alejandro G. Iñárritu y Alex Dinelaris. Hasta ahora,
la discusión pública se ha centrado en los millones que dejarían de invertirse
en Puerto Rico y en los empleos que se generarían fuera, pero insisto en que el
foco no es solo la economía. La pregunta es clara: ¿estamos ante un caso de
censura previa por motivos políticos e ideológicos?
Cuando un
gobierno electo enfrenta una oposición cultural influyente —y particularmente
cuando esa oposición moviliza sectores juveniles y logra avances electorales—
existe el riesgo de que el poder reaccione defensivamente.
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| René Pérez, "Residente", es rapero, artista plástico y cineasta |
La pregunta
no es si un gobierno estadista puede discrepar del independentismo. Por
supuesto que puede. La pregunta es si esa discrepancia puede traducirse en
decisiones institucionales que afecten el ejercicio de la libertad cultural de
un ciudadano por sus ideas políticas.
La prensa se
ha centrado en los empleos perdidos, pero el análisis de fondo debe ser la
salud de nuestra libertad de expresión. ¿Estamos volviendo a la época de las
"carpetas" y el hostigamiento? ¿Es aceptable que el presupuesto
público y las leyes de incentivos se utilicen como un garrote contra los
opositores políticos? ¿Cambiará de postura el liderato de la Corporación de
Cine y el gobierno de González o el apoyo será “de lejitos” como hicieron con
la residencia de Bad Bunny a pesar del dinero que eso generó para la economía?
La partida de
Porto Rico a la República Dominicana es un exilio cultural forzado. Es
la prueba de que, para el gobierno actual, la lealtad partidista pesa más que
el orgullo nacional o el bienestar económico. Puerto Rico pierde una película,
pero lo que es más grave, corre el riesgo de perder el derecho a disentir sin
ser castigado por ello.
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