“Si bien es cierto que la Prensa tiene la obligación de ser cuidadosa y responsable en su trabajo, no es menos cierto que esto no le da patente de corso a la dirección de la Uniformada para imponer esta censura”
Esta es una escena real: Mataron a un oficial de la Policía. Una reportera va a la escena, recoge los datos y entrevista a los investigadores. Antes de difundir su reportaje por televisión decide volver a preguntarle a uno de los policías algún dato de la vida o de la trayectoria de ese oficial fallecido para que el País se entere de su brillante carrera en la Uniformada. La respuesta: “No te podemos decir nada porque hay órdenes de que no se hable con la Prensa”.
Otra escena real: Un reportero se entera que en el más reciente asesinato de dos jóvenes hubo más de tres personas implicadas. Tiene la evidencia y está presto a publicarla en el rotativo pero opta por volver a preguntarle al oficial a cargo y este le responde “Hay órdenes que no se le puede hablar a los periodistas. Vienen de arriba”. El periodista insiste que el País tiene derecho a saber quiénes estuvieron detrás de esas muertes, pero el oficial se niega y repite: “No se puede hablar a la Prensa”, y dice por lo bajo “Nos sancionan si les hablamos”.
¿Qué es eso? ¿Con qué derecho se impone una mordaza de tal magnitud en la Policía? ¿Cuál es régimen de terror impuesto a los policías? ¿Quién le da autoridad a los funcionarios públicos, que trabajan y reciben sueldo de las contribuciones que todos pagamos, para sencillamente, callarse la boca y negarse a decir lo que pasa? ¿Cuál es el miedo a que la gente se entere?
Y esta ecuación se está dando cada día más fuerte en la Policía de Puerto Rico a manos maquiavélicas del superintendente Héctor Pesquera y una ayudante, la directora de comunicaciones Michelle Franco, que demuestra no solo su ineptitud sino un grado de falta de respeto al País. Es así de simple. Ineptitud + control = mordaza en la Policía.
Ambos funcionarios han establecido una dictadura en la que se niegan a rendir información y cuentas al País por medio de sus interlocutores, que son los periodistas.
Franco le falta el respeto al País al negarse a dar información y al dilatar los procesos, lo que demuestra su falta de conocimiento del trabajo del periodista. En cuanto a Pesquera, que no se crea que su silencio va a aminorar a la Prensa. No. Los periodistas seguirán fiscalizándolo, y preguntando el oneroso contrato que tiene con el Gobierno y que se renueva mes a mes. Ese ‘contratito’ nos cuesta a todos $283,100 anuales.
Si bien es cierto que la Prensa tiene la obligación de ser cuidadosa y responsable en su trabajo, y de no afectar investigaciones especialmente aquellas de naturaleza criminal, no es menos cierto que esto no le da patente de corso a la dirección de la Uniformada para imponer esta censura.
Hay que recordar que estas mordazas no son exclusivas de este Gobierno ni de la Policía. Ha ocurrido con todos y cada uno de los anteriores gobernadores comenzando con Muñoz. Se tienen que combatir con vehemencia, pero hoy más que nunca, porque el acceso a la información es más democrático gracias a las nuevas tecnologías. Por eso como país todos tenemos que aplaudir lo que hicieron los periodistas el fin de semana durante la asamblea de la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO) en la que aprobaron varias resoluciones a favor de la libertad de Prensa y el mejor ejercicio del periodismo.
Exijamos todos al gobernador Alejandro García Padilla y a cualquiera que ostente el poder a que nunca olvide que se deben al País y que no pueden coartar el derecho a la libertad de Prensa porque con eso afectan a todos. No es a los periodistas, es al País.
Esta columna fue publicada el 7 de agosto de 2013 - http://www.vocero.com/ineptitud-control-mordaza-en-la-policia/
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