El Consenso Manufacturado en Puerto Rico: Propaganda, poder y censura encubierta

Publicado en Subatack

En Puerto Rico, cuando se habla del Partido Nuevo Progresista (PNP), no siempre se está hablando de un partido político en el sentido tradicional. Tampoco se habla, necesariamente, del ideal de estadidad.

Lo que muchos llaman “PNP” es, en realidad, un entramado de intereses económicos, contratistas, operadores políticos y comunicadores que han capturado al gobierno y lo utilizan como plataforma para enriquecerse y perpetuarse en el poder. Esta red, que se arropa con la bandera de la estadidad, instrumentaliza la ideología para movilizar emociones, dividir al país y, sobre todo, justificar el uso partidista de los fondos públicos.

La estadidad, más que un proyecto político coherente, se ha convertido en una herramienta de propaganda que permite a esta élite mantenerse blindada ante el escrutinio. Prometen igualdad y prosperidad, pero lo que realmente entregan es dependencia, contratos amañados, y una administración pública secuestrada por la lealtad partidista. En ese contexto, el discurso político no busca educar o convencer: busca manipular, distraer y desinformar. Aquí es donde entra el concepto de Consenso Manufacturado.

Cuando Walter Lippmann acuñó el término “manufactura del consentimiento”, lo hizo para describir cómo las élites moldean la opinión pública en sociedades democráticas. Décadas después, Noam Chomsky y Edward Herman lo desarrollaron en su crítica del rol que juegan los medios en la reproducción del poder, no mediante la censura directa, sino a través de filtros ideológicos, intereses económicos y propaganda sutil. En Puerto Rico, este fenómeno no es una teoría académica lejana: es una realidad palpable en la forma en que sectores del Partido Nuevo Progresista (PNP) manipulan el discurso público.

En lugar de un debate democrático abierto, lo que predomina es un ecosistema donde la lealtad al ideal estadista y al partido se vuelve sinónimo de “puertorriqueñidad moderna”, mientras que cualquier visión alternativa—sea soberanista, independentista o crítica del status quo colonial—es marginada, ridiculizada o acusada de antipatriótica. Esto no ocurre por accidente, sino por diseño.

La maquinaria propagandística del PNP, financiada directa e indirectamente con fondos públicos y privados afines, se extiende desde campañas políticas hasta la programación mediática y la contratación de figuras influyentes que refuerzan su narrativa. Este aparato no solo promueve su visión, sino que sistemáticamente deslegitima a la oposición, a la prensa independiente y a cualquier voz que cuestione la dirección política del país. Aquí es donde el concepto de consenso manufacturado cobra vida: la ciudadanía no está decidiendo libremente, sino reaccionando a una versión fabricada de la realidad.

Lo más preocupante no es la propaganda en sí, sino cómo ha generado una clase política y social que se comporta como censores voluntarios. Desde figuras mediáticas hasta funcionarios públicos, muchos actúan como defensores del dogma partidista, atacando en redes, minimizando investigaciones críticas y cerrando espacios de discusión plural. El resultado es un ambiente donde la discrepancia se penaliza y el conformismo se recompensa.

Puerto Rico necesita recuperar su capacidad de pensar críticamente, de disentir sin miedo y de imaginar un futuro más allá de los márgenes del discurso impuesto. No hay democracia real sin una prensa libre, sin diversidad de pensamiento, y sin ciudadanos que rechacen el papel de espectadores pasivos ante la manipulación.