El presidente de la Federación de Alcaldes del PNP, Gabriel Hernández, desafía al DRNA en el Peñón Brusi mientras comunidades protestan. Exigen que paralicen construcción ilegal y sin permisos (DOCUMENTOS)

Peñón Brusi
Publicado en Substack con fotos adicionales
CAMUY — Mientras la zona metropolitana
de Puerto Rico lleva días sin agua y los comerciantes ambulantes marcharon por
las calles exigiendo el derecho a trabajar, en la costa norte de la isla un
alcalde con uno de los cargos políticos más influyentes del Partido Nuevo
Progresista continúa construyendo en un área costera protegida — pese a una
orden de paralización emitida por el Departamento de Recursos Naturales y
Ambientales (DRNA) y a un informe ambiental que, según activistas, el gobierno
municipal ocultó deliberadamente para que no saliera a la luz pública.
El escenario es el Balneario Peñón Brusi, en Camuy, una franja costera con manglares, dunas, charcas intermareales y formaciones rocosas protegidas por ley. El alcalde: Gabriel "Gaby" Hernández Rodríguez.
UN ALCALDE CON PODER Y SU PATRÓN DE
CONDUCTA
Hernández Rodríguez no es un alcalde cualquiera.
Preside la Federación de Alcaldes del PNP, la organización que representa a los
primeros ejecutivos municipales del partido de gobierno ante La Fortaleza, y
que en semanas recientes ha sido protagonista de las negociaciones sobre la
reforma de permisos de construcción en Puerto Rico. Es, en otras palabras, la
voz de los municipios ante el mismo sistema regulatorio que hoy lo señala por
incumplimiento.
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| Alcalde de Camuy Gabriel Hernández |
En enero de 2026, Hernández anunció un proyecto de
mejoras al balneario Peñón Brusi valorado en más de $350,000: nuevos drenajes,
aceras, pavimentación, baños, sistema eléctrico y acceso para personas con
diversidad funcional. El argumento fue el de siempre — resolver inundaciones
crónicas, fortalecer el turismo, proteger a los comerciantes. Obras necesarias,
dijo, para una comunidad que lleva años reclamando atención.
Lo que no dijo es que parte de esas obras se
adentraban en la Zona Marítimo-Terrestre, el espacio costero que en Puerto Rico
pertenece al dominio público del Estado y donde cualquier intervención requiere
permisos especiales del DRNA y una evaluación de impacto ambiental. Según
denuncias de las organizaciones comunitarias, esos permisos nunca se
completaron — o se ignoraron.
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| Alcalde de Camuy |
De hecho, según la información investigada, se están ocultando
dos informes técnicos, uno del DRNA y el otro de la Junta de Calidad Ambiental,
que de muestran irregularidades en el proceso de construcción en esa zona
playera. Según la información investigada por EN BLANCO Y NEGRO CON SANDRA, en
el DRNA están ignorando los informes del caso y dilatan en proceso para que el
alcalde termine el proyecto lo antes posible. Es un proyecto para el que no
tienen planos, donde los propios constructores le informan a la comunidad que
se hacen “a ojo” , y en donde el Permiso Único Incidental que tiene la obra, no
concuerda con lo que el municipio está construyendo. La otra pregunta que se
hacen las autoridades es donde esta el permiso de construcción.
Hace un tiempo el DRNA intervino y emitió una orden de
paralización de los trabajos. Sin embargo, las comunidades denuncian que el
municipio siguió construyendo, sin importarle esas advertencias de la agencia reguladora.
También se imputa que no hicieron un deslinde, falta un estudio hidráulico y lo
que espero, que canalizan el agua un cuerpo que pertenece a una reserva natural
sin contar con el permiso del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos.
LA ORDEN QUE NO SE RESPETÓ
No es la primera vez. Antes de esta controversia, el
alcalde intentó celebrar dentro de la Reserva Natural Finca Nolla — que colinda
con el Peñón Brusi y sirve de escudo natural para el sector más pobre y
vulnerable de Camuy — un evento deportivo llamado "Titan Race" como
parte del Camuy Summer Fest. El evento requería excavar en la arena y montar
obstáculos que pondrían en riesgo las dunas, la vegetación, las aves y el
mangle. El DRNA lo prohibió tras la movilización del Grupo Comunitario Campamento
Dunas.
Tampoco es la primera vez que Hernández choca con la
agencia reguladora. En otro episodio reciente, el alcalde y el representante
camuyano Joel Franqui lograron que la Legislatura aprobara un proyecto para
traspasar la titularidad de la Reserva Finca Nolla al municipio. La comunidad
demostró que el municipio había tenido la reserva en total abandono. La
gobernadora vetó el proyecto.
El propio alcalde ha dejado claro cómo ve al DRNA.
Cuando el secretario de la agencia anunció planes para la reapertura del Parque
de las Cavernas del Río Camuy — otro recurso natural en el municipio —
Hernández respondió que el secretario no es quien "establece la política
pública del gobierno". La política pública, dijo, la establece la
gobernadora. El mensaje implícito: las agencias reguladoras son obstáculos
políticos, no autoridades ambientales.
Hubo un incidente cuando tiraron escombros a la playa
y llegó con el director regional y levantaron la paralización. En un video dijo
que llamó al secretario del DRNA, Waldemar Quiles, y trasladaron al vigilante
de la zona.
EL INFORME QUE NO DEBÍA SALIR
Lo que convierte esta controversia en algo
cualitativamente distinto a un conflicto de permisos es lo que las comunidades
afirman tener en sus manos: un informe ambiental que documenta el daño causado
por las construcciones del municipio en la zona costera — y que, según los
grupos que lo poseen, fue ocultado por el gobierno para evitar que la
controversia llegara a los medios.
Si el contenido del informe es verificado, estamos
ante algo que va más allá de un desacato administrativo. Estaríamos ante
evidencia de que una agencia o funcionario público suprimió información de
impacto ambiental sobre una obra pública financiada con fondos públicos, en
terrenos públicos, sobre un recurso natural que pertenece a todos los
puertorriqueños.
EL COSTO DE PERDER LA PLAYA
Peñón Brusi no es solo una playa bonita. Es un
ecosistema costero dinámico con manglares, dunas y charcas intermareales que
funciona como barrera natural ante marejadas e inundaciones para las
comunidades costeras más vulnerables de Camuy. La Reserva Natural Finca Nolla,
que la colinda, es objeto de un proyecto de restauración de dunas a cargo de la
Universidad de Puerto Rico en Aguadilla — precisamente para reconstruir la
protección natural que en décadas de descuido se fue perdiendo.
Verter cemento en esa zona, alterar el flujo de las
escorrentías naturales y construir estructuras permanentes en la Zona
Marítimo-Terrestre no solo viola la ley. Según los científicos que estudian la
erosión costera puertorriqueña, acelera la pérdida de arena, desestabiliza el
ecosistema y convierte la infraestructura misma en un detonante de mayor
destrucción cuando lleguen los próximos huracanes.
Puerto Rico ya sabe lo que cuesta ignorar ese tipo de
advertencias.









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