Por falta de rigor jurídico y fiscalización, el Senado colgó medida que beneficiaría a los suegros de la gobernadora. Firmado por el Presidente Thomas Rivera Schatz.
Caseta en La Parguera
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La controversia de las casetas en La Parguera,
que ha perseguido a la gobernadora Jenniffer González Colón desde el inicio de
su cuatrienio, sufrió hoy un golpe mortal en la Legislatura. La Comisión de
Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado emitió un informe negativo sobre
el Proyecto del Senado 272, una medida de administración que buscaba legalizar
las estructuras privadas enclavadas en la zona marítimo-terrestre de Lajas
mediante un régimen de concesiones. Parte de la controversia se basaba en que
los suegros de la gobernadora tienen casetas ilegales allí.
Con esta determinación, el Senado —presidido por Thomas Rivera Schatz, quien también dirige la comisión y fue quién firmó el informe negativo— cierra la puerta a la regularización de unas 147 estructuras que, según el propio informe, "nunca debieron estar allí".
Conflicto desde el inicio
La controversia no es nueva, pero escaló a
niveles críticos cuando González Colón asumió el poder. Uno de sus primeros
actos fue el nombramiento de Waldemar Quiles como secretario del Departamento
de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En sus primeras 24 horas en el
cargo, Quiles firmó una orden administrativa que pretendía archivar las
querellas de construcciones ilegales en La Parguera, incluyendo la que pesaba
sobre los suegros de la gobernadora, José del Carmen Vargas e Irma Llavona.
Aquel
intento de "borrón y cuenta nueva" fue visto como un craso conflicto
de interés, lo que obligó a Quiles a enmendar la orden tras una intensa
interpelación senatorial. Ante el fracaso administrativo, la Fortaleza apostó a
la vía legislativa con el P. del S. 272, el cual buscaba, primordialmente crear
una "Zona de Planificación Especial Turística" en La Parguera, conceder
licencias de ocupación por un término de 40 años y establecer un cobro de
cánones anuales por el uso de terrenos públicos.
"Falta de Rigor"
El informe negativo, de 22 páginas, es contundente
al señalar que la medida carece de los requisitos mínimos de rigor técnico y
jurídico. Entre los puntos más críticos que llevaron al rechazo de la medida se
encuentran:
·
Autocertificación de la huella: El proyecto
permitía que los mismos ocupantes contrataran ingenieros para definir la
extensión (huella) de sus estructuras, lo que el Senado calificó como un
"conflicto de intereses inherente" e “inaceptable”.
·
Inventario obsoleto: El DRNA
admitió que no tiene un censo actualizado de las casas; el último data de 2013
y fue realizado por vigilantes sin peritaje técnico.
·
Incapacidad de fiscalización: Se constató
que el DRNA no cuenta con drones, sistemas de monitoreo ni personal suficiente
para evitar que los ocupantes sigan ampliando ilegalmente sus propiedades
mientras se tramitaban las licencias.
· Ilegalidad reconocida: Los deponentes del DRNA admitieron bajo juramento que la permanencia de estas casas ha sido producto de una "tolerancia administrativa histórica" y no de un derecho legal.
"El modelo propuesto... crea un riesgo sustancial de legalizar, consolidar y perpetuar ocupaciones y expansiones ilegales en una de las reservas naturales más sensibles de la Isla", lee la conclusión del informe.
Los suegros de la gobernador
Aunque la gobernadora ha insistido en que la medida busca proteger un "paisaje cultural" y generar fondos para la reserva, la sombra de la caseta de sus suegros ha sido el epicentro del debate político, tal y como hemos venido cubriendo EN BLANCO Y NEGRO por los pasados casi tres años. El año pasado, el DRNA confirmó la ilegalidad de construcciones y cortes de mangle en dicha propiedad, e incluso trascendió que agencias federales mantenían una investigación sobre el área.
Con
este informe negativo, el Senado no solo le niega una victoria política a la
Fortaleza, sino que reafirma el mandato constitucional de proteger los bienes
de dominio público sobre los intereses privados, dejando a los propietarios de
La Parguera —incluyendo a la familia de la mandataria— en la misma precariedad
jurídica que han enfrentado por décadas. Queda pendiente un informe en la
Cámara de Representantes, pero al Senado no aprobar éste, la medida se detiene.
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