Interboro reacciona a contrato cuestionado con Salud

La compañía Interboro Systems Corp. reaccionó al artículo publicado en este blog En Blanco y Negro con Sandra el pasado jueves sobre el contrato por $1.6 millones entre esa firma y el departamento de Salud.

El artículo titulado “Investigan más desvíos de fondos de Salud” reveló que ese contrato es parte de una investigación más extensa por las autoridades federales sobre las acciones del secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado. Las autoridades investigar informes de que se desviaron fondos estatales y federales de los programas de Medicaid y WIC, entre otras, para la compra de sobre 200 ponchadores para para vigilar el horario laboral los empleados de la agencia.

El contrato por $1.6 millones fue suscrito el pasado 22 de julio de 2019. El contrato se puede leer en la siguiente dirección: https://contratos.ocpr.gov.pr/contract/downloaddocument?documentid=2682111 

En el artículo no se cuestiona a la empresa Interboro Systems Corp., sino al secretario Rodríguez Mercado y los cuestionamientos por el uso de fondos públicos estatales y federales en Salud.

La empresa Interboro envió a este blog las siguientes declaraciones:

“Interboro lleva 50 años en Puerto Rico ofreciendo soluciones para optimizar la administración de recursos humanos. Somos los distribuidores exclusivos de Kronos en la Isla, República Dominicana y el Caribe. Entre nuestros 500 clientes en Puerto Rico se encuentran entidades del sector público así como empresas privadas incluyendo farmacéuticas, hospitales, hoteles, universidades y cadenas de restaurantes, entre otras.

Por más de 30 años hemos ofrecido servicios en el sector público del país. En la actualidad servimos a sobre 70 agencias de gobierno y corporaciones públicas como resultado, en su mayoría, de nuestra participación en procesos de subastas formales a través de las agencias y de la Administración de Servicios Generales la cual maneja subastas y compras. De hecho, en la subasta del Departamento de Salud fuimos una de tres compañías que participaron de la subasta. 

En cuanto a la información sobre el costo de $1,000 por terminal que se pueden adquirir por Internet, los mismos son terminales usados o lo que se conoce como “refurbished” que no poseen garantía ni servicio local. Los terminales biométricos que se adquieren a través de Interboro son nuevos e incluyen instalación, mantenimiento, servicio, garantía y software de tiempo y asistencia que son necesarios para el funcionamiento de los mismos. En el caso de los terminales requeridos en la subasta del Departamento de Salud, se solicitaba garantía por cuatro años tanto en piezas como en labor en la localidad de los mismos. El precio por unidad que Interboro ofrece es el mismo precio fijo para todas las agencias de Gobierno. 

Por último, quisiéramos destacar que la adquisición de un sistema integrado de asistencia y manejo de licencias permite, a través del registro, manejo de datos y el cálculo preciso en cumplimiento de las leyes laborales locales, ahorros millonarios en pagos de licencias y días de vacaciones mal calculados y que actualmente se llevan de manera manual en el Departamento de Salud.  A la misma vez es una ventaja para los empleados pues reciben un cálculo más certero de sus beneficios evitando los errores humanos de manejo de información”.

 

Secretario de Salud Rafael Rodríguez Mercado

Según se publicó en este blog, en la página 16 del contrato entre Interboro y Salud se establece de dónde salen los fondos para el pago del contrato. La oficina de Medicaid proveerá $72,000.00, la oficina de WIC proveerá $288,010.00, la oficina de Cannabis proveerá $400,000.00 y la Oficina de Sustancias Controladas proveerá $400,000.00 para pagar por este contrato. No se supone que se usen fondos federales para otros propósitos, sin el permiso debido.

La firma de ese contrato y la investigación trascendieron a sólo dos días de que el juez presidente del Tribunal Federal en Puerto Rico, Gustavo Gelpí, determinara que Salud es la única culpable del desvío y mal manejo de entre $35 y $40 millones para financiar servicios bajo el Programa de Servicios para Personas con Discapacidad Intelectual (PSPDI). La agencia que dirige Rodríguez Mercado desvió esos fondos para otros usos en la agencia que no fueron especificados y no para las personas con impedimentos que los necesitan.

En una orden de dos páginas emitida el miércoles,4 de diciembre, según publicaron Noticel y otros medios noticiosos, Gelpí puntualizó que no es la Junta de Control Fiscal (JCF) la responsable de que el programa PSPDI no haya sido financiado adecuadamente, como aducía Salud. Esta misma posición la expresó el Departamento de Justicia federal que tiene intervención en el caso debido a que el programa está bajo una sindicatura con un monitor federal. El caso está activo ante el Tribunal Federal desde 1999.