The Albizu Protocol

Un documento que dejó el líder nacionalista don Pedro Albizu Campos hace 58 años ha estado circulando en 535 oficinas del Congreso y es lo que analizan los estadounidenses para atender el estatus de Puerto Rico (DOCUMENTOS)

Columna publicada originalmente en !Ey! Boricua y en Substack

Aquí nadie lo dice, pero sí está pasando en Washington. Se corrobora con los comentarios que hace el gobernador Pedro Pierluisi y los eventos recientes. The Albizu Protocol ya está teniendo efecto.

Corroboramos mediante conversaciones con ayudantes congresionales y abogados en Washington y Nueva York a lo largo de esta semana, que en la Cámara de Representantes y el Senado de los Estados Unidos ha estado circulando un informe tipo “white paper” que se basa en las ideas del líder nacionalista puertorriqueño don Pedro Albizu Campos para resolver el estatus colonial de Puerto Rico. El documento en inglés de tan sólo tres páginas ha estado circulando activamente estos días en las 535 oficinas del Senado y la Cámara federal, y los políticos ya están preguntando a los locales.

De hecho, es sabido que los empleados del gobierno local y los líderes estadistas se enloquecen cada vez que van a una reunión o cuando impulsan el proyecto de anexión, entonces los oficiales del gobierno federal o congresistas les responden con emails o preguntas directas como: “How many support assimilation, integration and acculturation of Puerto Ricans?” (¿Cuántos apoyan la asimilación, integración y aculturación de los puertorriqueños?)

Por eso, la comidilla en Washington esta semana y que en Puerto Rico casi nadie se percató de su impacto, que fue el comentario del gobernador Pierluisi cuando dijo que descartaba un Puerto Rico como estado 51 que funcione en inglés como idioma común del gobierno, las escuelas y los tribunales. “No lo veo factible ahora, ni lo veo factible en el futuro inmediato. No lo veo necesario. Para cambiar (el sistema gubernamental) al inglés habría que mejorar la enseñanza del inglés sustancialmente”, dijo el gobernador.

Entonces, ¿cómo se explica lo que está pasando, que un documento de una persona que falleció hace 58 años esté teniendo tanto impacto entre los americanos en el 2023?

Sencillo. Los estadounidenses buscan una salida digna y viable. Por eso ahora están prestándole atención a lo que decía el líder nacionalista que tanto persiguieron hace casi 60 años para resolver el problema.

THE ALBIZU PROTOCOL

El documento se basa en que cuando Puerto Rico pasó a ser colonia de los Estados Unidos en el Tratado de París del 1898, no se tomó en cuenta el sentir de los puertorriqueños. Como decía Albizu Campos, eso era una violación del derecho internacional y de los principios fundamentales de la libre determinación.

Por eso Albizu Campos pidió que se celebrara una conferencia internacional en San Juan para discutir el estatus político de la isla y determinar un curso de acción para el futuro. El protocolo también convocó a la participación de representantes de los Estados Unidos, Latinoamérica y Europa, así como representantes de Puerto Rico.

Exigía concretamente celebrar una conferencia internacional sobre el estatus político de Puerto Rico; que se permitiera que los puertorriqueños que viven en Puerto Rico y en otros lugares voten sobre sus estatus; que se respetara el resultado de la votación; que se garantice un proceso justo y equitativo; y que se vele por el bienestar del pueblo puertorriqueño, protegiendo sus derechos e intereses.

El resumen de estos pedidos que hizo el líder nacionalista hace medio siglo, ahora lo evalúan seriamente los congresistas, según se confirmó.

PERO, ¿POR QUÉ AHORA?

Según las fuentes consultadas, sucede porque no hay coincidencias.  Si miramos lo que pasa hoy, en mayo de 2023. No hay gobernadores militares ni impuestos por los Estados Unidos como en las primeras décadas del siglo pasado, pero ahora, más que nunca, el gobierno federal lo controla todo ante la mediocridad y corrupción rampante de los gobiernos locales.

Hay sindicaturas en la Policía con un Monitor Federal para intentar controlar el abuso policíaco y le acaban de nombrar un síndico para que maneje las finanzas de Seguridad Pública. Hay control directo del gobierno federal en el Departamento de Educación, en los fondos CDBGR de Vivienda vía FEMA y en las cárceles. Y esta semana hubo el operativo federal encabezado por el jefe de fiscales Stephen Muldrow con los arrestos de dos criminales ambientales en la Reserva Nacional de Investigación Estuarina de Bahía de Jobos.

Allí Muldrow también anunció la creación de un “task force” (grupo de trabajo) para investigar y procesar delitos ambientales en Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. ¿Quién fue el gran ausente? El gobierno estatal. Mientras los federales anunciaban ese “take over” de lo que se supone haga el gobierno estatal, el secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, estaba escondido y la secretaria de Recursos Naturales, Anaís Rodríguez, hablaba de la elefanta Mundi.

Como si todo eso fuera poco, ese mismo día el Tribunal Supremo de los Estados Unidos dio otro cantazo colonial declarando que la Junta de Control Fiscal tiene “inmunidad soberana”. O sea, hacen y deshacen y no tienen que rendir cuentas en un reclamo de acceso a información que hizo el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). Las consecuencias de esta decisión son perversas para el pueblo de Puerto Rico porque, como dijeron, el Supremo federal pisotea el derecho de acceso a la información de los puertorriqueños.

La pregunta es ¿hasta cuándo esto se va a permitir? La respuesta quizá yace en cuánto le duela en los bolsillos del americano, y por ahí también hay algo.

Hace varias semanas en el Congreso han estado cuestionado el que se pierden sobre $1,000 millones (1 billón de dólares) en impuestos porque empresarios de la Ley 60 (ley 22) siguen corriendo a quedarse con Puerto Rico a través del paraíso fiscal que creó Luis Fortuño y han mantenido los demás gobernadores. Huyen a Puerto Rico para no pagar taxes federales.

Mientras, puertorriqueños en la diáspora han estado cabildeando en contra de esta ley 60 y hace dos semanas iniciaron la campaña de multimedios “Losing Puerto Rico” contra "criptocolonizadores", para que el Congreso elimine los beneficios del Código de Incentivos. 

Queda en el tintero saber ¿cuán efectivos están siendo quienes no quieren la estadidad versus los esfuerzos y el gasto multimillonario de cabilderos y políticos estadistas? Y la gran pregunta es: ¿Ganará la dignidad o vencerán los que quieren un Puerto Rico sin puertorriqueños?

Pero dice mucho que 58 años después de la muerte de don Pedro Albizu Campos, la dignidad con la que vivió y habló el patriota nacionalista, finalmente está siendo escuchada por los colonizadores.