La ley habría tipificado como delito compartir información que el gobierno considera falsa sobre emergencias en Puerto Rico, incluida la pandemia de COVID-19 y los huracanes
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En una importante victoria para la libertad de prensa y la libertad de expresión, la semana pasada el Tribunal Federal de Distrito de EE. UU. accedió a la solicitud de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) de derogar una ley de Puerto Rico que convertía en delito dar a sabiendas una "falsa alarma" sobre emergencias públicas, sosteniendo que “[l]a función de vigilancia del habla nunca es más vital que durante una crisis a gran escala”.
El tribunal dictaminó que la ley violaba la Primera Enmienda porque su amplio alcance creaba un peligro de abuso partidista o aplicación selectiva, lo que permitía al gobierno suprimir o congelar el discurso que contradice su narrativa oficial. “[E]n lugar de criminalizar el discurso”, observó el tribunal, “la Asamblea Legislativa simplemente podría haber requerido que el Gobierno utilizara sus múltiples plataformas de comunicación para presentar una descripción completa y precisa de los hechos” relacionados con las emergencias en Puerto Rico.
“Esta es una victoria histórica para la libertad de prensa”, dijo Brian Hauss, abogado principal del Proyecto de Discurso, Privacidad y Tecnología de la ACLU. “Nos complace que el Tribunal haya reconocido que la transparencia, en lugar de la censura, es la clave para la seguridad pública en una sociedad libre y democrática”.
La ACLU y la ACLU de Puerto Rico argumentaron que la ley de Puerto Rico violaba la Primera y la Decimocuarta Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos porque su terminología imprecisa y su amplio alcance le daban a la gente muy poca orientación sobre qué discurso puede constituir un delito, y el gobierno tenía demasiada discreción para decidir. a quien enjuiciar.
