(Nota: Esta columna fue publicada originalmente en NotiCel el 2 de febrero de 2020, pero en este blog añadimos algunos documentos e imágenes que corroboran lo escrito. https://www.noticel.com/opiniones/blogs/en-blanco-y-negro-con-sandra/cabildero-que-manda-en-salud/1158658900)
Cuando todos entendíamos que la práctica donde
los cabilderos asumen el control de las agencias públicas había terminado,
vemos ahora cómo eso se entroniza en el Departamento de Salud, justo cuando se
cumplen siete meses del arresto federal por esquemas similares del otrora
contratista de esa agencia, Alberto Velázquez Piñol. Según se corrobora en
documentos, fotografías y expresiones públicas recientes, ahora se trata del
contratista y cabildero Roberto González Maldonado.
Y que conste, ser cabildero no es ilegal. Pero
basado en las experiencias recientes, en Puerto Rico parece que esta función de
las relaciones públicas y del derecho se ha convertido en sinónimo de dudas,
señalamientos y corrupción.
Por lo general vienen como asesores, y terminan
mandando como si fueran empleados o jefes. De eso fue lo que se le acusó a
Velázquez Piñol cuando fue arrestado por fraude el año pasado junto a la
exsecretaria de Educación Julia Keleher; la exdirectora de la Administración de
Servicios de Salud (ASES), Angie Ávila; el expresidente de la firma de
contabilidad y consultoría BDO Puerto Rico, Fernando Sherrer; la contratista
Glenda Ponce Mendoza y su hermana Mayra Ponce Mendoza. Todos enfrentan esquemas
de fraude en Educación y en ASES.
Ahora se trata de González Maldonado, una
persona que ha estado funcionando como la supuesta mano derecha del Secretario
de Salud, Dr. Rafael Rodríguez Mercado, con y sin contratos. El 25 de septiembre del 2019 el secretario
circuló un memo entre los empleados de Salud anunciando que González Maldonado fue
designado “como enlace y coordinador de los CDC Public Health Crisis Response
Cooperative Agreements” efectivo el 1ro de octubre.
El memo establecía que con su designación “el
Sr. González Maldonado tiene la autoridad de convocar y coordinar reuniones con
el personal y guiar el proceso de recuperación en salud pública”, además del
“uso adecuado de los recursos humanos y fiscales”. En otras palabras, el
secretario de salud lo puso como el que manda en su agencia.
González Maldonado es un coronel retirado quien
a través de la empresa Academic Sciences of Puerto Rico (ASPR) desde el 2015 tenía interés en que se establecieran más
controles en el negocio local del cannabis. Ahora aparece bajo la empresa
Cornerstone & RAGonzalez & Associates. Pero su vínculo actual con el
secretario de salud lo destapó el destituido exsecretario de la Vivienda,
Fernando Gil Enseñat.
Vamos a los hechos. Hace como 10 días, en sendas
entrevistas que concedió Gil Enseñat al programa de Telemundo Jay y sus Rayos X
y al diario El Nuevo Día tras su destitución, dijo que estaba preocupado e incómodo por la
presencia de este contratista en reuniones en representación del Secretario de
Salud durante sus ausencias. Gil Enseñat
dijo que se quejó con el designado Secretario de Estado, Elmer Román. Román no ha confirmado esta comunicación,
pero en la cuenta oficial de La Fortaleza en Twitter, a las 9:00AM el
martes 14 de enero de 2020, se incluye una foto que confirma la reunión con el
texto: “Encabezados por el secretario de Estado, @Elmer_Roman_PR, jefes de
agencias y representantes del gobierno federal y del @USGS discuten el plan de
acción de hoy, así como progreso en la respuesta a la emergencia.” (https://t.co/IR3HPzKBL7)
González Maldonado no tiene contratos directos
con Salud ya que su salario se le paga a la empresa RA González &
Associates con fondos federales de la Asociación de Oficiales de Salud Estatal
y Territorial (ASTHO por sus siglas en ingles), una organización que trabaja
con los Centros para el Control y prevención de Enfermedades (CDC en inglés). El
monto del contrato es de $120,000. Esos fondos para contratarlo se canalizan a
través del Fideicomiso de Ciencias y Tecnología, pero es el departamento de salud
el que escoge el personal y le asigna las funciones de día a día.
En palabras sencillas, el secretario escogió a
su amigo militar, le pagan a través de su empresa, los fondos no salen de salud
sino del Fideicomiso, pero él tiene poder como líder en Salud. Pregunto yo: ¿no
es este mismo esquema el que se cuestionó a nivel federal en el caso de
Velázquez Piñol?
Además de venir del mundo de la milicia, al
parecer, el secretario y el cabildero tienen una relación desde los tiempos de
Rodríguez Mercado en el Recinto de Ciencias Médicas. La oficina del Contralor
demuestra que entre los años 2011 y 2014 el Recinto le otorgó a González Maldonado
al menos 5 contratos y extensiones ascendientes a $173,000. Desde que entró el gobierno de Ricardo
Rosselló, González Maldonado ha recibido contratos por $50,000 con el Recinto
de Ciencias Médicas y $26,000 con Salud. Y cuando ocurrió el huracán María,
González Maldonado tuvo el mismo acceso que tuvo el cabildero Velázquez Piñol
con permiso del secretario de salud para estar dentro del COE.
Todo esto llama poderosamente la atención
cuando hay tantos cuestionamientos por las funciones, acciones y omisiones del
secretario por el uso de $1.6 millones fondos WIC y Medicaid para comprar
ponchadores; el desvío de $35 a $40 millones del Programa de Servicios para
Personas con Discapacidad Intelectual (PSPDI); la designación en ASES del
activista político y conocido troll en Twitter Jorge E. Galva; y la lentitud
con la que atendió la amenaza del coronavirus diciendo: “La ventaja que tenemos nosotros es que
aquí no se reciben vuelos internacionales de China”.
La pregunta es, ¿por qué el secretario Rodríguez Mercado tiene que
contratar a tantos cabilderos para que funjan como jefes, como si fueran
empleados públicos? Quizás es evidente que su función como cirujano, militar y
profesor universitario tiene prioridad a la de ser secretario.
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