2 de
junio de 2016
Hon. José ʺConnyʺ Varela
Presidente
Comisión de Gobierno
Cámara de Representantes de Puerto Rico
Aldiaz@camaraderepresentantes.org
Señor Presidente:
Ref.: Ponencia en
torno al Proyecto de la Cámara 2944 para establecer la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública
ʺPara establecer la
política pública de acceso a la información y documentación gubernativa;
ordenar, organizar y pautar lo mecanismos de acceso real; consignar principios
e instrumentos de garantía al acceso; establecer la obligación gubernativa de
informar y de educar sobre el principio y la práctica de la transparencia
gubernativa, el acceso a la información y documentación, y a os mecanismos de
cómo conseguirla; organizar y reglamentar los mecanismos de creación de
expedientes; ordenar la designación de un Oficial de Información Pública; crear
una Junta Administrativa Revisora de controversias sobre violaciones a esta
ley; pautar un procedimiento de Apelación Judicial final a las resoluciones de
esta Junta y para otros finesʺ
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Señor Presidente y señores integrantes de esta
Comisión, comparece ante ustedes Sandra D. Rodríguez Cotto. Vengo a deponer
sobre esta medida por petición de periodistas a favor y en contra a la misma, y
a base de las serias interrogantes y preocupaciones que levanta en mi carácter
personal y laboral.
Soy relacionista profesional, con el número de
licencia #R-389, laboro en este campo
desde el año 2004 y presido mi firma de consultoría, Joy PR, pero muchos me
conocen por mi carrera como periodista en y fuera de este país. Hoy vengo a deponer en calidad de
comunicadora, como relacionista profesional, y como periodista de vocación con
una larga trayectoria. Vengo además como analista de medios de comunicación,
función que llevo haciendo por más de 25 años. Adjunto a esta ponencia encontrará
una descripción de mi experiencia profesional esos campos.
Agradezco a la Comisión y a los legisladores la
oportunidad de comparecer ante esta Comisión de Gobierno para exponer mis
serios reparos, recomendaciones y otros planteamientos en torno a la medida que
crearía la Ley de Transparencia y Acceso a la Documentación y a la Información
Pública (P. de la C. 2944).
I.
Introducción
Para preparar esta ponencia les debo admitir
que he conversado con cuatro abogados, una jueza del Tribunal de Primera
Instancia, otra jueza del Tribunal de Apelaciones, con tres líderes
comunitarios, más de una decena de relacionistas profesionales y con más de 20
periodistas de todas las regiones geográficas de Puerto Rico a los que les he
consultado su parecer y poder así dar
una opinión informada.
Conversé varias veces incluso con mi amigo y
uno de los proponentes de la medida, el periodista Oscar Serrano, quien me
presentó varios de los temas y me contestó preguntas, al igual que otros
miembros del Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. No he
conversado con los presidentes de gremios de periodistas, pero si leí la
ponencia de la Asociación de Relaciones Profesionales de Puerto Rico.
Todas esas gestiones me llevaron a concluir
varias cosas irrefutables:
1. Que la mayoría de los periodistas NO se han leído la medida
propuesta ni todas las ponencias a favor o en contra. Sus expresiones se basan
en comentarios de colegas o en la percepción que se ha generado por los
titulares de los medios que han cubierto el tema. En ese sentido, la opinión
pública que se ha generado no parte de un conocimiento real del tema propuesto.
2. Que NO todos los periodistas se han expresado del tema. Tampoco
se han expresado públicamente ni han
comparecido hasta ahora a las vistas públicas los empresarios mediáticos o los
representantes de la mayoría de los medios o las empresas mediáticas en la
prensa tradicional nacional o regional. Esto hace preguntar a su vez por qué NO le han prestado interés a este
asunto, lo que me obliga a especular si ese silencio responde a su vez al
desconocimiento del tema, a que la prensa en realidad apoya la medida o a si en
verdad la rechazan y no quieren decirlo
públicamente. Cualquiera de esas razones necesitaría una aclaración.
3. Que los relacionistas y otras
profesiones relacionadas al campo de la comunicación no se han expresado sobre
un tema que los afecta directamente. Se necesitaría su insumo en este asunto.
4. Que son pocas las entidades
comunitarias que han participado en la discusión y no se ve una amplia
diversidad de grupos cívicos, religiosos, sindicales o de otras entidades
participando, más allá de las cerca de 30 incluidas en las listas distribuidas
por el Centro de Periodismo Investigativo hasta el momento. Desconozco si ha
habido reunión cumbre de estos sectores
y si las incluidas en la lista en realidad son representativas del
resto.
5. Que también ha sido limitada la
participación en este asunto de la academia, particularmente de los programas
de comunicación y política a nivel universitario. No están todas las
universidades participando y eso merece una explicación.
