Juez Francisco Besosa ordenó que 12 capitanes vuelvan a tomar exámenes de rango a los que fueron ascendidos después de colgarse; encuentra en desacato al gobierno
Degradados. En una tajante
decisión emitida hoy, el juez federal Francisco Besosa degradó a 12 capitanes
de la Policía de Puerto Rico al puesto de teniente porque fueron ascendidos violando
el proceso de ley. En el 2015 habían tomado un examen de asenso y se colgaron,
por lo que los obligó a volver al rango original y a repetir el examen.
Los 12 tenientes degradados que ocupaban ilegalmente el puesto de capitán son: Olvin Aulet-Maldonado, Héctor Natal-Santiago, Edgardo González Feliciano, Mary Bell Maldonado Ortiz, Luis López López, Luis A. García Castro, Miguel González Rodríguez, Joaquín De la Cruz Santiago, Rosa M. Sánchez-Ortiz, Javier Requena-Mercado, Blanca Pérez Colón y Edgar Sánchez Caro.
La orden de 11 páginas determina que la Policía está en desacato civil ya que viola los requisitos 16 y 17 del acuerdo.
Estos puntos establecen que la Policía de Puerto Rico deberá garantizar que el proceso de selección de supervisores “sea legal, justo y coherente con las prácticas policiales generalmente aceptadas y las leyes contra la discriminación”. También dice que la Policía deberá desarrollar criterios de selección objetivos para garantizar que los ascensos se basen en conocimientos, destrezas y habilidades que se requieren para desempeñar con éxito las tareas de supervisión y gestión en el tribunal.
También estipula que la Policía deberá brindar orientación sobre los criterios de promoción y priorizar una actuación policial eficaz, ética y orientada a la comunidad como criterio para la promoción. Estos criterios deben tener en cuenta la experiencia, la protección de los derechos civiles y la disciplina, el historial de capacitación y habilidades.
En el punto 17 del acuerdo, el juez determina que la Policía utilizará exámenes escritos competitivos como componente del proceso de selección para otorgar ascensos en todo el rango de Capitán. “Los exámenes de promoción escritos se ajustarán a los estándares profesionales generalmente aceptados para la validez y seguridad de las pruebas, y estarán diseñados para evaluar las calificaciones relacionadas con el trabajo de manera consistente con las necesidades comerciales”, indica. También dice que la Policía desarrollará estos exámenes basándose en prácticas policiales generalmente aceptadas y en cumplimiento de las leyes contra el discrimen.
El juez Besosa es quien supervisa el acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y el de Estados Unidos para reformar el Negociado de la Policía, mejor conocido como la reforma,
Este caso se basa en una serie
de apelaciones que los tenientes radicaron ante la Comisión Apelativa del
Servicio Público, en las que trataron de conciliar los requisitos que no aprobaron
en los exámenes. La reclamación también incluía aumentos en la compensación salarial
que consiguieron con el asenso a capitán.
“Al otorgar puntos a 12 tenientes para ascender al rango de capitán de manera arbitraria, caprichosa o discriminatoria, los demandados violaron el decreto por consentimiento, obstaculizaron la selección de candidatos calificados y socavaron la confianza en los ascensos actuales y futuros en todos los niveles”, establece la orden judicial.
Besosa ordenó a los tenientes a tomar un adiestramiento de sobre 80 horas. El curso normal para el ascenso a capitán es de 40 horas. También ordenó que el gobierno presente un plan de capacitación y evaluaciones anuales de desempeño de esos capitanes, que deberán reportar al Monitor federal de la Reforma de la Policía, John J. Romero.
El gobierno también presentará informes trimestrales que incluyan todos los nuevos recursos relacionados con los ascensos de la Policía hasta el grado de capitán, incluyendo el nombre del oficial y la fecha en que se presentó el recurso.
La reforma de la Policía data del año 2008 a raíz de una serie de denuncias por patrones de abusos y violaciones de derechos civiles cometidos por los agentes. El caso que precipitó esa reforma fue provocado por el hoy senador del Partido Nuevo Progresista, Gregorio Matías.
Para agosto del 2006 el ciudadano dominicano Ignacio Santos Rosario llegó hasta el bar Los Cristales en Río Piedras, donde se encontró a un agente de la Policía que vociferaba comentarios racistas y xenófobos contra la comunidad dominicana. Santos Rosario le pidió respeto al agente, que resultó ser Matías y quien estaba fuera de servicio. Esto provocó que Matías se encolerizara, llamó a una patrulla y desenfundó su arma de reglamento.
Para evitar problemas, Santos Rosario decidió salir del lugar, pero Matías empezó a perseguirlo, le disparó varias veces, haciendo que cayera al piso. En ese momento llegaron otros policías y entre todos apalearon al dominicano. El ciudadano demandó al gobierno por $3.5 millones y terminó en una transacción confidencial. Matías hoy es senador PNP.
A partir de la reforma se han multiplicado las denuncias de abusos cometidos
por agentes de la Policia, muchos de los cuales han sido denunciados por organizaciones
civiles como Kilómetro 0.
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